El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaba esta semana una sentencia que obliga a todas las escuelas catalanas a impartir un 25% de las clases en castellano. “Ya hace tiempo que venimos advirtiendo de una deriva de acciones y ataques judiciales contra la lengua catalana”, denuncia a Diario 16 Diego Sola, miembro de la ejecutiva de la Plataforma per la Llengua. Desde esta entidad se persigue la normalización total de una lengua en proceso de “minorización” como es el catalán. Las denuncias que hacen desde la Plataforma chocan contra una realidad bien diferente: la de los tribunales. “Esta sentencia reclama el 25% de clases en castellano, presuponiendo que el 75% restante de las clases se imparten en catalán”, y es que desde la entidad recuerdan que la aplicación de la inmersión lingüística está lejos de ser una realidad: “desde la Plataforma per la Llengua hacemos una crítica del incumplimiento de la inmersión lingüística; dicho irónicamente: ya nos gustaría que el 75% de las clases en Cataluña fuesen en catalán.”
La inmersión lingüística
El modelo de enseñanza que se aplica en las escuelas catalanas se basa en la inmersión lingüística. Esto supone que los estudiantes estudien en una lengua concreta con el propósito de normalizar su uso. En el caso de Cataluña, la inmersión al catalán debe convivir con el aprendizaje del castellano. El modelo de enseñanza parece no haber fracasado en este sentido, ya que las estadísticas demuestran que el conocimiento del castellano que tienen los alumnos catalanes está por encima de la media del que se tiene en el resto de Estado. Así lo demuestran el Informe Pisa y las pruebas de selectividad a las que cada año se enfrentan los alumnos españoles. Aunque la diferencia entre las pruebas que realizan unas Comunidades Autónomas de otras es utilizada por algunos para hablar de fraude.
Éxito o fracaso
Hay quienes critican el modelo y lo consideran un fracaso que las instituciones catalanas intentan por todos los medios ocultar. “Los alumnos se enfrentan a exámenes de lengua castellana cuando pasan de primero a segundo ciclo dentro de la primaria y, también, cuando pasan de primaria a secundaria. Estas pruebas son perfectamente homologables a las que realizan los alumnos del conjunto del Estado”, estos son los argumentos que expone Diego Sola para acallar los rumores que se empeñan en justificar el fracaso del modelo aludiendo a unas pruebas e informes adulterados. “Lo importante es considerar que, desde el mundo educativo catalán, los profesionales que se dedican a la enseñanza dan cuenta de las bondades del sistema”, sentencia Sola
Evitar la segregación
La inmersión lingüística arrancó en 1983 con un consenso aplastante, ya que sólo hubieron dos votos en contra de la medida. Desde los sectores no catalanistas se defiende que ese consenso a cambiado con el tiempo. “Este es el enésimo ataque de los tribunales contra el catalán y contra los consensos de la propia sociedad catalana, que se expresan mediante las elecciones en el parlamento de Cataluña”, continúa Diego Sola, poniendo énfasis en que las fuerzas que defienden este modelo de enseñanza continúan manteniendo una mayoría abrumadora dentro del Parlamento de Cataluña. Pero además del consenso está la intencionalidad de la inmersión. “La inmersión se creó para evitar la segregación escolar. Es decir, castellanohablantes por un lado y catalanohablantes por otro. Ese fue su éxito en los años 80 como modelo”, explica Sola.
Escuchar a los profesionales
Y es que para las entidades que defienden la política de inmersión lingüística es absurdo y peligroso que sean los jueces los que dictaminen cuál debe ser el modelo de enseñanza a seguir. “Somescola considera intolerable la intrusión de los tribunales a la hora de regular la política educativa del país… son los profesionales de la educación, y no los juristas, los que tienen que determinar qué modelo garantiza la competencia lingüística”, así manifiestan también su queja desde Somescola, otra plataforma que defiende la normalización del catalán.
Mucho por hacer
Aún queda mucho por hacer y los que defienden el modelo de inmersión tienen claro hacia dónde hay que ir y quiénes tienen que ser los guías.“Reclamamos a las instituciones que refuercen el programa de inmersión lingüística; y que se escuche, sobre todo, a la comunidad educativa, que son los que realmente pueden decirnos hacia dónde tenemos que ir”, reclaman desde Plataforma per la Llengua.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior tendrá un difícil encaje dentro de la recién aprobada Ley Celáa, así que todo quedará, presumiblemente, en una rabieta judicial.
