La derogación del real decreto ley de vivienda por parte del Congreso, con los cotos en contra del PP, Podemos, Ciudadanos y ERC, devolverá los alquileres a la situación del pasado 18 de diciembre, el día en que el decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Tras el “acuerdo de derogación”, deberá ser publicado en el BOE. Desde ese momento, todas las leyes que se modificaron vuelven a su transcrito anterior.

El rechazo de la norma no afectará a los contratos firmados desde el 19 de diciembre de 2018, la fecha de entrada en vigor del decreto ley, hasta su derogación. En esos contratos se respetan sus condiciones: la duración mínima del contrato de cinco años más tres de prórroga tácita (siete años iniciales si el arrendador es una persona jurídica), la limitación del aval adicional al mes de fianza a dos mensualidades y el pago de los gastos inmobiliarios por parte del arrendador si es una persona jurídica.

Actualmente la vivienda “es un problema para la mayoría de los ciudadanos que tienen que destinar” una gran parte de su salario al acceso a la vivienda y así se lo ha querido señalar a la secretaria general de Vivienda. Para el sindicato la lucha contra la pobreza es prioritaria. Mari Carmen Barrera ha puesto especial hincapié que se “incluya en el texto de la futura ley de la vivienda, la problemática “que tienen muchas personas, que ven su acceso denegado a cualquier tipo de vivienda”, ha insistido.

Mari Carmen Barrera ha exigido que se ponga fin a la “ausencia de control, en un mercado inmobiliario que es absolutamente opaco y que arrastran unas políticas liberales que son herencia de los anteriores gobiernos del PP”.

En nuestro país tiene que desaparecer que la vivienda “sea un drama para la ciudadanía, todas las personas deben tener esa necesidad cubierta” y por eso, Mari Carmen Barrera le ha pedido, que se den pasos “en aumentar la transparencia y la información de lo público de un mercado como el de la vivienda, estableciendo un índice estatal de precios de la vivienda”. Este índice debe ser controlado a través de políticas a nivel ministerial, y del cual “se pueda hacer un control efectivo y eficaz del incremento de los precios, no solo de los alquileres, sino también de la vivienda en propiedad”, ha exigido.

UGT considera el Real Decreto “de insuficiente”, pero que “al menos mejoraba la situación actual y que recogía parte de sus reivindicaciones”, han señalado. Las políticas de vivienda deben responder a las necesidades de las personas y se debe garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible.

El sindicato UGT exigió la pasada semana un índice estatal público para el control del precio de la vivienda, además demandó que se cree parque social de vivienda protegida de titularidad pública, que en la actualidad no existe a nivel estatal, así como eliminar las diferencias entre comunidades autónomas para acceder a las mismas, ya sea en alquiler o en compra.

El sindicato considera que es “una oportunidad perdida en cuanto a que este Real Decreto, mejoraba la situación actual, aunque era insuficiente y se quedaba corto”. No obstante UGT considera que es necesaria una regulación para equilibrar la desigual relación que existía entre arrendador/arrendatario al dotar a este último de unos periodos más largos de duración del contrato y de un alivio de las cargas que comportaba la firma del contrato lo cual favorece el poder realizar un proyecto de vida más estable en el tiempo.

El RD recogía medidas destinadas a mitigar la vulnerabilidad social de las familias que se encontraban en régimen de alquiler (más del 42% de ellas, destinan el 40% al pago de la renta y en los últimos años los alzamientos por impagos han acumulado más de un 5% anual); También aumentaba el parque de viviendas en alquiler o tratar de atenuar las deficiencias en materia de accesibilidad que sufren diariamente personas con discapacidad y movilidad reducida, todo ello en un contexto demográfico de envejecimiento poblacional.

Para el sindicato es el momento “de realizar políticas que se centren en las necesidades habitacionales de las personas”.  “Son necesarias verdaderas políticas eficaces de vivienda que actúen contra la pobreza y la exclusión social”, denunció la pasada semana Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, quien ha puesto como ejemplo el último informe del Banco de España, que indica que un ciudadano medio necesita destinar para la compra de una vivienda de tipo medio, 7,1 años de su salario íntegro.

El sindicato anima al Gobierno a seguir profundizando y avanzando en este tipo de políticas públicas potenciando, “actuaciones para la creación de una gran Parque de Viviendas en Alquiler Social en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, gestionados con instrumentos públicos, con la colaboración del ICO en cuanto a su financiación, al objeto de que el alquiler nos acerque a cifras de la UE.

¿Qué pasa con los contratos firmados a partir de ahora?

Se tomará como referencia la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que hizo el Gobierno del PP en 2013. La duración mínima del contrato se reduce a tres años más uno de prórroga sobrentendida. El arrendador queda exactamente igual, y puede exigir que sea el inquilino quien pague la comisión si ha intervenido una agencia inmobiliaria.

Pisos turísticos

También queda anulada la exclusión explícita de la LAU de los contratos de alquiler turístico. El rechazo también afectará a otras normas que reformaba como la Ley de Propiedad Horizontal. También se deroga la prerrogativa de que las comunidades de vecinos puedan prohibir nuevos alquileres turísticos.

Desahucios

La derogación supone eliminar esas garantías adicionales, (permitía que el inquilino alegase vulnerabilidad social, lo que obligaba al juez a pedir un informe a los servicios sociales). En caso de que el informe ratificase esa situación, el desahucio se paralizaba un mes (dos si el propietario era una persona jurídica), que Unidos Podemos denunció como insuficientes, porque exigía que el informe fuera necesario en todos los casos.

Impuestos

Se suprime la exención del pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en los alquileres de vivienda para uso estable, un tributo con poca incidencia porque no se pagaba. También se suprimen las modificaciones de la Ley de Haciendas Locales que habilitaban a los Ayuntamientos para no repercutir el IBI en alquileres sociales, cuando el arrendador fuera una agencia o entidad pública. También se suprime que los Ayuntamientos puedan utilizar el superávit de sus presupuestos, a ampliar su parque de vivienda pública.

2 Comentarios

  1. Al final la culpa segùn la izquierda caviar es de PODEMOS…..por lo visto la culpa no es del PSOE que siempre hace lo que desean los fondos buitres y los y la banca.

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