El Perú, celebra el 28 de Julio del 2021 el II Siglo de su Independencia como nación. Y en esta oportunidad, coincide con la juramentación de un nuevo Presidente elegido por el voto mayoritario de obreros y campesinos de una nación con cerca de 35 millones de personas.
La institución oficial de elecciones informa que el candidato Pedro Castillo, Profesor de Educación, es el ganador del último proceso electoral con 835 970 501. Ha recibido el mayor respaldo, en la población de menores ingresos y regiones fuera de Lima, la capital nacional poblada por el tercio nacional de habitantes.
El conteo oficial del 100% de votos: el 50.12% es para el profesor Castillo, mientras la candidata de los ciudadanos más conservadores y empresarios, obtuvo el 49.87% de votos. Esta candidata es hija del expresidente Alberto Fujimoril, quien cumple prisión por quiebra de los Derechos Humanos y corrupción.
El presidente del Perú, Francisco Sagasti, desestimó el pedido de Fujimori para que la OEA hiciera una auditoría internacional. La Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han declarado que las elecciones en el Perú fueron transparentes.
El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo el 50,125% de los votos frente al 49,875% de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisa una ventaja de alrededor de 44.000 votos.
La candidata Fujimori pidió anular 200.000 votos porque quería “defender el voto” ante un “fraude en mesa”. Lo paradójico es que el frente de las fuerzas conservadoras tienen como única voz a la candidata que encarna los aspectos más negativos que arrastra el Perú desde 1990. Los grupos empresariales han desaparecido de los medios de comunicación.
La CEPAL y otras instituciones han publicado comentarios y tesis sobre las elecciones de Latinoamérica y El Caribe. Esta oportunidad, explica la socióloga peruana Ariela Ruiz Caro, consultora del Instituto Latinoamericano de procesos de privatizaciones en el Perú, con incidencia en el período 1991-2002:
Después de haberse iniciado el proceso de privatización de empresas públicas, invadió al país la sensación de pérdida irreversible del control sobre las empresas del Estado, que algunas fueron vendidas a precios subvaluados.
La crisis financiera y de gestión que atravesaban las empresas públicas, y las dificultades económicas que impedían dar cumplimiento al servicio de la deuda externa durante la década de los ochenta, fueron los factores determinantes que impulsaron el proceso privatizador.
El escenario hiperinflacionario, agravado por grupos terroristas y amplio descontento de la ciudadanía nacional fue argumentos para subvaluar algunas empresas que fueron privatizadas a través de la subasta pública.
El proceso de privatización determinó un cambio significativo en la composición pública y privada de la deuda externa. La deuda privada aumentó como consecuencia del hecho que las empresas tomaron préstamos del exterior para comprar los activos públicos.
Los organismos creados para regular los servicios privatizados no tuvieron la necesaria independencia para llevar a cabo su misión con el alcance y la profundidad que exigía el resguardo del interés público involucrado.
Años después de haberse iniciado el proceso de privatizaciones, se ha puesto en evidencia que el mercado no constituye automáticamente garantía de calidad y precio.
En opinión del Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, la visión de privatizar hoy y regular mañana puede ser particularmente dañina, especialmente porque puede consolidar grupos con un gran poder económico. Responsabiliza a los economistas a cargo de estas reformas de crear estos intereses económicos porque se olvidaron de las fallas del mercado.
Es importante destacar, asimismo, que en muchos casos, la deuda externa e interna de las empresas públicas fue transferida al Gobierno Central antes de ser privatizadas, por un monto que ascendió a 1.460 millones de dólares.
Según información del BID, el 63% de los latinoamericanos tiene una opinión desfavorable respecto a las privatizaciones de empresas estatales realizadas por los gobiernos en la década de los noventa. En el Perú, dicho porcentaje es aún mayor, lo cual dificulta seriamente el relanzamiento del programa de privatizaciones.
En los países de la región se crearon los Bancos Centrales que se encargaron de la emisión de moneda, control y supervisión de las entidades financieras y crediticias, de la política cambiaria, entre otros. Se puede recordar, que al finalizar la segunda guerra mundial, en algunos países latinoamericanos, especialmente en Argentina, Brasil, México y Bolivia, se dio inicio a un proceso de nacionalizaciones en diversos sectores de la producción de bienes y servicios, dando lugar a una creciente participación del Estado en la actividad económica.
En el Perú, este proceso se inició recién a fines de la década de los sesenta. Las nacionalizaciones, en algunos casos, fueron efectuadas en empresas que habían dejado de ser rentables por el elevado grado de obsolescencia que presentaban, ya que requerían ser modernizadas y reequipadas.
Durante la década de los sesenta, organismos multilaterales como el Banco Mundial promovieron la creación de empresas estatales como una manera de generar estructuras empresariales dentro del Estado a las cuales prestarles fondos, con posibilidades de lograr mayor eficiencia en relación a las que podrían lograr las entidades privadas.
Esta orientación prevaleció básicamente en infraestructura, especialmente en electricidad. En el Perú, el origen de la mayor parte de empresas públicas, tanto nuevas como por resultado del proceso de nacionalizaciones, se remonta a inicios de la década de los setenta, cuando el gobierno militar presidido por el Gral. Velasco Alvarado aumentó significativamente la participación del sector público en la economía.
Pues durante el período 1970-90 las empresas estatales experimentaron un fuerte crecimiento en su participación en la economía peruana. El Estado tenía el monopolio en servicios básicos como la electricidad, hidrocarburos y las telecomunicaciones.
El proceso de privatización determinó un cambio significativo en la composición pública y privada de la deuda externa.
La experiencia viene demostrando que, al menos en el caso del suministro de los servicios públicos, las ganancias en productividad y eficiencia no han sido transferidas debidamente a los usuarios, no solamente en cuanto a precios y tarifas sino también respecto del incremento de la calidad de los servicios.
La excesiva injerencia del Poder Ejecutivo en los entes reguladores ha sido otra de las características de las privatizaciones en el Perú. Los organismos creados para regular los servicios privatizados no tuvieron la necesaria independencia para llevar a cabo su misión con el alcance y la profundidad que exigía el resguardo del Estado.
Es creciente el número de economistas que reconocen y señalan la existencia de fallas del mercado, lo cual hace necesario intervenciones correctivas del Estado, en tanto este tenga la capacidad técnica y Etica.
Este es el reto y la misión supervisora del nuevo gobierno. Criterio que incomoda al sector privado, acostumbrada en más de treinta años de cinco gobiernos que ha permitido la continuación del modelo más la creciente informalidad y corrupción, mayor empobrecimiento del país, y deterioro de las instituciones. La pandemia que aparece en el 2019 convirtió al Perú como el país con mayor población afectada…La nueva administración tiene mucho por hacer.
