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Pluralismo, disidencia y lawfare

Pedro Antonio Curto
Pedro Antonio Curto
Escritor. Colaborador del periódico El Comercio y otros medios digitales. Autor de los libros, la novela El tango de la ciudad herida, el libro de relatos Los viajes de Eros, las novelas Los amantes del hotel Tirana (premio Ciudad Ducal de Loeches) y Decir deseo (premio Incontinentes de novela erótica). Premio Internacional de periodismo Miguel Hernández 2010. Más de una docena de premios y distinciones de relatos. Autor de diversos prólogos-ensayo de autores como Robert Arlt y Jack London, así como partiipante en varias antologías literarias, la última “Rulfo, cien años después”.
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análisis

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Cuando existían los bloques del este y del oeste, uno de los debates que se establecían entre ambos modelos es que mientras las democracias liberales permitían la disidencia y se basaban en el pluralismo, mientras los del llamado “socialismo real”, negaban el pluralismo y perseguían a la disidencia. En occidente se suponía que un disidente del orden político existente podía presentarse a las elecciones, ser elegidos y si su opción conseguía la mayoría, efectuar cambios. Quizás sea una de la razones porque el bloque del este no exista hoy. Pero las cuestiones son más complejas, en España, bajo el marco jurídico-político del 78 se persigue o limita la disidencia, y cuando ésta tiene una mayoría institucional y social, se impiden sus proyectos políticos. La destitución del presidente de la Generalitat, Quim Torra, es un claro ejemplo de ello. Otra cuestión es que métodos se utilizan para tratar de disimular la represión política más clásica.

El “lawfare” (guerra jurídica), es un método por lo cual un poder amparandose en las burocracias del estado, crea una arquitectura de apariencia legalista para perseguir disidencias o impedir cambios políticos. Es decir se coloca un poder factico por encima de las representaciones y voluntades democráticas de la ciudadanía. Esto se produce de manera fundamental en regímenes como el español, donde no se ha producido una ruptura democrática con el ordenamiento totalitario anterior, sino un cambio lampedusiano. El intento de destituir al president Quim Torra es una lawfare de libro. Un hecho mínimo, una supuesta falta administrativa, como colocar una pancarta en un edificio público en periodo electoral (cuestión que se hace habitualmente y no deja de ser una practica de la libertad de expresión), se convierte en un proceso judicial que sienta a Quim Torra en el banquillo. Un tribunal probadamente parcial condena a un presidente elegido democráticamente, lo inhabilita durante año y medio. Y ahora, para ampliar la barbaridad, un organismo administrativo y sin competencias judiciales, con buena parte de sus componentes nombrados por designación política, la Junta Electoral Central, pretende inhabilitarlo ya. Se incumplen planteamientos básicos de las democracias liberales: separación de poderes e independencia judicial. Si esto no es un golpe de estado, se le parece mucho. Y esto queda claro en la declaración del presidente del PP, Pablo Casado en dos twis: “El PP consigue que Torra pierda su escaño de diputado…”y “Otro recurso del PP a la Junta Electoral Central consigue que Junqueras no sea eurodiputado y por tanto siga en la cárcel…” Por añadidura se quitaba el escaño a Oriol Junqueras, sin respetar a los tribunales europeos; la ley, para los del “imperio de la ley”, se cumple cuando les interesa. Hasta tal punto quedaba claro la maniobra que Casado anunciaba la noticia antes que la propia JEC. Como dijo Goethe: “Desconfía de aquellos con poderoso deseo de castigar.”

Quizás sea Montesquiu el inhabilitado. Tras ello nos encontramos con un monopolio del estado radicalmente autoritario, incluido el monopolio arbitrario de la violencia, que debían saber estos “patriotas” a donde están llevando a España: hacia un estado fallido.

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