El sindicato CCOO, en el marco del proceso de consulta pública abierto por este departamento para la aprobación de las normas de gestión, desarrollo y control de la nueva PAC, derivada de la aplicación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España ha remitido sus aportaciones poniendo el acento en desplegar de manera amplia el contenido social de la PAC.
Para CCOO de Industria, el establecimiento de la condicionalidad social en la PAC 2023-2027 debe suponer una mayor sostenibilidad social de esta política común de la Unión Europea, significa dar coherencia y sentido social al presupuesto de la PAC haciendo compatibles y justas las ayudas de la PAC con la sostenibilidad económica y medioambiental, situando en el centro de la misma y por primera vez, la mejora de las condiciones laborales, sociales y de salud de las personas trabajadoras.
CCOO de Industria, en consonancia con lo que están poniendo de manifiesto los últimos acontecimientos (pandemia Covid-19, Guerra Ucrania, cambio climático, Incendios forestales etc.) considera esencial e inaplazable dignificar y poner en valor el trabajo en el campo y para ello la aplicación de la condicionalidad social es una herramienta esencial.
Constatada la prioridad y necesidad de rejuvenecer la población en el sector agrario y de fijar población en el medio rural es imprescindible hacer más atractivo trabajar y vivir en las zonas rurales con el fin de combatir el despoblamiento, la llamada España Vaciada, tenemos el reto de dar una orientación más social, económica y medioambiental, para ello desarrollar las nuevas herramientas que conlleven un despliegue más amplio de la nueva PAC en España.
Reforzar la dimensión social de la PAC
Desde CCOO de Industria consideran que ha llegado el momento de reforzar la dimensión social de la PAC atendiendo al sentir demandado de forma mayoritaria por la sociedad civil de la UE y de nuestro país.
«Es inadmisible que, en la actualidad, se haya legislado más en materia de bienestar animal en el marco de la PAC, aspecto que valoramos, que en materia de bienestar y dignidad para mejorar de las condiciones de laborales y de empleo de las cerca de 1,5 millones de personas trabajadoras del sector agrario (800.000 personas trabajadoras asalariadas cuenta ajena del Sistema Especial Agrario y 500.000 de la Industria Alimentaria).
Por ello, esta organización exige que deben establecerse procedimientos y mecanismos para que se puedan aplicar de manera efectiva y real por los organismos pagadores, las penalizaciones establecidas por los órganos competentes y responsables de control en base a los incumplimientos detectados en los controles que realicen éstos, a partir de la entrada en vigor en España.
Igualmente CCOO de Industria en el marco de la subsidiariedad y competencias de los Estados miembros, considera que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con los interlocutores sociales legitimados debe realizar un estudio tras dos años de aplicación de la condicionalidad reforzada y social en España, para evaluar el impacto de los mecanismos de condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social en las condiciones de los personas trabajadoras y presentar propuestas para mejorar la dimensión social y laboral de la política agraria común.
