El Gobierno publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los datos de todos los españoles que fueron exterminados en el campo de concentración de  Mauthausen. Durante más de seis décadas, los nombres de las 4.427 víctimas del holocausto nazi habían permanecido enterrados en el olvido, debidamente escondidos en un rincón de algún polvoriento archivo oficial. El pasado mes de mayo el Gobierno decidió rescatarlos por fin para inscribir sus defunciones en el Registro Civil, como las de cualquier otro español fallecido, como una forma de reconocimiento y reparación moral ante la barbarie que sufrieron. Hoy, con la inscripción en el BOE se hace justicia con los asesinados de Mauthausen, que además serán recordados cada 5 de mayo, día designado para homenajear a las víctimas españolas del nazismo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, entre 1950 y 1951, los nombres y apellidos de los españoles de Mauthausen y sus lugares de nacimiento fueron anotados en diez tomos elaborados por la Oficina Notarial del Estado Francés para Deportados y enviados a España un año después, informa Efe. Por supuesto, aquella información quemaba como una patata caliente al régimen franquista, que decidió depositar la documentación en la Dirección del Registro Civil. Allí, en las viejas estanterías, han permanecido durante décadas −con un paréntesis para su digitalización en 2011− hasta que hace unos meses el Ministerio de Justicia decidió encargar a un grupo de investigadores la elaboración de una lista, cotejando cada identidad con documentos oficiales, como su certificado de nacimiento, para verificar sus verdaderos nombres, que muchos cambiaron por seguridad de sus familias. “Es una reparación moral, lo primero que vamos a hacer es inscribirles en el Registro Civil porque son españoles, tienen derecho, y no se les puede tener en unos libros de archivo, en un rincón del archivo”, asegura la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, encargada del departamento de Memoria Histórica.

El reconocimiento oficial se extiende a todos aquellos españoles defensores de la República que se vieron obligados a ir al exilio en Francia tras el golpe de Estado de 1936 y que lucharon contra el fascismo durante la guerra mundial hasta que fueron hechos prisioneros por Alemania. Todos ellos fueron rechazados por el Gobierno de Franco como apestados. De hecho, cuando Berlín preguntó a España qué debía hacer con todos aquellos españoles que vagaban por Europa en una dramática diáspora, el Gobierno franquista contestó “que no había españoles fuera de la frontera”. Y así fue como todos ellos fueron deportados a los campos de concentración en calidad de apátridas, es decir, de gente sin patria.

Las cifras obtenidas tras años de investigación y estudio revelan que de los más de 7.000 españoles que fueron enviados a Mauthausen-Gusen, murieron al menos 4.435. De los que sobrevivieron al campo de exterminio, el 60 por ciento falleció pocos meses después.

Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa persigue “agradecer y reparar a los más de diez mil españoles deportados a campos de concentración por el Gobierno franquista, de los cuales más de la mitad perdió en ellos la vida”. De alguna manera, registrar sus defunciones en España significa el reconocimiento del Estado español a los deportados y una forma de hacer de justicia. Una labor que en muchos aspectos ha resultado ardua y complicada, ya que muchos de los detenidos cambiaban el orden de sus apellidos o su lugar de nacimiento para evitar represalias contra sus familiares cuando los identificaban a la entrada del campo de concentración.

Con esta medida, la magistrada-juez del Registro cumple con uno de los preceptos establecidos en la Ley de Memoria Histórica para la reparación de las víctimas del nazismo. Aunque es cierto que el reconocimiento llega tarde (en cuarenta años de democracia hubo tiempo suficiente para abordar la cuestión y si no se hizo fue por la posición timorata de la izquierda y la obstinación del franquismo sociológico) la medida debe ser valorada como un triunfo de la Justicia Universal y de los derechos humanos precisamente en un tiempo en que la ultraderecha de Vox (alimentada por PP y Ciudadanos) pretende enterrar la verdad y la memoria histórica, o lo que es aún peor: revisar la historia para adaptarla como un calzador a sus intereses políticos.

Ahora ya solo cabe esperar que el Gobierno español siga dando pasos adelante para hacer justicia con las víctimas del franquismo. Asuntos como la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, la supresión del Ducado de Franco o la restitución del Pazo de Meirás –residencia del genocida– a sus legítimos dueños deben ser resueltos cuanto antes, por la vía política o por la judicial si es preciso. Porque una democracia no lo es hasta que se hace justicia con aquellos que lucharon y dieron la vida por ella.

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