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¿Por nuestra salud? Sobre la gestión oficial del Covid-19

Juan Antonio Gómez Liébana
Su objetivo es aunar esfuerzos y organizarse para luchar por un sistema sanitario de calidad, que atienda a todas las personas sin exclusiones, dotado de mecanismos de gestión democrática por parte de trabajadores y población, y en el que la actuación sobre los determinantes socioeconómicos y medioambientales de la enfermedad sean prioritarios. En estos años, en los que en todo el Estado (gobierne quien gobierne) han avanzado el deterioro y la privatización de las partes rentables del sistema sanitario, compañeros y compañeras de los diferentes territorios se han ido incorporando a la lucha.
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Cuando hace 12 años colaboramos en la edición  del libro con este título, teníamos claro que aquello que los políticos nos prometían era falso. Con el tiempo, hasta aquella “izquierda institucional” que guardó silencio mientras la sanidad madrileña sufría la agresión más grave de su historia y nos equiparaba con los “talibanes”, acabó reconociendo -en privado- que lo que habíamos denunciado en aquel momento se había quedado incluso corto. Desgraciadamente, el desmantelamiento y privatización se produjeron mientras parte de la población y la inmensa mayoría de los trabajadores del sector miraban hacia otro lado. En gran parte, la situación actual de colapso del sistema sanitario es resultado de aquellas políticas, por cierto, legales mientras el gobierno central mantenga las leyes que las sustentan.

Hoy una década después, podemos afirmar que tampoco son por nuestra salud las medidas que el tándem políticos-industria farmacéutica han tomado en estos dos últimos años. La inoculación cuasiobligatoria de medicamentos con permiso de emergencia; los encierros y confinamientos; las mascarillas (ahora sí, ahora no) en exteriores; los pasaportes Covid; el pacto de silencio respecto a lo ocurrido en las residencias-apartheid de nuestros mayores; la virtualización y jibarización del sistema sanitario; la prohibición en la práctica de la aplicación de tratamientos tempranos -que parecen haber funcionado en otras zonas del planeta-; el trasvase de miles de millones de € -que pagaremos como deuda- hacia los bolsillos de los de siempre en lugar de hacia el sistema sanitario, etc., no han incidido positivamente en la salud de la población, sino al contrario. Durante estos dos largos años de “crisis sanitaria” han pasado cosas impensables antes, y como apunta Romeo Quijano, “en Covid-19 no sólo se pierde el sentido del olfato, sino también el sentido común”. Ese sentido que se perdió en las últimas semanas de abril de 2020 cuando recibimos una llamada de uno de los técnicos cercanos al equipo de Fernando Simó, anunciándonos que habían sido convocados…para comunicarles que las decisiones dejaban de ser técnicas desde ese momento, hecho este corroborado con posterioridad y que nos vimos obligados a silenciar por razones obvias.

No, no son por nuestra salud las medidas que, disfrazadas de “salud pública” -apoyadas por todos los partidos del aparato del Estado-, han cronificado el pánico, destruido miles de empleos, incrementado la pobreza -mientras se ha concentrado la riqueza en unas decenas de empresas-, y se han cercenado derechos fundamentales. Nunca el Estado se ha preocupado por la omnipresencia de todo tipo de tóxicos ambientales, residuos de pesticidas, plásticos, disruptores endocrinos, o de medicamentos en los alimentos, el medio ambiente, el agua y el aire. Nunca se ha actuado, pese a estar identificados, contra los productores de enfermedad: industria del tabaco y del azúcar, de los alimentos procesados,…aquellos que son el origen de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de los cánceres, etc., y que representan una gran parte de la mortalidad. Así, la deficiente alimentación derivada del modelo agroindustrial podría ser responsable del 36% de las muertes en Francia, directa o indirectamente, de las cuales el 10% se deben a cánceres atribuibles a los pesticidas. Todos estos elementos producen millones de muertos desde hace décadas entre la población,…mientras los servicios de salud pública estatales han mirado para otro lado. Definitivamente no les interesa nuestra salud. Estas medidas liberticidas disfrazadas de “salud pública” no nos protegen. Es más bien biofascismo.

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Ya es evidente que las inoculaciones no han cosechado los resultados que nos habían anunciado. Desde Biden a Fauci -replicados obedientemente por sus aprendices españoles-, se nos prometió que no enfermaríamos, no ingresaríamos en la UCI, no nos contagiaríamos y no contagiaríamos a nuestros cercanos. Hoy la realidad es otra. Los alumnos aplicados como Israel están sufriendo en estos días, mientras aplican la cuarta dosis, las cifras más elevadas de contagios y mortalidad, y curiosamente han decidido abandonar el EuroMomo. Aunque los inoculados con tres dosis siguen ingresando en los hospitales, Países Bajos anuncia ya seis dosis en una carrera quizás por superar a Israel. Mientras, uno de los creadores de la vacuna de Astra Zeneca advierte de que no podemos vacunar al planeta cada seis meses. Curioso que comiencen a aparecer noticias sobre incrementos de mortalidad no esperable en países con amplios sectores de población inoculados, y los gobiernos no investiguen.No obstante, se continua con la letanía del vacúnate, vacúnate.

