En los últimos meses el mundo independentista se ha fracturado entre los que apuestan por continuar con el ‘procés’ de independencia por vías pacíficas y aquellos que optan por dar una vuelta de tuerca a la estrategia y pasar a una acción más agresiva y contundente. Es decir, entre la vía Junqueras y la “vía eslovena”, un escenario de enfrentamiento que podría llegar a ser violento y que Quim Torra aún no ha descartado del todo. Al menos eso se deduce de la documentación incautada a los arrestados en la Operación Judas. Ese clima prebélico (con agentes de los servicios de inteligencia que van y vienen, operaciones cuasi militares, comandos y fabricación de explosivos) parece haber sido asumido ya por el president, que todavía no ha condenado las presuntas actividades terroristas de los CDR.
Pero es que aún hay más. Según La Sexta, que ha tenido acceso a uno de los autos de prisión de los siete detenidos acusados de terrorismo, estragos y tenencia de explosivos, los arrestados hacían las veces de enlace con el president y con Carles Puigdemont en su residencia de Waterloo, una supuesta operación en la que jugaban un papel fundamental los servicios de inteligencia de la Generalitat: el conocido como “CNI catalán”.
La información que está ofreciendo la cadena de televisión privada asegura que los detenidos habrían servido de correos para el intercambio de “documentación sensible” sobre los planes a seguir de cara al 1 de octubre, segundo aniversario del referéndum de autodeterminación que dio pie a la declaración unilateral de independencia, y en el caso de que la sentencia del Tribunal Supremo sea condenatoria y ejemplarizante para los políticos presos. En esa supuesta hoja de ruta, al menos cinco de los detenidos por la Guardia Civil se habrían visto con la hermana del expresident, Anna Puigdemont, en una supuesta “reunión secreta”. Según la prensa independentista catalana, ella lo ha negado alegando que ese día se encontraba en el médico.
Pero lo más grave del plan recogido en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón es que el «CNI catalán» habría ordenado el supuesto asalto al Parlament. Eso sería tanto como decir que Torra y Puigdemont habrían apretado el botón verde a la vía eslovena, es decir, un asalto a la Cámara legislativa autonómica por parte de un sector de la ciudadanía. “En la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precitado día ‘D’, con el fin último de subvertir el orden constitucional”, asegura el auto del juez, según cita La Sexta.
“El desarrollo del plan, encomendado por parte del denominado «CNI catalán» se habría asumido y planificado por el ERT [los Equipos de Respuesta Táctica, la unidad más violenta de los CDR], estando implicados en varias de las iniciativas que conformarían dicho plan. En este contexto, se ha observado por medio de intervención telefónica a G.X.D. [uno de los implicados] no sólo tener conocimiento de tales hechos, sino que habría mostrado de manera expresa su plena disposición a participar en el asalto al Parlamento”, reza el auto.
La resolución judicial añade información sobre los pinchazos telefónicos a Guillem X.: “En otra conversación telefónica de G.X. D. con J.R., integrante del ‘núcleo productor’, y que por esa fecha ya había empezado a adquirir productos químicos, en la que comunica a G.X. que deberían empezar a mover las cosas porque las noticias avanzan desfavorablemente”.
El auto vendría a demostrar que hay “indicios racionales suficientes que sin ningún género de duda sitúan a algunos de los CDR detenidos con un conocimiento avanzado de la planificación terrorista que se estaba gestando en el seno del ERT”.
El asalto al Parlament tendría sin duda una respuesta inmediata del Estado español con consecuencias que podrían llegar a ser trágicas. Hace dos años, en pleno ‘procés’, la prensa informó de que unos 300 agentes de seis unidades de élite de la Policía Nacional española y la Guardia Civil tenían a punto un plan para responder militarmente a un posible asalto al hemiciclo “por tierra, aire y subsuelo” y con el objetivo de detener al entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su comparecencia en el hemiciclo del 10 de octubre, en la que dejó en suspenso la declaración de independencia y ofreció diálogo al Gobierno español. Así, un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado −el más numeroso (250 efectivos)− habría entrado en el Parque de la Ciutadella y habría expulsado a los manifestantes, mientras que otra parte del grupo (15) lo hubiera hecho a través de las alcantarillas. Un último comando en helicóptero descendería por una escalera hasta la parte superior del Parlament. Toda la misión se basaba en planos perfectamente detallados del parque de la Ciutadella y del subsuelo.
Ni que decir tiene que una operación policial de tal calado provocaría el enfrentamiento armado con los atrincherados, con consecuencias dramáticas. Aquel fue el “plan C” del Gobierno Rajoy, el último recurso en el caso de que la rebelión llegara a mayores y una parte de la sociedad civil catalana tomara el Parlament. La operación se mantuvo en “secreto” en todo momento y contemplaba un escenario de máxima tensión: grupos de manifestantes independentistas acampados como barreras humanas a las puertas de la Ciutadella, a la espera de las cargas policiales, y un president con sus consellers atrincherados en la cámara autonómica.
El escenario, casi bélico, que se extrae de los documentos incautados en la Operación Judas, hubiese acarreado consecuencias imprevisibles, y nos abocaría a una segunda fase violenta del ‘procés’, a la aplicación inmediata del artículo 155 y casi con toda seguridad a la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Nacional. Precisamente hoy el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique esta ley tras las últimas informaciones sobre los Equipos de Repuesta Táctica (ERT) y la preparación de explosivos. La norma prevé la toma por parte del Ejército de puntos estratégicos en Cataluña. La “ulsterización” que no solo va buscando la extrema derecha española. También Torra en su estrategia de máxima tensión y de llegar hasta el final en la independencia de Cataluña. Incluso por la “vía eslovena” si es preciso.
Para mí ese tío es tan facha como los de vox. Torra y vox se dan la mano. Ambos parece vivir de comer banderas además, ambos representan a las élites más patógenas para la sociedad. Por último anteponen «su» territorio al bienestar de las personas. En mi caso ambos me dan asco.