Podemos denuncia que el juzgado le niega casi 3 horas de la declaración de Calvente

Un juzgado de Madrid investiga la financiación de Unidas Podemos, en concreto si existía una supuesta contabilidad B en el partido. Sin embargo, a pesar de los titulares sensacionalistas y de la habitual cacería anticomunista que ya emprendido la caverna mediática contra Pablo Iglesias, lo cierto es que el asunto se encuentra en una fase incipiente, prematura, y habrá que esperar a nuevas pruebas y declaraciones para aclarar lo que ocurrió. No sería la primera vez que se urde un montaje judicial que da para un par de exclusivas en OK Diario y luego todo queda en nada.

Lo que se sabe hasta el momento es que un abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, fue despedido del partido y acto seguido se fue al juzgado con los libros de contabilidad. Ahí comienza toda esta truculenta historia. De momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como a un estrecho colaborador de Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, siempre según las informaciones de Europa Press. Se trata de averiguar si hubo un posible delito de malversación y administración desleal.

El magistrado ha citado a los tres directivos de Podemos para tomarles declaración el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado mes de julio. Hasta ahí todo correcto, pero empiezan a surgir los primeros indicios de supuesta chapuza judicial que ya han sido denunciados por Unidas Podemos. Los abogados de la organización morada han pedido al juez la nulidad de la declaración de Calvente y las imputaciones de sus tres dirigentes, ya que solo les ha llegado una parte de la comparecencia que prestó el letrado despedido el pasado 29 de julio, a pesar de que en realidad el interrogatorio se alargó durante casi tres horas y media.

“Esta parte ha advertido que únicamente se ha proporcionado grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos (y por cierto, con importantes deficiencias técnicas que impiden entender gran parte de lo declarado por el denunciante), no constando la entrega de la grabación del tiempo restante, que deberían ser unas 2 horas y 40 minutos (ya que, salvo error, la declaración se prolongó casi 3 horas y 30 minutos)”, explica el escrito remitido al juzgado por Unidas Podemos.

El hecho es de una importancia trascendental, ya que de ser así provocaría ciertamente una grave indefensión al partido de Pablo Iglesias, un error de forma que podría anular todo el procedimiento posterior. Según el representante legal de Podemos, que asistió a la declaración de Calvente, el pasado 5 de agosto pidió al juzgado de instrucción “copia de la grabación del tiempo restante”, pero la respuesta fue que “lo entregado es lo único que hay en el procedimiento” junto con la documentación que el partido aportó en la citada comparecencia. ¿Cómo puede ser que se pierdan casi tres horas de grabación del principal denunciante del caso? ¿Cómo puede suceder que al partido que está siendo objeto de una exhaustiva investigación no se le dé traslado del testimonio íntegro, en sede judicial, de la persona que lo denuncia?

Pero las supuestas irregularidades en los prolegómenos del procedimiento van aún más allá, según Podemos. “Tampoco consta que se hiciera transcripción alguna de la declaración prestada”, añade el escrito, que considera la situación “anómala e irregular”, de ahí que reclame la “nulidad íntegra de la declaración prestada por el denunciante, así como todas las diligencias de investigación acordadas por este juzgado de las que trae causa”, ya que estas actuaciones ordenadas por Escalonilla se adoptaron “a la vista del contenido de dicha declaración”, alega la noticia de agencia servida por Europa Press. Además, de la comparecencia del abogado apartado de Podemos, insiste el escrito, el partido sólo dispone de “un extracto parcial, con deficiencias técnicas para entender las respuestas del denunciante” y en el que además asegura que “no constan las preguntas formuladas ni por el Ministerio Fiscal ni por esta defensa”.

En caso de que el juez atienda la petición de Podemos, el partido solicita que Calvente, que fue despedido de la formación el pasado mes de diciembre por una denuncia de acoso sexual y laboral recientemente archivada, sea de nuevo llamado a declarar. Tras la declaración del letrado despedido, el instructor ordenó abundantes diligencias de investigación consistentes en requerimientos de información y documentación al partido, oficios a organismos públicos, al grupo de Policía Judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid, a entidades financieras, así como comparecencias testificales y de personas investigadas, según consta en la petición de Podemos.

Para la representación legal de la formación que lidera Pablo Iglesias, mantener las diligencias que ordenó el juez los últimos días de julio, tras escuchar a Calvente, sin haber facilitado a Podemos la totalidad de la comparecencia genera “una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse”. De seguir con las actuaciones en esta situación, apunta, los representantes legales de Podemos ejercerían “a ciegas el derecho de defensa de las personas que han sido llamadas a declarar en condición de investigadas el próximo mes de noviembre”.

Fuentes de Podemos consultadas por Europa Press han confirmado que tras recibir la grabación de sólo 41 minutos, volvieron a ponerse en contacto con el órgano judicial “a fin de completar la entrega” de la declaración íntegra por el tiempo restante, ya que consideraron que podía tratarse de un error. Sin embargo, han explicado que la “sorprendente respuesta” del juzgado fue que lo entregado era lo “único que consta” en el procedimiento, junto con la documentación aportada por el partido.

Mientras tanto, el juez Escalonilla ha imputado también a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos. Calvente explicó a Europa Press que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre. Irregularidades que, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

El ex abogado de Podemos presentó denuncia en Barcelona por estos hechos y fue remitida después a los juzgados de Madrid por ser los competentes para investigar. El instructor citó al abogado para que se ratificara en una comparecencia que duró casi tres horas y media. Un día después, el juez Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo.  

En todo caso, Calvente quiso dejar claro que él no ha denunciado a Unidas Podemos como persona jurídica y que su escrito no se dirige contra personas concretas, sino que ha relatado unos hechos presuntamente irregulares, de modo que es el juez quien debe decidir, tras la investigación correspondiente, quiénes son los posibles autores. El abogado fue despedido el pasado diciembre tras ser denunciado por otra de las letradas del partido, Marta Flor, por acoso sexual y laboral, denuncia que ha sido recientemente archivada por otro juez de Madrid al no encontrarse ningún indicio al respecto, siempre según las informaciones de Europa Press. El asunto es complejo y las cuestiones personales de los presuntos implicados tienen un peso crucial. La Justicia debe investigar a fondo. Luz y taquígrafos. Pero haciendo las cosas bien, sin los defectos habituales de forma y procedimiento. Es mal comienzo que parte de una prueba tan importante como la declaración del denunciante no aparezca, tal como denuncia UP. Habrá que estar atentos al desarrollo de la investigación.