La leña enviada por Unidas Podemos a la Cañada Real.

La precariedad en la que viven los vecinos de la Cañada Real ha provocado multitud de peticiones con el fin de resolver la situación de estos asentamientos de chabolas que llevan desde el mes de octubre sin suministro eléctrico por los continuos cortes provocados por los enganches a la red eléctrica y,  que han provocado una sobrecarga dejando al poblado sin red eléctrica. La Plataforma de Infancia se une a las reivindicaciones a través de un manifiesto al que ha tenido acceso Diario16.

Desde Plataforma de Infancia advierten que “esta situación pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también en otros derechos como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria”.

Además, recuerdan que instituciones como el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la propia Plataforma de Infancia han trasladado a las diversas instituciones competentes la necesidad de impulsar medidas, tanto urgentes como a largo plazo, para acabar con esta situación, siendo la cuestión más inmediata la necesidad de volver a proveer a las familias de suministro eléctrico.

“Las organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente”, reza el manifiesto.

También recuerdan que el Real Decreto Ley 37/2020, aprobado el pasado diciembre, “es muy claro con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro”.

Por otro lado, destacan que “la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer, en ningún caso, un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización”. Igualmente,  debe recordarse, “ante la existencia de enganches en precario”, que las personas afectadas han solicitado la posibilidad de tener contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni “se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan” como ha trasladado el Defensor del Pueblo.

Cabe recordar en este sentido, aseguran,  que es un compromiso asumido por todas las administraciones públicas implicadas, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, la garantía de un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los ciudadanos de la Cañada Real. Este Pacto fue firmado en mayo de 2017 y dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados.

Por todo lo anterior, desde la Plataforma de Infancia demandan la adopción urgente de las medidas excepcionales necesarias para el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico a todas las familias afectadas; la adecuación y rehabilitación de la red eléctrica en la zona para garantizar un adecuado suministro eléctrico, partiendo en su caso de un peritaje externo que pueda esclarecer las dificultades técnicas y buscar soluciones a corto y largo plazo; iniciar la posibilidad para acceder a contrataciones dentro de la legalidad en el corto plazo; implementar los acuerdos establecidos en el Pacto Regional de la Cañada Real Galiana en el medio plazo para solventar este y otros graves problemas que sufren las familias de estos sectores; realizar una evaluación del impacto que esta situación está teniendo en el bienestar y derechos de los niños y niñas afectados de cara a la toma de decisiones para reparar el daño e impacto negativo que haya podido tener en los diferentes ámbitos.

Además, la plataforma pide que se tengan en cuenta en todo momento la opinión de las familias afectadas y garantizar que las medidas que se implementan tengan en cuenta el Interés Superior del Niño tal y como obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, por encima de cualquier otra consideración.

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1 Comentario

  1. ¿El vicepresidente segundo y ministro de asuntos sociales Pablo Iglesias Turrión, no tiene nada que decir sobre este asunto?

    Estas son sus competencias;

    «La protección y promoción de las familias y su diversidad y la infancia, así como la prevención de las situaciones de necesidad en las que estos colectivos pudieran incurrir, en el ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

    La promoción y defensa, desde una perspectiva integral, de los derechos de la infancia y la adolescencia, en el ámbito de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado.»

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