El Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo intergubernamental responsable por la regulación de los fondos marinos en aguas internacionales, se reúne en un momento crítico, en el que varios Estados pretenden forzar que se autorice el inicio de la explotación de la minería submarina en 2023.
En la sesión inaugural, varios Estados se han sumado al llamamiento realizado por España en agosto pasado para establecer una “pausa precautoria” que ponga freno al avance de la minería submarina y la destrucción que esta causaría, tal como vienen demandando Ecologistas en Acción y otras organizaciones ambientales, representadas en Jamaica por la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (DSCC).
Coalición de países
Alemania, Costa Rica y Panamá han apuntado también la necesidad de una pausa precautoria, mientras que Nueva Zelanda se mostró partidaria de una moratoria. Se alarga así el número de países que se han pronunciado en este sentido, que incluye también a Chile, Ecuador, Fiyi, Palao y Samoa.
El Embajador de España y representante ante la Alta Autoridad para los Fondos Marinos, Diego Bermejo Romero de Terreros, ha recordado que “el principio de precaución nos obliga a anticiparnos a los impactos negativos sobre el medio marino y sus consecuencias, como la pérdida de biodiversidad”, de modo que una pausa precautoria es necesaria “hasta que seamos capaces de garantizar una protección eficaz del medio marino”.
España en el Consejo del ISA
En 2023 España pasará a formar parte del Consejo de la Alta Autoridad de los Fondos Marinos, asumiendo una gran responsabilidad en un momento crucial en el que se adoptarán decisiones sin precedentes en términos de gravedad y potenciales impactos a escala planetaria.
El inicio de la minería submarina, alertan desde la organización ecologista, tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la biodiversidad de toda la columna de agua, incluidas las poblaciones de peces que forman parte de la alimentación humana. Por eso consideran que una moratoria o pausa precautoria «puede impedir el avance de una explotación submarina que no tendría en cuenta la magnitud de los impactos y las propias carencias de la Autoridad Internacional como organismo responsable de regular esta actividad y, al mismo tiempo, proteger los fondos marinos».
Piden al Gobierno que avance en el establecimiento de una moratoria
En septiembre de 2021 España fue uno de los gobiernos que apoyó la resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por una moratoria internacional, comprometiéndose a avanzar hacia su establecimiento. Esto es algo que vienen pidiendo organizaciones ecologistas, la comunidad científica, el sector pesquero y también los parlamentos de Galicia y Canarias mediante resoluciones instando al Gobierno a dar ese paso.
Los impactos de la minería submarina
Numerosos organismos y entidades han alertado sobre los impactos conocidos o probables de la minería submarina, al igual que la comunidad científica y algunas de las mayores empresas del sector de la tecnología y la automoción, que han suscrito una llamada conjunta para una moratoria sobre la minería de aguas profundas comprometiéndose a no obtener ningún recurso minero del lecho marino.
El Banco Europeo de Inversiones ha clasificado la minería submarina como actividad excluida al considerarla como “inaceptable en términos ambientales y climáticos” y diversos estudios, incluyendo un informe del parlamento británico de 2019, han concluido que la minería submarina no es necesaria para obtener los materiales necesarios asociados a la transición energética.
