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Preguntas a la Judicatura y gobierno de España

Manel Mas
Manel Mas
Estudié contabilidad y economía, fui perito y profesor mercantil, ejercí de profesor en Alesco (Altos Estudios Comerciales) en Barcelona dando clases de contabilidad, cálculo y derecho mercantil.
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análisis

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Con poca diferencia en el tiempo se han sucedido una serie de noticias que me han hecho pensar en la situación actual que se vive en España; no me refiero a la pandemia que, ya de por si es la peor de las noticias, sino a la política y la justicia.

Política y corrupción has sido los titulares más repetidos en los medios de comunicación, el Rey emérito, su salida de España y, el caso de Martin Villa, junto a las adhesiones que ambos han recibido eran las noticias que habrían los noticiarios en televisión

De la corrupción ya expresé mi opinión en anteriores artículos y hoy no insistiré en ello. Ahora han aparecido otras noticias que ocupan a entrevistadores y grupos de opinión sobre el tema del indulto o amnistía a favor de los políticos catalanes actualmente en prisión o el exilio. 

De acuerdo con el planteamiento inicial, quisiera hacer una reflexión sobre el tema planteando una serie de preguntas de las que me gustaría obtener respuestas. Estas son:

1/ ¿Quieren la justicia española y el gobierno solucionar el problema catalán o empeorarlo?

2/ ¿Se ha encontrado, por fin, donde se encontraba la sedición condenatoria del Procés? Si condenaron por sedición a dos activistas sociales que disolvieron una manifestación, no se entiende que algunos miembros del tribunal sean jueces y menos aún del Supremo.

3/ ¿Era normal que en la Junta Electoral Central hubieran magistrados de aquel juicio?

4/ ¿Tiene la JEC potestad para prohibir y sancionar económicamente a Quim Torra? La pregunta viene al caso por solo 500 euros de sanción a Pedro Sánchez por una entrevista en Moncloa en periodo electoral

5/ ¿Es normal la presencia de jueces del procés en el tribunal que ahora le juzga y que puedan llegar a inhabilitarlo por 18 meses?

6/ ¿Es verdad, según la prensa, que la sentencia ya está tomada/decidida?

Un juez del Supremo, ya jubilado, ha manifestado que se trata de una aberración.

7/ ¿Hay alguien, dentro de la judicatura o del gobierno, interesado a resolver el problema?

8/ ¿Contra la Independencia pueden, la justicia o el gobierno, actuar al margen de la ley?

9/ ¿No es vergonzoso acudir a la justicia argentina porque la española no atiende al personal de su propio país?

10/ ¿Fue lógico que el Tribunal Constitucional anulara diversos artículos del Estatuto Catalán, que son legales y vigentes (?) en los de Andalucía y Valencia? ¿Son conscientes, jueces y gobierno que tal decisión fue el inicio del actual contencioso?

11/ ¿Existe, realmente, la separación de poderes en el estado español?

12/ ¿Si la respuesta es afirmativa, porque se ha judicializado tanto la política en España?

13/ ¿Entienden ustedes, jueces y gobernantes, viendo lo que hay, que los españoles en general i  catalanes en particular, duden, con cierta razón, de su existencia?

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4 COMENTARIOS

  1. El conjunto de las preguntas es pura demagogia barata pero la número 9/ parece un chiste.

    «9/ ¿No es vergonzoso acudir a la justicia argentina porque la española no atiende al personal de su propio país?»

    Poner a la «justicia argentina» o a Argentina como ejemplo es un chiste de los malos. Poner de ejemplo a un país que esta en el puesto 46 de las democracias del mundo y en el 51 de funcionamiento de la justicia, y compararlo con España que ocupa el puesto 19 en democracia y el 24 en funcionamiento de la justicia es un chiste sin gracia.

    Bueno más que un chiste es la manipulación informativa de siempre.

  2. El Sr. Mas lo que intenta decir en sus preguntas es que:
    La democracia española no consiste en una, más o menos bella y armónica estructura literaria de los equilibrios y contrapesos, entre los tres poderes del Estado. Su esencia radica fundamentalmente en el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, que constituyen el núcleo duro de la Constitución, integrados también ahora por los derechos económicos, sociales y culturales. Todo ello sin perjuicio de reconocer que en todos los países pueda haber excesos del poder, leyes injustas o por lo menos anómalas, o sentencias y resoluciones con notorio desprecio de los valores y principios que constituyen el sostén de la democracia.

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