Nos encontramos disfrutando de la tregua que nos ofrece la guerra mundial en forma de pandemia que ha sacudido nuestra realidad.
Una guerra sorda, sin el silbido de proyectiles ni el estruendo de detonaciones.
Un enemigo silencioso, invisible, que no empuña armas, ni ondea estandartes, que no atiende ideologías, pero mata, mata sin contar victorias, simplemente mata. Adversario aguerrido que ha puesto en jaque al entramado sanitario, económico y político de gobiernos y la paciencia de sus ciudadanos.
Si en el más literal de sus significados, la palabra guerra no se ajusta a esta crisis sanitaria, sus efectos bien le valen el título.
Como en todos los conflictos bélicos las bajas son el efecto más traumático y esta pandemia ha ejecutado la muerte con maestría, dejando imágenes y recuerdos en nuestras mentes que jamás olvidaremos.
Nuestros fallecidos han traspasado a otra vida en total soledad tras descansar sus restos en gélidas morgues improvisadas, clausuradas con honores militares bajo palio. Sin recibir el último adiós, convertidos en cenizas, volvieron junto a sus seres queridos.
Entre las víctimas del belicismo vírico los más débiles, nuestros ancianos, sucumbieron confinados en sus particulares Auschwitz o Mathausen. El que tendría que ser su último hogar, albergue de paz y tranquilidad, se convirtió en un centro de exterminio «selectivo» forzado por los errores e incompetencias de las administraciones correspondientes.
Administraciones autonómicas, puntualicemos con énfasis este detalle.
La competencia sobre las residencias es de las comunidades autónomas: por ley se encargan del registro y la inspección de calidad de los centros.
Durante el estado de alarma continuó siendo así, si bien el gobierno central apoyo dichas competencias con una inyección presupuestaria para proveer de material y medios los centros geriátricos.
Las residencias, en su mayoría entidades privadas, con frecuencia son parte de conglomerados empresariales, propiedad de empresarios filántropos de las políticas de derechas.
La filial de residencias de ancianos de ACS, Clece, propiedad de Florentino Pérez, pide que le compensen los gastos generados por el coronavirus.
Filántropos que en ocasiones evaden responsabilidades al contar con la complicidad del gobierno autonómico de turno. Hans Aumeier, Theodor Eicke, también fueron cómplices del régimen durante su guerra.
Ante tan lamentables hechos la fiscalía abre investigaciones y el panorama político el cajón de la mierda.
Se abre el debate de nacionalizar las residencias de ancianos para tener un mejor control de calidad sobre las mismas y erradicar el lucro a costa del bienestar de nuestros mayores. ¿Mejorar la situación de los ancianos a expensas de menguar las arcas de quienes financia partidos de dos consonantes? Ideas de rojos y bolivarianos.
Por contra optan por coger los cadáveres de las residencias, masticarlos y escupirlos a la cara del ejecutivo nacional en forma de reproches, demostrando una deslealtad institucional aberrante, una falta a la verdad flagrante y ocultar los errores de los ejecutivos autonómicos que controlan.
Politizan la muerte y bailan sobre las tumbas y el recuerdo de quien no sobrevivió a la contienda.
