Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.
Es cierto que las entidades bancarias realizan operaciones de blanqueo de capitales. No hay más que recordar casos como JP Morgan, HSBC, Banco Santander o BNP. Cuando los bancos son pillados, tienen que pagar multas nada ejemplarizantes pero de varios miles de millones de dólares.
Sin embargo, en los procesos de blanqueo o de evasión fiscal que realizan los millonarios o las grandes corporaciones, hay otros actores que no tienen supervisión. Son los llamados facilitadores, un sector que está formado, principalmente, por grandes despachos de abogados de todo el mundo, consultores, tratantes de arte o agentes financieros que no tienen ningún tipo de supervisión.
En este punto es donde la clase política de las principales democracias se coloca en una situación de complicidad necesaria para que el lavado de dinero o la evasión se sigan produciendo. Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, sobre todo en Reino Unido, Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, los facilitadores siguen actuando con total impunidad.
Los políticos están evitando que sus respectivos países o unión de estados legislen para la supervisión de los grandes despachos de abogados, las consultoras o los agentes financieros. Para mantener su impunidad, este sector ejerce una dura estrategia de lobby en las instituciones legislativas y en los gobiernos. Invierten decenas de miles de millones de dólares, libras o euros para que a nadie se le ocurra abrir una puerta que ni a las grandes corporaciones ni a los multimillonarios les interesa que se abra.
Por otro lado, los jueces y los fiscales, cuando se encuentran con operaciones en la que los facilitadores se encuentran en una situación en la que deben decidir si mantener la impunidad o dar pasos valientes para generar jurisprudencia utilizando las regulaciones antiblanqueo que sí se aplican a los bancos. No obstante, los jueces se colocan normalmente en la aplicación estricta de la ley, en vez de retorcerla para generar doctrinas como sí hacen cuando es necesario proteger a los poderosos. Este es otro tipo de complicidad.
El último ejemplo de ello se tuvo a finales de 2022 en Estados Unidos. El Senado bloqueó un proyecto de ley crítico para frenar el crimen financiero y la corrupción, un revés para la reforma más significativa de las leyes contra el blanqueo de dinero en 20 años.
La Ley de facilitadores exigía por primera vez que las empresas fiduciarias, los abogados, los comerciantes de arte y otros investiguen a los clientes, así como la fuente del dinero y otros activos que se mueven al sistema financiero estadounidense.
Sin embargo, los republicanos la bloquearon por lo que los facilitadores podrán continuar ofreciendo sus servicios para que las grandes corporaciones y los multimillonarios utilicen sus servicios para evadir impuestos y blanquear capitales.
Y siendo cierto lo que se dice, en el propio enunciado aparece otro marco de relajamiento ético que crea condiciones para que este problema no se asuma con la gravedad que tiene: el del falso mensaje de que los estados con hegemonía económica neoliberal, como corresponde a los países mencionados en el artículo, cada día establecen regulaciones más severas por parte de las autoridades económicas de dichos países. La propaganda hace que en el mismo artículo que critica la evasión se dé una imagen falsa de control que cada día, desde la revolución conservadora, ha sido más laxa y menos eficaz. Esa colaboración de jueces y políticos con la relajación, unos más que otros pero todos en la misma línea, es un común que se logra pendiente el proceso “gatopardiano” de evitar los cambios haciendo cambios. Hacer cambios en el nombre de la igualdad y la legitimidad para que estas no se cumplan y que paguen impuestos los de siempre, los que tienen controlado sus ingresos mediante nominas.
Es falso, absolutamente falso, que esta no sea la otra cara de los que aquí llamamos facilitadores, siempre dispuestos a alfombrar el camino de la evasión con la anuencia de esos políticos y jueces que crean las “flácidas” leyes de (no)control y la aplican con ese relajo de justicia acomodada de que se habla. La historia está en el triunfo del relato de la tolerancia impuesto por la propaganda los mismos que no solo evaden sino que influyen las instituciones condicionando la legislación y la justicia con una sobra larga que todo lo oscurece.
Los jueces advierten que: incumplir la ley es un delito y puede llevar a la inhabilitación · al igual que Incurrir en prevaricación…Es posible que la idea de pedir un deseo y esperar que se cumpla pueda parecer poco realista, ¿verdad?…Pido al poder legítimo del derecho para prevalecer hacer que estos delitos sean castigados con penas adecuadas a jueces, políticos…