El Partido Popular ha registrado, en el Congreso de los Diputados, una proposición de Ley en la cual reforma el Consejo General del Poder Judicial, incluyendo la elección de 12 de los vocales, los denominados “de extracción judicial”, por los jueces y magistrados. Los otros ocho candidatos seguirían siendo designados por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. El Partido Popular dice que, de esa manera, cumple con el mandato de la Comisión Europea que exige a España que “acometa una reforma del sistema de elección de los jueces”. Pero lo que se olvidan los conservadores es que la CE también ordena que se renueve el actual CGPJ, algo a lo que Feijoo se niega, dice, “para proteger a la Justicia” de Sánchez.
Lo primero que llama la atención es que la proposición del PP deja en manos del Congreso y del Senado una significativa mayoría de la elección. Más o menos como hasta ahora. Lo único que cambia es que se exigirán ciertos años de experiencia. No solo para cubrir las vocalías del órgano de gobierno de los jueces sino también para los tribunales superiores de justicia, –15 años de experiencia–, y Tribunal Supremo – 20 años-. Por lo demás, el sistema de elección no impide que el CGPJ siga en manos de los políticos, ya que no se dice, en ningún momento, que los grupos parlamentarios no sean los que deciden en ultima instancia. De hecho, esta proposición de Ley es idéntica a la que el PP prometió en la campaña electoral de 2011, cuando Mariano Rajoy se presentó como candidato a la presidencia. Una propuesta, por cierto, que, teniendo la mayoría absoluta para haberla puesto en marcha, jamás cumplió.
La novedad que incluye en la proposición es la obligatoriedad de no haber ejercido durante los últimos cinco años algún cargo público. El Partido Popular quiere, con ello, “garantizar la independencia de los jueces” respecto al poder político. Lo que los juristas dudan es de la eficacia de esa propuesta ya que existen otros requisitos que no se nombran, como, por ejemplo, no haber sido cargo o haber asesorado a un partido político o sindicato, por poner un ejemplo. Entonces, se quedarían fuera personas como Enrique Arnaldo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, o el anterior presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Este último con mayor motivo porque fue director general de Justicia en un gobierno de José María Aznar.
Los “doce candidatos” serían propuestos por sus asociaciones profesionales. De todos es conocido que las dos grandes asociaciones, la APM y la Francisco de Vitoria son de mayoría conservadora. Por lo tanto, la “lista” que se presentaría al congreso y Senado tendría un sesgo poco independiente. La Justicia seguiría en manos de los que la han ostentado hasta ahora: la derecha.
Además, habría que ver si la norma del PP es constitucional. El TC dictó una sentencia, en 1986, en la que avala el actual sistema de designación. No se sabe muy bien si el todavía vigente es compatible con el que quiere el Partido Popular.
Y, por último, lo más importante es lo que dice el PSOE. Que antes de entrar en el fondo de la cuestión que es lo que pretenden los populares, lo que habría que hacer es proceder a la renovación del actual Consejo, que lleva, ya, cuatro años “en funciones”. Si el PP quiere resolver la actual situación, lo que debe de hacer es cumplir, primero, la Constitución y acordar con el PSOE esta renovación dejando de poner excusas peregrinas como que lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es “interferir en la Justicia” porque ha suprimido el delito de sedición, un tema que en Europa está más que superado.
Porque lo que ha hecho el Gobierno progresista no es otra cosa que adecuar el Código Penal a lo que se configura en los de los países de nuestro entorno. El término sedición apenas tiene cabida en las normativas de los países de la Unión Europea donde esta figura ha sido sustituida por la desordenes públicos o rebelión. Sostener que en España se está haciendo lo que se hizo en Polonia o en Hungría no deja de ser más que otra de las muchas de las falacias que en materia de justicia sostienen las derechas de este país.
Y en el colmo del cinismo, el PP, apela, en sus últimas comunicaciones propagandistas a propósito del fallecimiento de Nicolás Redondo, a la negociación que representó; mientras la pisotean y la denigran desde el CGPJ al TC, pasando por esa campaña de deslegitimación del Gobierno y Sánchez, que, más allá de sus muchos defectos, no es más que una delirante argumentación política que busca destruir los canales lógicos de la misma, que se construye sobre debate y la argumentación, para sustituirla, precisamente, por un llamada a la compulsividad y el odio.
Nada nuevo en la derecha que repite los mismos métodos que empleo siempre para frenar los avances de la democracia desde la restauración y que, como vemos, no habíamos superado, como parecía, a través de una Transición en la que sus antecesores se opusieron a la misma y a la Constitución, que terminaron por aceptar entre dientes.
Muy buen post coincido con su análisis Ec.pero falta reseñar que en mi pais hay mucha lana pero mucha lana, por no decir ignoracia dan pena les robzn les miente y encima los votan y esta utima reseña es para esos que se llaman democraticos ( bancos =medios de comunicacion fascistas )dan verdadero asco y como dijo el gallego lo dejo atado y bien atado.viva l’aproximació III Republica.