Andrés Perelló (Buñol, 1957) forma parte de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Es el Secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE. Aceptó la propuesta del Secretario General con una condición, bueno, en realidad dos: poder abordar las modificaciones y propuestas necesarias en materia de Laicidad y Memoria Histórica.
A Perelló se le conoce por su gran capacidad oratoria, se expresa con soltura y, aunque sus palabras corren raudas (tanto que a veces es difícil seguirle, según cuentan), suele hacer gala de una mente que razona de forma brillante. Ha formado parte durante prácticamente toda su carrera política de la corriente que fuera considerada “crítica”, Izquierda Socialista, junto a figuras fundamentales como Vicent Garcés. Ambos del País Valenciano y defensores de los valores y principios del socialismo. Si alguien podía representar el eslogan que el PSOE decidió usar durante la campaña de Sánchez (“Somos la Izquierda”) ése era Perelló.
Hoy, meses después de su nombramiento en la ejecutiva federal, pone sobre la mesa la primera de sus encomiendas: modificar para mejorar la Ley de Memoria Histórica que abanderase ya, hace casi diez años, Rodríguez Zapatero.
¿Ya es tiempo de reformar la Ley que puso en marcha el propio PSOE cuando gobernó por última vez?
Es una buena ley, no nos engañemos. Pero tiene grietas que hemos podido comprobar durante estos diez últimos años. Sobre todo un error principal que cometimos cuando fue aprobada: pensar que los gobiernos serían decentes y aplicarían esta ley con buena fe. Jamás se nos ocurrió pensar que pudieran intentar usar cualquier excusa para arrinconarla y tratar de desacreditarla. Pero es que PP no ha sido decente, pues cerrando el grifo de las subvenciones ha bloqueado la aplicación de una de las cuestiones más importantes de esta Ley: la exhumación de cadáveres. Ante la evidencia hemos tenido que ponernos manos a la obra y tratar de revertir esta tremenda injusticia.
El PSOE abriendo zanjas, que según Pablo Casado eso no está de moda… ¿Pretenden así sentar ante el banquillo a los culpables de tantos asesinatos y desapariciones, por fin?
Los crímenes se van a juzgar como crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Es imprescindible investigar, aportar luz sobre lo sucedido y, aunque en algunos casos los asesinos y sus colaboradores ya hayan fallecido, a las víctimas hay que darles muchas explicaciones. Es una cuestión de Estado. Aunque algunos piensen que la Ley de Amnistía todo lo puede.
¿Ha servido la Ley de Amnistia de 1977 como cheque en blanco para tapar los graves delitos cometidos durante la dictadura franquista?
La Ley de Amnistía fue un instrumento válido para hacer posible una transición pacífica y poder establecer los pilares de una democracia. Pero no hay que olvidar que el pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención de Derechos Humanos es anterior a ella. Los crímenes de lesa humanidad y genocidio son imprescriptibles e inamnistiables. Y por eso es necesario abordar esta cuestión con firmeza. Con las propuestas que presentamos ahora ante el Congreso sellamos las fisuras de la ley en materias concretas que aún no habían sido abordadas, y por otro, atendemos las demandas que las víctimas han estado exigiendo.
¿Abordarán, por fin, la cuestión de los bienes patrimoniales que fueron robados durante la guerra y la dictadura?
Proponemos la creación de un registro de daños materiales que se hayan producido, como por ejemplo fueron la sustracción de bienes, para que así se permita (previa demanda y demostración pertinente) el resarcimiento. Durante el franquismo, a través de un decreto, se sobreseyeron el 70% de las sanciones económicas a los rojos y republicanos, pero este es un asunto que precisa ser estudiado en profundidad. Contamos para poder empezar con los expedientes que obran en manos del Banco de España, y son una fuente muy valiosa de información.
Llega el tiempo, pues de intentar poner algunas verdades sobre la mesa.
Sí, por eso proponemos también la creación de la Comisión de la Verdad, siguiendo así las propias directrices de Naciones Unidas al respecto. También, en este sentido, poner en marcha la Dirección General para el seguimiento de las fosas y la exhumación de cadáveres. Entendemos que lo sucedido durante la dictadura franquista es responsabilidad del Estado, y precisamente el Estado debe promover todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido, proceder a sentenciar a los culpables y reparar en la medida de lo posible el daño de las víctimas.
También habláis Del Valle de los Caídos, con la salida de Franco incluida…
Porque no tuvo ningún mérito y no merece estar en ningún memorial. Murió en la cama. Habrá que llamar a la familia para entregárselo.
Y todas las personas que yacen allí, ¿podrán también acudir sus familias para darles sepultura donde consideren más apropiado?
Es la idea que proponemos. Aunque tampoco queremos engañar a nadie: desafortunadamente, hay casos en los que tanto por razones físicas como biológicas se hará prácticamente imposible identificar a los muertos y poder entregarlos a sus familias. Pero incluso para esos casos, consideramos también que los familiares merecen saber todo tipo de detalles que ellos quieran tener.
Todos hemos conocido el caso de Ascensión Mendieta, que ha tenido que hacer lo imposible para poder desenterrar los restos de su padre, fusilado en 1939. Ascensión ha tenido que recurrir a la justicia argentina y además, pagar de su bolsillo los gastos que ha supuesto realizar todo tipo de pruebas para certificar que el ADN era de su padre. ¿Qué tiene el PSOE planteado al respecto?
La creación del banco de ADN. Investigar sobre estas cuestiones ha de ser totalmente gratuito para las familias. Como decía antes, fue responsabilidad del Estado y debe ser el Estado quien aborde cualquier cuestión para reparar el daño a las víctimas y, dentro de lo posible, hacer justicia.
Una de tus tareas parece, pues, que ya va a estar cumplida. ¿Qué más tienes entre manos?
Estamos trabajando sobre la Eutanasia y la muerte digna. Contamos con el apoyo de otros grupos parlamentarios y espero que más pronto que tarde podamos estar al mismo nivel que otros países europeos en este asunto.
Es fundamental que a estas alturas del desarrollo de la sociedad una persona pueda elegir si, llegado el momento de su muerte (cuando no pueda tomar decisiones), quiere que se le administren determinados fármacos o se le apliquen determinadas técnicas para evitar su sufrimiento. Es un derecho quedemos defender el de vivir con dignidad y también morir con dignidad.
Para primavera presentaremos algunas iniciativas como es la del Derecho al Olvido (dentro del ámbito de los derechos digitales) y abordaremos en profundidad la Ley de libertad religiosa y de conciencia.
Otra cuestión importante, la de los privilegios de la Iglesia Católica…
Consideramos en este sentido, desde el Partido Socialista, que la aconfesionalidad de España, amparada por la Constitución, no está cumpliéndose. Queremos que no sólo se cumpla sino que podamos conducir al Estado hacia la laicidad.
Es necesario dejar muy claro cuál es el papel de la Iglesia. No se trata de ponerle a ella en su sitio, sino de poner al Estado. Y en este sentido, hay alguien que está confundiéndose: pues piensan que los privilegios de la Iglesia Católica hay que dárselos a otras confesiones, cuando en realidad, no hay que darle privilegios a ninguna.
Ni el Estado debe inmiscuirse en las cuestiones que afecten al ámbito estrictamente religioso de las confesiones, ni las diferentes confesiones deben inmiscuirse en lo que el Estado debe legislar para su ciudadanía.
Cuando el PSOE gobierne, el siguiente paso será denunciar el Concordato con la Iglesia Católica.
