Es Murcia tierra de caciques. Allí siempre han funcionado las relaciones clientelares, el enchufismo, el chanchullo y el compadreo. La influencia de lo rural y una considerable tasa de desinformación e incultura entre sus gentes ha favorecido el enquistamiento del caciquismo, que ha seguido vigente desde el siglo XIX hasta hoy. La Murcia de López Miras parece seguir instalada en ese agujero negro de la historia.
Hace solo unas semanas supimos del vacunagate, un inmenso escándalo sobre altos cargos vacunados saltándose las listas de espera sanitarias. Poco después se constituyó una Comisión Especial de Investigación para indagar en la aplicación del protocolo de vacunación en la Región y aclarar quiénes tomaron las decisiones que supusieron la vulneración de la ley, a quiénes beneficiaron y a quiénes perjudicaron. Lo que ah quedado de aquello es que cientos de personas se vacunaron sin pertenecer a los grupos de riesgo durante la primera fase, “una verdadera traición a todos los murcianos a los que robaron la vacuna”, según se dijo en su día.
Hoy mismo se ha sabido que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, medió en la operación quirúrgica de un familiar del diputado popular Teodoro García Egea, según una información publicada por Infolibre. Según este medio, una cámara captó en la Asamblea Regional de Murcia los mensajes que el presidente murciano se cruzaba con el secretario general del PP. En ellas se ve cómo López Miras le confirma a García Egea la fecha de una intervención y cómo este le responde: “Cojonudo”. También comentan otros aspectos médicos y Egea le indica: “Asegúrate que lo citan por favor”.
Dimisión de Egea
En cualquier país serio del mundo, el asunto habría sido causa de dimisión inmediata. Hace apenas unas horas, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pedía el cese de García Egea por supuestamente haberse beneficiado de un caso de tráfico de influencias. “Se saltaron los grupos de edad para vacunar a sus amigos y se saltan las listas de espera quirúrgicas para adelantar una operación a un familiar. La Sanidad debe ser igual para todos”, asegura el ministro y secretario de Organización del PSOE en su cuenta de Twitter.
Todo forma parte de una información publicada por el diario Infolibre, que se hacía eco de una conversación entre García Egea y López Miras
Todo forma parte de una información publicada por el diario Infolibre, que se hace eco de una conversación entre García Egea y López Miras en la que este último parece mediar con un alto cargo de la Consejería de Salud para adelantar presuntamente la intervención quirúrgica, según informa La Opinión de Murcia.
Por su parte, el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha asegurado que “la situación es insostenible” en Murcia y que el Gobierno regional “no tiene legitimidad para seguir en sus responsabilidades”.
La respuesta del Partido Popular ha sido la que se esperaba: matar al mensajero. Fuentes populares han informado hoy martes de que su equipo jurídico presentará una denuncia por “intromisión ilegítima en la intimidad personal con vulneración de los derechos fundamentales al secreto en las comunicaciones y a la intimidad”. Además, afirman con rotundidad que “la información publicada es absolutamente falsa”.
“En todo momento se han seguido los protocolos médicos establecidos para este tipo de pacientes”, aseguran los populares en un comunicado de prensa, en el que añaden que se ha publicado, además, una conversación privada descontextualizada de un presidente autonómico a la que han accedido de forma ilícita.
En el PP están convencido de que el artículo 197 del Código Penal les avala cuando establece que “el acceso por un tercero, y su grabación, sin consentimiento ni autorización judicial, de conversaciones privadas que se mantienen entre dos personas, y su captación por dispositivos técnicos, no solo constituye una intromisión ilegítima en la intimidad personal con vulneración de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal y familiar, sino, adicionalmente, constituye un delito de descubrimiento de secretos”. Y añade: “La divulgación de este contenido constituye asimismo un delito y recuerdan que el Código Penal sanciona adicionalmente como tipo agravado la difusión de datos que afectan a la salud”.
Está claro que en el PP no van a pedir disculpas a los murcianos después de que Infolibre los haya pillado con el carrito del helado. Lejos de hacerlo, ya se encargarán de asfixiar a los periodistas. Lo dicho: propio de caciques.
