El caso Pablo Hasel ha movilizado al Gobierno de coalición. La condena contra el rapero por delito de enaltecimiento del terrorismo es una noticia demasiado dura para un Ejecutivo de izquierdas y tanto el PSOE como Unidas Podemos han movido ficha para poner en marcha las reformas necesarias, de tal forma que ningún artista vuelva a entrar en la cárcel por delitos de expresión. Si en la noche del lunes Moncloa se adelantaba a Unidas Podemos al filtrar que el Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con los “excesos” en el ejercicio de la libertad de expresión –eliminando las penas de prisión–, la formación morada registraba ayer martes en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley que incluye, entre otras medidas, la derogación de los delitos por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. Sobre el contenido de la propuesta del Ministerio de Justicia, el departamento dirigido por el ministro socialista Juan Carlos Campo, de momento se desconocen los detalles y solo se sabe que se están estudiando los tipos penales que ofrecen más dudas sobre su constitucionalidad.
Está claro que el efecto Hasel ha sacudido el Consejo de Ministros y ni PSOE ni Podemos quieren quedarse atrás a la hora de derogar una legislación sumamente restrictiva que fue impulsada en tiempos de los ministros del PP Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz. Nadie quiere pecar de tibio en este tema, y mucho menos tras conocerse el manifiesto firmado por más de 200 artistas e intelectuales, entre ellos Pedro Almodóvar y Joan Manuel Serrat, en el que se reclama la puesta en libertad para el rapero Hasel. Este clima de tensión social que el Ejecutivo quiere rebajar a toda costa ha provocado que la iniciativa legislativa de Unidas Podemos corte por lo sano en todos aquellos artículos del Código Penal que atentan contra el derecho constitucional a la libertad de expresión, una regulación cuya “influencia proviene de la dictadura y que por tanto no tiene cabida en un sistema democrático y plural”, asegura la proposición de ley. Además, se recoge que toda autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión sea castigado con una inhabilitación de 1 a 4 años para empleo o cargo público y una multa de 6 a 12 meses, mientras que quien establezca la censura previa incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 10 años.
“Las restricciones que conforman las fronteras de la libertad de expresión deben ser muy medidas y justificadas, con sanciones proporcionadas, y sin que en ningún momento estas restrinjan el debate público y la libre participación política de la ciudadanía”, añade el texto de Unidas Podemos. Como aval para la reforma, UP recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional indica además que en caso de conflicto ha de prevalecer siempre la libertad de expresión si no se ejerce con la intención de insultar o herir; si lo expresado responde a un hecho veraz de interés público; o de manera especial si esta se ejerce desde un medio de comunicación. “Pese a esto, en los últimos años estamos asistiendo a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, más allá de estos límites”, asegura la proposición.
Las restricciones a la libertad de expresión, según el partido de Pablo Iglesias, llegan por dos vías: la senda administrativa y el cauce penal. Mediante la primera, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy que trata de disuadir del ejercicio fundamental a la manifestación mediante multas. Esto ha llevado a que la ciudadanía ya no se movilice con tanta fuerza por miedo a la imposición de sanciones. En cuanto a la vía penal, se criminalizan conductas como enviar mensajes en redes sociales, manifestarse mediante una performance que reclama la igualdad de la mujer (procesión del Coño Insumiso), cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo, criticar al rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol. “En esta última vía, en la que se aplica el Código Penal, se han detectado que se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada”, añade el texto que prepara Unidas Podemos, que además pide derogar también los delitos contra los sentimientos religiosos, el tipo penal que llevó a los juzgados al actor Willy Toledo por sus blasfemias contra los dogmas del catolicismo.
Pero más allá de las propuestas de PSOE y Unidas Podemos, llama la atención que ambas formaciones hayan ido por su cuenta en este asunto y aunque tanto Moncloa como el equipo de Pablo Iglesias niegan que haya habido “descoordinación” estamos sin duda ante un nuevo foco de conflicto en el Gobierno de coalición. La polémica llueve sobre mojado después de que en las últimas horas se haya producido un encendido debate ideológico entre ministros de una y otra formación política a cuenta de la futura ley trans. En cualquier caso, parece que tanto PSOE como UP comparten la idea de que es preciso “reforzar la libertad de expresión” después de años de recortes del PP que han provocado una involución en la conquista de los derechos fundamentales.