Ya  comienzan a aparecer estudios que dejan entrever la posibilidad de que incluso los vacunados tengan más probabilidades de contagiarse con las nuevas variantes. Los datos de efectos adversos , a pesar de ser ocultados por los medios de propaganda, ya son incuestionables: en un año más fallecimientos que en 30 años el resto de las demás vacunas juntas. Eso sin contar con que los sistemas de vigilancia de VAERS o EudroVigilance solo recogen entre el 1-10 % de los efectos adversos en el mejor de los casos. Los propios sistemas de vigilancia de los servicios de epidemiología del ejército de EEUU (DMED) alertan de un aumento astronómico en varias enfermedades graves, entre ellas abortos espontáneos, cáncer y otras afecciones médicas. En el denominado “escandalo Vioxx” se pudieron producir alrededor de 500.000 o más muertes prematuras en Estados Unidos, en los 5 años de uso generalizado entre los ancianos, una cifra considerablemente mayor que las 3.468 reconocidas por Merck durante el acuerdo de su demanda.

Respecto a los posibles daños, como la “potenciación dependiente de anticuerpos”, que las inoculaciones pueden producir en el sistema inmunológico, esto fue probado hace pocos años con la vacuna de tecnología de ingeniería genética contra el dengue (Dengvaxia, Sanofi-Pasteur), lanzada en base a afirmaciones de seguridad y eficacia del fabricante -sin contrastar por técnicos independientes-. Este debilitamiento del sistema inmunitario puede estar en la base de la explicación del aumento en la incidencia de enfermedades graves tras la vacunación de los niños en comparación con la incidencia en ausencia de vacunación. Además, muchas de estas enfermedades pueden manifestarse mucho más tarde y, para entonces, es prácticamente imposible demostrar su relación.

Eso sí, lo que no cesa es la campaña de los medios de propaganda y la censura a los disidentes. Ya nos advirtió hace décadas Marschal Mc.Luhan sobre la capacidad de los medios de formación de masas  para poner los  focos en un determinado lugar y dejar el resto en penumbra. Lo que no alcanzó a conocer Mc.Luhan fue la explosión de “verificadores”, en nómina de los mismos que nos venden las pócimas y controlan los medios de propaganda, que han decidido enviar al pozo de los apestados a relevantes científicos como Doshi, Ioannidis, Acevedo, Vanden Bossche, Montaigner, Wodarg, Sunetra Gupta, Yeadon, McCullough…y por ende a los más de 60.000 médicos firmantes de la declaración de Great Barrington, mientras se eleva a los tertulianos a la categoría de sabelotodo. En el estado español, La Sexta ha llegado a calificar a Joan Ramon Laporte, experto internacional en farmacovigilancia, de negacionista tras su intervención en la Comisión de investigación sobre las “vacunas” Covid-19 en el Congreso.

Todo lo anterior no acumula suficientes pruebas para que la izquierda despierte. El que se difame a quienes mantienen posturas criticas con la gestión de la sindemia; que la carga de la prueba recaiga en los críticos o las víctimas, en lugar de en las farmacéuticas que han firmado acuerdos secretos con los gobiernos, además de eximirse de cualquier responsabilidad; que se habilitara en apenas 48 horas la utilización de la RT-PCR en base a una publicación no revisada por pares y con evidentes conflictos de interés de sus firmantes; que Fauci tardara meses en reconocer que las PCR arrojaban falsos positivos; que se haya demostrado la falsificación de datos en el ensayo de Pfizer…¿Por qué la izquierda acepta esas diferentes varas de medir?

En estos dos años el debate científico serio ha sido prohibido de facto. Tiene que haber una explicación del silencio y la aceptación de todas las medidas liberticidas. ¿puede el miedo explicarlo todo? Para aquellos que estuvieron en primera línea -con el desgaste personal que conlleva- ¿es imposible reconocer que con el pánico inicial aceptaste medidas arbitrarias no valoradas por investigadores neutrales?

Esto es lo que ocurre cuando la sanidad se rige por las fuerzas del mercado y no por las necesidades reales de salud de las personas: el principio de precaución es enterrado en la primera cuneta. Los sistemas sanitarios están secuestrados por los intereses corporativos, de forma que se ha demostrado que el “primum non nocere” no estaba precisamente en la mente de quienes impulsaron el experimento inoculatorio. Es urgente e indispensable, nos va la vida en ello, luchar por una movilización masiva, transversal en base a la idea de un sistema sanitario al margen del lucro y para todxs.

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