De cara a la opinión pública, nadie se posiciona contra la sanidad pública. Año tras año, “agentes sociales” y partidos políticos, sobre todo los que tienen el gobierno y quienes lo apoyan, se llenan la boca con el mantra de su defensa, pero no han tomado ninguna medida real para defenderla, mientras permiten que unos pocos hagan negocio con ella. Invariablemente, da igual quien gobierne, desde la “izquierda” en Baleares hasta la “derecha” en Madrid, pasando por las comunidades gobernadas por los nacionalistas, en todos los lugares hay una extraña coincidencia: nadie actúa sobre las causas reales de su deterioro, y se considera a la sanidad como un nicho de negocio, ya sea privatizando sus partes rentables, o debido a su colapso, empujando a la población hacia los seguros privados.
Sea la ley Ómnibus en Madrid, o la Ley Aragonés en Cataluña, no importa tanto quien ejecuta la privatización, sino los resultados para población y trabajadores del sector. Y los resultados del modelo privado, son innegables: peor calidad de la asistencia, mayor mortalidad (aquí, aquí), mayor deterioro de las condiciones laborales de los profesionales y plantillas más reducidas que en el sector público. Algo lógico si tenemos en cuenta que están obligados a repartir jugosos beneficios entre sus accionistas, a costa de la calidad asistencial y la disminución de personal. Ni pacientes, ni sanitarios ganan, y sin embargo el modelo se ha extendido en las últimas décadas como una mancha de aceite por todo el Estado…mientras los políticos repiten que defienden la sanidad pública.
Cuando la izquierda estaba en la oposición prometía blindarla si ganaba las elecciones, incluso en 2012 el PSOE presentó una proposición de ley de cara a la galería (el PP tenía mayoría parlamentaria), pero cuando han gobernado no se han sonrojado en firmar el “Acuerdo de Reconstrucción de la Sanidad” en 2020 con el PP, documento en el que en 33 páginas la palabra privatización no aparece. Dos años después ya sabemos cuál era la reconstrucción: incremento del deterioro y la privatización, trabajadores agotados y desmotivados, y seguros privados incrementando su cuota de mercado.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La Ley General de Sanidad ya dejó una puerta entreabierta para vaciar el sistema público a través del artículo 90 -conciertos privados-, de forma que uno de cada 7 euros se va ya a bolsillos privados por esta vía. Pero en 1991 el infame “Informe Abril”, patrocinado por el PSOE estableció las bases para abrir en canal el Sistema Nacional de Salud a la iniciativa privada. Como resultado, a los pocos años se aprobó la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad” para legalizar, tanto los experimentos catalanes, como cualquier modelo que se le ocurriera aplicar al Ibex. Todo con amplio consenso parlamentario (PSOE, PP, PNV, CC y CiU) y el apoyo de CCOO, con el silencio inestimable el resto de sindicatos, colegios profesionales y sociedades científicas.
Queda claro por tanto, que la parasitación de la sanidad pública por bancos, constructoras, fondos de capital riesgo y otras gentes que viven de lo ajeno es legal en el Estado español en base a leyes básicas estatales. De ahí que no tenga sentido, tras más de dos décadas de lucha contra el desmantelamiento del sistema sanitario, no ir a las causas profundas del problema en lugar de andar mareando la perdiz y engañando a gente con buena fe. O que te escudes en el discurso identitario y territorial, cuando los instrumentos que permiten el negocio son estatales y trascienden al marco legal autonómico. El momento es ahora. O luchamos por blindar el sistema sanitario del ánimo de lucro en todo el Estado, para garantizar una atención sanitaria digna a todos, o nos encontraremos más pronto que tarde con un sistema de beneficencia como el que conocieron nuestros padres y abuelos.
Por ello, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, con el apoyo de decenas de colectivos, ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular para la “Recuperación de la Sanidad Pública”, con cinco puntos fundamentales:
- Atención sanitaria para todas las personas que se encuentren en el Estado, sin restricciones, independientemente de su situación administrativa.
- Derogación leyes privatizadoras (Ley 15/97 y artículos 67 y 90 de la L.G.S.)y recuperación de los centros privatizados
- Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios que garantice la fabricación de los medicamentos esenciales, vacunas, y productos sanitarios estratégicos.
- Recuperación y refuerzo urgente de la atención primaria, para la que sería necesario destinar el 25% del gasto sanitario, para que sea capaz de asumir sus funciones, descargando de esta forma la atención especializada y reduciendo el gasto sanitario total.
- Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público, mediante la participación de profesionales de atención primaria y especializada necesarios, lo que solo será posible con un incremento sustancial de las plantillas.
Puedes firmar electrónicamente aquí, o en los puntos fijos que aquí se señalan.
