El primer título barajado para este artículo se denominaba «el mal de altura», y con ello quería referir, según se bucea en internet, a «la falta de adaptación del organismo a la hipoxia (falta de oxígeno) de la altitud. Un trastorno cuya gravedad está en relación directa con la velocidad del ascenso y la altitud alcanzada».
Expresión utilizada como «recurso literario» para comparar con aquellas personas con las cuales a lo largo de nuestras vidas nos topamos, y que ya sea por sus rápidos ascensos, llevar demasiado tiempo en sus cargos o por simple incompetencia tenemos la desgracia de sufrirles.
Ya sea en el trabajo o en la política, es difícil no cruzarse con estos especímenes en los que se puede fácilmente observar los efectos perniciosos de la llegada o permanencia en zonas elevadas.
Inmediatamente se les localiza por lo conflictivo de sus caracteres, generadores de polémica o crisis allí donde se encuentren si no se salen con la suya o por salirse con ella, manipuladores, de actitudes vengativas y que parapetados en sus torres de marfil víctimas de una especie de síndrome de la Moncloa a pequeña escala, provocan el descontento generalizado entre sus subordinados por su gestión.
Desde el estatus que les supone su elevada posición disponen de las vidas de los demás como si en vez de tratarse de personas estuvieran tratando con simples peones, todo ello en un ejercicio diario de falta de empatía.
Hay un perfil dentro de la Policía de mandos autoritarios, de rancio abolengo militarista, que no casa con la concepción de una Policía civil y moderna, de una Policía acorde con la nueva época que vivimos.
Entre este grupo de jefes nos encontramos con los mandos cortijeros, que dirigen los designios de su competencia, siempre rodeados de aquellos tiralevitas que nunca les cuestionan, ya sea para poder recoger los insanos frutos de su “prostituida” dignidad o para poder campar a sus anchas bajo el ala protectora del mal jefe.
Siempre se aprovechan y alimentan estos mandos de la dejadez de aquellos “cómplices indirectos” que miran para otro lado pero que a la hora del café echan pestes sobre su incompetente gestión.
Presionan a aquellos que les hacen frente ya sea a través de sus terminales, de campañas de desprestigio interno, de repugnantes listas negras y de falsedades camufladas en el odio que les despierta el no saberse intocables cuando la verdad y los hechos contrastados les ponen en la palestra de su propia ignonimia.
Presionan a través de la utilización del miedo porque no tienen la capacidad de seducir con su liderazgo más allá del poder que les dan sus propios cargos, los cuales les vienen grandes.
Se hacen investir de la aureola de defensores de las esencias de la función policial cuando son el mayor ejemplo de lo que hay que cambiar y prescindir para realmente ofrecer un servicio a la ciudadanía de auténtica calidad. Forman junto a sus acomodados “correlegionarios” una especie de “dictadura de los clanes afectos”, proselitista de un corporativismo mal entendido que pretende solucionar los problemas internos de la Policía a través de la ley del silencio y que acusan de “cáncer del Cuerpo” a los que ponen luz y taquígrafos como terapia sanadora de las críticas situaciones que provocan.
Son de ese tipo de mandos que desarrollando una actitud pueril y reduccionista dividen a los policías en buenos y malos, incardinándose ellos por eliminación en el sector benévolo, y a sus detractores dejándoles en el peor lugar que les permita falsariamente, continuar creyéndose su propia mentira.
La ceguera que provoca «el mal de altura» y la falta de capacidad de autocrítica permite que mandos de esta índole no entiendan que no es de polis malos o polis buenos, el denunciar la mala gestión de cargos públicos, sino que es una obligación que nace del compromiso social y de una verdadera gestión reivindicativa desde la más pura y genuina acción sindical.
En la Policía, la solución de los problemas, según el libro de estilo de los mandos retrógrados, se realiza de manera interna. Pero lo que hacen es tapar y continuar como si nada hubiese pasado para que todo siga igual y no avancemos.
Desde la óptica de una auténtica lucha de mantenimiento y consecución de derechos profesionales, como la que realizamos diariamente en la Agrupación Reformista de Policías (ARP), en íntima relación y sintonía con una adecuada prestación del servicio a una Ciudadanía a la que nos debemos como policías, la gestión se debe efectuar con máxima transparencia, haciendo partícipes a policías, políticos, medios de comunicación y ciudadanos, para que realmente todo el tejido social sea consciente, identificando a los funcionarios y mandos incompetentes para que sean sustituidos por aquellos que puedan desempeñar impecablemente su trabajo.
Ha llegado el momento en el que los y las policías de España debemos ser conscientes que hay que acabar con los privilegios de esos clanes que en determinadas comisarías, por estar afectos y solidarios a mandos incompetentes o de otras épocas a olvidar, y por intereses espurios o simplemente egoístas tienen a su alcance todas las bendiciones profesionales (puestos de trabajo golosos, concesión de medallas, etc), mientras que hay una mayoría silenciosa que sufre la “dictadura” que va corroyendo la ilusión con la que entraron en esta digna profesión de servicio a los demás.
Tenemos que empezar a abrir las ventanas de la Policía, y así lo anunciamos en ARP ya desde su fundación a finales del año 2016, para que a través de denunciar todas las conductas perniciosas, las decisiones arbitrarias, los privilegios auto-atribuidos, las injusticias enquistadas y los vicios del pasado, acabemos con este pesado lastre que nos impide prosperar a una nueva sociedad de futuro.
La Ciudadanía española se merece que entre aire fresco en nuestra querida Institución, y que alejados de las manipulaciones de mandos incompetentes, infantiles y maniqueos, nos esforcemos en conseguir una Policía repleta de policías capaces de poder pelear en sus centros de trabajo por sus propios y legítimos intereses, superando la tiranía del miedo y que por extensión, puedan ofrecer la mejor protección de los derechos de todas las personas integrantes de la sociedad que les ampara.
