El Banco Popular cumplió siempre con los requerimientos de capital exigidos por la normativa, así como los de mercado. Para ello se implementaron siempre las recomendaciones tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo (BCE). A este respecto, la declaración del ex presidente Ángel Ron en la Audiencia Nacional, dejó claro que, por ejemplo, cuando en el informe pericial del Banco de España se afirma que «las cuentas anuales que se reflejaron en el folleto de la ampliación de 2016 no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso», estaba contradiciendo la práctica del banco, lo que decían las autoridades en sus documentos y con algunas afirmaciones del propio Informe.

Desde muchos sectores se está incidiendo en el hecho de que la causa de la resolución fue la ampliación de capital de 2016 con la única intención de asimilar el Caso Bankia con el Caso Popular, cuando la realidad es que la sexta entidad financiera de España cayó por la crisis de liquidez generada en el segundo trimestre de 2017, tal y como reconocen los propios peritos, porque el banco era solvente.

Hay que recordar que el objetivo de la ampliación era robustecer el Banco para incrementar las coberturas de los activos improductivos y adelantarse a una nueva circular del Banco de España. El juez Calama y el fiscal Romeral recibieron información documental y gráfica sobre la penalización que sufría el Popular en Bolsa por la menor cobertura de sus activos improductivos —37% sin incluir el valor de las garantías reales (que llevan la cobertura efectiva al 100%— y el 43 % del promedio del sector según el BCE). Esa diferencia se debía a que todo el sector –excepto Santander y Popular- no había recibido ayudas públicas directas o indirectas. Tanto las ayudas directas en capital a las Cajas de Ahorro, como la transferencia a SAREB de los activos inmobiliarios hicieron desaparecer del Balance del sistema financiero 100.000 millones de euros de activos dañados, una cifra enorme que distorsiona cualquier comparación posible, por eso, tras la entrega de las ayudas, el Popular tenía una peor comparación, pero no porque no cumpliera la ley.

Por otro lado, no se puede olvidar que tanto el Banco de España como el BCE estaban conformes con el importe de la ampliación.

La documentación debatida en el consejo de 25 de mayo de 2016, con la asistencia del auditor PwC, el banco UBS y Sebastián Albella, socio director de Linklaters, quien no sólo asesoró al banco en la ampliación (emitió la opinión legal), sino que respondió a las preguntas de los consejeros y afirmó que resultaría extraño cuestionarse la legalidad de una operación de refuerzo patrimonial y que los administradores actuaban de buena fe, de acuerdo a un procedimiento adecuado y con información suficiente.

Un punto importante sobre la ampliación de capital de 2016, y en la que hicieron hincapié en la Audiencia Nacional tanto el consejero Roberto Higuera como el propio Ángel Ron es la suscripción de acciones que hizo el Consejo: 500 millones de euros. El ex presidente, en concreto, había perdido 1 millón de euros. Esto es una prueba de la confianza que el consejo tenía en la evolución del banco y en el Plan de Negocio de 2016, algo que contrasta con lo que hizo Emilio Saracho que en los meses en los que ocupó la presidencia no compró ninguna acción. Todos aquellos que pretenden asimilar la salida a bolsa de Bankia con el Caso Popular deberían pensar que, con esa suscripción por parte del Consejo, estaríamos ante el primer caso de supuesta «estafa a los mercados» en el que los consejeros suscribieran 500 millones para perderlos.

Este tema también es tratado en el informe pericial del Banco de España al afirmar que no existió mala fe por parte del Consejo en la ampliación: «los miembros del Consejo de Administración que, a diciembre de 2016, poseían un 20,9% del capital, suscribieron la ampliación, lo que consideramos una muestra de su buena opinión sobre la salud financiera del Banco». Además, el hecho de que el Consejo suscribiera un 20% de la ampliación, es un hecho que confirma la salud financiera del Banco, que no hubiesen desembolsado de creer que no era suficiente.

Por otro lado, existe una carta del Banco de España del 26 de mayo de 2016 en la que se avalan los cálculos realizados por el Popular, documento que fue aportado por Ron al juez Calama.

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10 Comentarios

  1. Dado que, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el primero que va a emitir una sentencia), nuestros intereses y los del Banco Santrander son los mismos, a ver si Diario 16, saca un artículo sobre el tema.

    Es que resulta que si ese Tribunal falla a nuestro favor, quien tiene que pagarnos no es el Banco Santander sino la FUR.

    Por el contrario, si el citado Tribunal falla en nuestra contra, la consecuencia colateral es que el Banco Santander lo tendría bastante mal ante la Audiciencia Nacional de España, por «responsabilidad civil subsidiaria».

    Finalmente, a nosotros nos interesa que nos pague la FUR y no el Santander pues le corresponde pagar bastante más.

    Es por tanto, importante que el Tribunal de Justifica de la Unión Europea falle a nuestro favor (perjudicados y Banco Santander) que allí estamos ambos en el mismo barco.

  2. Si es verdad, como dice Urelioso que el tribunal de justicia de la unión europea es el primero en dictar sentencia, como es que no se dice nada de como va el enjuiciamiento de ese proceso.
    Muchas gracias Diario 16 por todo lo que está haciendo por los estafados

  3. Y el abogado del estado que defendia la expropiación, quiere decirse que defendía al Santander y a nosotros. Es decir si daba por bueno el atraco, en base a que lo daba, a que las cuentas son falsas perjudica al Santander y si son buenas defiende al Santander y a los accionistas o no defiende a nadie y nadie paga a los accionistas.

  4. No estoy de acuerdo. La JUR ha hecho mal y es culpable de haber incautado y robado la propiedad de los legítimos dueños de banco popular, ha de pagar por ello, pero no estamos en el mismo barco que SATANder y la defraudadora de la lista Falciani. Independientemente de que en Europa se haga justicia respecto al robo de la JUR, en España ha de hacerse justicia con Saracho y los complices del robo, han de ir a la cárcel por el sufrimiento que están causando y para que se pueda confiar en este país, de lo contrario será una vergüenza colosal para la administración de justicia de este país. Y aunque la JUR tenga que pagar, lo justo y lo decente es que sea SATANder quién pague lo que el popular valía en libros más daños y perjuicios, deberían pagar en primer lugar sus directivos, los que planearon el robo con Saracho, Guindos y compañía, el SATANder se está beneficiando, el SATANder ha de pagar. Que pague también la JUR, aunque es lo suyo por perpetrar la incautación, no deja de ser más que que paguen los ciudadanos europeos, osea nosotros.

  5. Mierell..no seas cruel, con la abogacia del estado, acuerdate de que gracias precisamente a una abogada del estado, en acto de servicio de defender lo indefendible, o sea, la regia inocencia de la regia imputada en el caso noos, nos enteramos de que ..«hacienda no somos todos», que eso solo era un eslogan publicitario. Ese insulto, yo no lo olvido jamas.. tu tampoco, verdad..

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