Una investigación realizada en 1995 por el catedrático de la Universidad de Salamanca Félix López Sánchez y publicada por el Ministerio de Asuntos Sociales de España determinó que el 4,17% de los abusos a menores fueron realizados por religiosos. En 2021, una investigación conjunta coordinada por la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad del País Vasco concluyó que los casos de pederastia en el seno de la Iglesia española fueron sistemáticos, y derivaron en una nula colaboración para esclarecerlos así como en una inadecuada reparación por parte de la Conferencia Episcopal a quienes sufrieron estas prácticas de abuso sexual.
Ayer se dio un paso más para terminar con esta impunidad. Unidas Podemos (UP) propondrá, junto con ERC y EH Bildu, la creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia católica en el Congreso, para lo que esperan contar con el apoyo del PSOE. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y líder de los comuns en la Cámara baja, Jaume Asens, ha anunciado que “en los próximos días” presentarán esta iniciativa, al igual que han hecho países como Alemania, Irlanda, Bélgica y Francia, según informa Europa Press.
“Se me hace extraño pensar que partidos como el PSOE queden excluidos de esta iniciativa, porque es de sentido común, razonable y en el sentido que pide el Papa Francisco”, ha defendido Asens, que ha añadido que comparten la reflexión del Sumo Pontífice de que se deben investigar estos hechos porque ofenden a la conciencia de la humanidad.
Asens ha hecho balance de cómo ha transcurrido el curso político y ha puesto el foco en cómo ha subido el tono de las declaraciones dentro del Congreso de los Diputados.
En Francia, la Iglesia encargó una investigación independiente que encontró 216.000 víctimas desde 1950, informa Religión Digital. En Alemania, financió un estudio que halló 3.677 casos entre 1946 y 2014. Pero en España, con un alto porcentaje de católicos, la Iglesia contabiliza solo 220 casos desde 2001 y descarta indagar «de manera proactiva» los abusos. La Conferencia Episcopal, que tiene información de 220 casos investigados desde 2001, asegura que instaló en las diócesis oficinas de protección de menores y prevención de abusos para recibir denuncias, atender a las víctimas e investigar, hasta donde sea posible, las circunstancias en las que se produjeron.
También ha pagado algunas indemnizaciones, pero las víctimas critican las cifras y dicen que difieren de persona a persona sin razón aparente. No obstante, la Iglesia descarta una pesquisa exhaustiva. «No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general», zanjó a finales de septiembre en rueda de prensa el secretario general de la CEE, monseñor Luis Argüello. En España podría haber una cifra similar (de víctimas) a la de Francia o incluso más, dado el poder de la Iglesia durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y el ventajoso concordato que mantiene con Madrid. Las asociaciones aplauden un primer paso. En mayo, una ley de protección de menores estableció que el plazo de 15 años de prescripción de los abusos sexuales empiece a contar cuando la víctima tenga 35 años. No obstante, lamentan que no haya retroactividad.
