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Podemos, Ciudadanos y el gran error de los otrora emergentes

Domingo Sanz
Domingo Sanz
Nacido 1951, Madrid. Casado. Dos hijos y tres nietos. Cursando el antiguo Preu, asesinato de Enrique Ruano y la canción de Maria del Mar Bonet. Ciencias Políticas. Cárcel y todo eso, 1970-71. Licenciado en 1973 y de la mili en 1975. Director comercial empresa privada industrial hasta de 1975 a 1979. Traslado a Mallorca. de 1980 a 1996 gerente y finanzas en CC.OO. de Baleares. De 1996 hasta 2016, gerente empresa propia de informática educativa: pipoclub.com Actualmente jubilado pero implicado, escribiendo desde verano de 2015.
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análisis

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Ahora que una pandemia nos tiene dando vueltas a lo mismo cada día, conviene romper el círculo para aprender de las oportunidades perdidas.

http://www.interior.gob.es/informacion-electoral es el sitio de Internet donde Interior, hoy Marlaska, publica los resultados de todas las elecciones generales celebradas en España desde 1977. 

Las del 20D de 2015 fueron las que vieron a Podemos y Ciudadanos aterrizar por primera vez en el Congreso. Los votos que necesitaron ambos partidos, y también otros tres, para conseguir cada uno de sus escaños fueron: 

Partido políticoVotos necesarios por escaño
PP58.807
PSOE61.615
PODEMOS76.157
CIUDADANOS87.863
IU463.392

               Fuente: Ministerio del Interior. Resultados elecciones 20D 2015.

Con una normativa que hubiera respetado lo que está escrito en el artículo 14 de la Constitución, es decir, la “igualdad de todos ante la ley” que, en el caso de las urnas solo puede significar que todos los votos deben valer lo mismo al convertirse en poder parlamentario durante el recuento, los resultados en número de escaños para cada uno de esos cinco partidos habrían sido los siguientes: PP 105 (123); PSOE 80 (90); PODEMOS 75(69); CIUDADANOS 51 (40); IU 13 (2). 

Los números entre paréntesis corresponden a los escaños que, en cada caso, les adjudicó la Ley Electoral de 1985, la aún vigente y que, aunque benefició claramente al PP y al PSOE, como en todas las convocatorias anteriores, ni siquiera fue suficiente para que ambos partidos se sintieran obligados a hacer lo que fuera necesario para formar gobierno. Es decir, negociar sin levantarse de la mesa hasta conseguir los acuerdos que aseguraran la investidura. Los de Rajoy, que venían de una mayoría absoluta y quizás se sintieron ofendidos por el electorado, ni lo intentaron. Y, por su parte, los mayoritarios en el Comité Federal del PSOE, pero no entre los afiliados, decidieron cortarle las alas a Sánchez para impedir que pactara con Podemos y los catalanistas. 

Rigiendo la misma Ley Electoral y casi cuatro años después, los votos por cada escaño que, en las generales del 10N de 2019, necesitaron las seis candidaturas que se citan a continuación fueron los siguientes: 

Partido políticoVotos necesarios por escaño
PP56.708
PSOE56.602
UP+ECP+PO GALI89.125
MAS PAIS+COM PV168.877
CIUDADANOS165.032
VOX70.327

               Fuente: Ministerio del Interior. Resultados elecciones 10N 2019.

Aplicando el mismo criterio del artículo 14 de la Constitución, los resultados en número de escaños de cada una de esas seis candidaturas hubieran sido los siguientes: PP 75 (89); PSOE 101 (120); UP 46 (35); MAS PAIS+COMP PV 8 (3); CIUDADANOS 25 (10); VOX 54(52).

Nadie podía prever tan espectacular avance de un Vox que en 2015 solo había conseguido 58.114 votos en toda España. No obstante, aplicando el criterio “constitucional” las dos izquierdas habrían ganado por un escaño a las tres derechas, manteniendo opciones reales, los del PSOE y UP, de pactar con nacionalistas vascos e independentistas catalanes, terreno vedado para la derecha españolista desde la desaparición del pujolismo.

Regresando al primer cuadro, lo más probable es que el día 21 de diciembre de 2015 Pablo Iglesias y Albert Rivera se despertaran tan ciegos de alegría por los fracasos de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, perdedores de 20 y 63 escaños respecto de los conseguidos en las elecciones de 2011, que no vieron que esa misma Ley Electoral acababa de discriminar cruelmente a sus votantes, pues cada uno de los de Podemos sirvió para lo mismo que solo 0,81 de los del PSOE, mientras que cada elector de Ciudadanos se “cambió al precio parlamentario” de 0,67 de los del PP.

