El abogado José María Garzón ha presentado hoy su libro ‘La prueba del ADN en el proceso penal’ en el salón del restaurante japonés Luxury. Es el resultado de una tesis doctoral codirigida por Vicente Gimeno Sendra, Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional y Nicolás Marchal, Doctor en Derecho con el apoyo de la Presidenta de la editorial Wolters Kluwer, Rosalina Díaz Valcárcel.

Se trata de un libro imprescindible para los profesionales implicados en el proceso penal puesto que permite comprender la cuestión del ADN en la jurisdicción española tras las ultimas reformas operadoras. El uso del ADN, junto a la geolocalización y las videograbaciones, tanto en zonas públicas como privadas, han revolucionado el mundo de la investigación criminal. Este libro trata de recoger las lagunas legales existentes en el proceso de recogida y procesamiento de las pruebas de ADN durante las investigaciones criminales.

José María Garzón al que han preferido denominar ‘el Doctor Garzón’ durante la presentación de su libro es licenciado en Derecho y, además está titulado para ejercer de graduado social, criminólogo, perito calígrafo e investigador privado.

En una entrevista publicada en El Confilegal, Garzón explica los motivos que le llevaron a realizar este trabajo. Desde su punto de vista, existen muchas ambigüedades con respecto al uso de ADN en las investigaciones criminales. “No está claro si los menores pueden someterse o no a una prueba de ADN. De acuerdo con la jurisprudencia, el menor sí podría si tiene la madurez suficiente. Sin embargo, el padre no tiene capacidad para emitir una autorización para ello, lo que supone una incongruencia”.

“Tampoco está claro cuando se extingue la inscripción de dichos antecedentes en la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. No ha sido regulado, como en el caso de los antecedentes penales. Habría que solicitarlo y que un juez dictara un autorización. Desde mi punto de vista, para su supresión, el sistema tendría que operar de forma automática. Si una persona es absuelta, no tiene sentido que su ADN permanezca en esa base”, añade Garzón.

En este volumen se identifican, señalan y explican las lagunas legales que todavía existen en el proceso de recogida y procesamiento de dichas pruebas durante las investigaciones criminales. También aborda asuntos tan relevantes como la extinción de la inscripción de los antecedentes, la base de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ADN y si es obligatorio o no compartir dichos antecedentes con Europol.

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