En el caso de Pablo Iglesias, es probable que, aun siendo consciente de lo mucho que la Ley Electoral había discriminado desde siempre a los votantes de IU, se dejara ganar por el placer malsano de comprobar que, en esas mismas elecciones de 2015, cada voto le costó a Podemos seis veces menos que a los de Alberto Garzón. Seis meses antes y desde el digital “Público”, Iglesias les había dedicado un “No os acerquéis, cenizos”, más otros cuantos “piropos” en los que no es necesario abundar. 

En cualquier caso, lo más importante del 20D de 2015 fue que Rajoy y Sánchez necesitaban, respectivamente, 53 y 86 diputados de otros grupos para conseguir la mayoría, lo que significaba que los 109 diputados que sumaban Podemos y Ciudadanos colocaban a sus líderes en una posición ideal para condicionar sus respectivos apoyos a cualquier investidura a que el nuevo gobierno aprobara una reforma de la Ley Electoral que por fin cumpliera lo establecido en el artículo 14 de la Constitución. 

Iglesias y Rivera deberían haber puesto, cada uno por su cuenta o de común acuerdo, la reforma de la normativa electoral como condición “sine qua non” antes de sentarse a hablar con Sánchez y Rajoy. Y no deberían haberlo hecho ni por capricho, ni siquiera por un constitucionalismo más que justificado, sino porque era suicida, y sigue siéndolo, ignorar que la continuidad de la misma legislación, que no requiere reforma constitucional, terminaría perjudicándolos muy por encima de los errores políticos que pudieran cometer. 

Si convenimos en que el “capital” más importante de un partido político son los votos que consigue en las elecciones, tal como en una empresa lo es el valor de sus activos, y que cuidar bien el “capital” es condición principal para  garantizar el futuro, es evidente que al consentir Podemos y Ciudadanos que las “reglas del juego” electoral siguieran menospreciando a sus votantes respecto de los de PSOE y PP, estaban ellos mismos concediendo menos valor a sus electores que a los de sus principales competidores políticos.  

Los líderes de Podemos y Ciudadanos no tienen excusa para justificar el grave error que cometieron tras las elecciones generales de 2015 y, en distinta medida, tras las del 20J de 2016. Además, no había pandemia, la crisis económica mundial iniciada en 2008 estaba en periodo de franca recuperación, en Catalunya no habían celebrado ningún referéndum y hasta Obama era el presidente de los USA. Por tanto, solo ellos, con su incapacidad para analizar la primera crisis del bipartidismo desde 1982, fueron los culpables de que, cuatro años después y tras las últimas elecciones generales, el número de sus escaños se hayan reducido a la mitad y a la cuarta parte, respectivamente. 

Hoy, 23 de noviembre, el BOE publica la extinción de UPyD, tan de Rosa Díez, por no pagar una deuda. ¿Fracasarán también Podemos y Ciudadanos por los egos de unos líderes que ni respetaron ni supieron gestionar el capital que recibieron en las primeras elecciones a las que concurrieron, y regresará aquel bipartidismo autoritario que extendió la corrupción a lo largo y ancho de la actividad política?

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2 COMENTARIOS

  1. Es curioso que hable del artículo 14 de la CE, pero no hable de la distribución de los escaños que impone la Ley Electoral de 1985, que también es constitucional. En ese caso la Ley trata a todos por igual, por lo que es generalmente aceptada. El hecho es que esos resultados que ud. dice serían mediante un Sistema proporcional de Colegio único, cuando el problema es que en España se aplica la ley d’Hondt a nivel provincial, con lo que las elecciones se deciden en las pocas circunscripciones que tienen más de 7 escaños ( 14 en total), y especialmente en Madrid y Barcelona en las que los límites del 3% a nivel provincial son efectivos.

    • Este artículo es el primero de una serie reclamando la reforma de la Ley Electoral de 1985 que, en mi opinión, es anticonstitucional desde el primer día. Otra cosa es que los partidos beneficiados por la ley no quieran cambiarla, y los perjudicados se auto engañen con la ilusión de que un día les beneficie a ellos, por ejemplo un Podemos perjudicado respecto del PSOE y beneficiado respecto de IU. Supongo que usted está de acuerdo en que la Constitución está por encima de cualquier ley española. A partir de ahí, no se sostiene que en la C.E. diga que «todos los españoles son iguales ante la ley» y ante la Ley Electoral no lo sean, ni según el partido al que decidan votar ni tampoco según algo tan irrelevante como la circunscripción donde residan. Por tanto, hay que buscar una ley nueva que cumpla con esos requisitos. Así de sencillo.

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