España sigue sin ser un país limpio de contaminación nuclear. Al menos 6 zonas de la Península Ibérica están contaminadas por este tipo de radiación letal para el ser humano, según ha reconocido el propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que advierte de que se desconoce el efecto real que puedan tener estas emisiones en la salud de las personas. La amenaza resulta inquietante y pese a todo, ¿algún Gobierno ha tomado cartas en el asunto para calibrar la dimensión del problema al que nos enfrentamos? Nadie de momento. El tema ni siquiera aparece en los programas electorales de los partidos políticos, mientras el aire y las aguas siguen estando contaminadas y el riesgo aumenta cada día.
Entre los territorios sometidos a dosis de radiación están la localidad de Palomares (Almería) –afectada por el incidente aéreo de 1966, cuando se desprendieron cuatro bombas termonucleares de aviones norteamericanos–, y las marismas de Mendaña, en la desembocadura del río Tinto (Huelva). Según el organismo regulador de la energía nuclear en España, estas zonas “presentan radiactividad originada por actividades humanas”. Con todo, el CSN no llega a calificar estos puntos como “zonas contaminadas”, ya que no existe una regulación específica sobre la materia. Este vacío legal, más la falta de estudios científicos exhaustivos, podría estar poniendo en peligro la seguridad y la salud de la población.
La falta de rigor y de transparencia en un problema tan grave ha sido criticada por organizaciones ecologistas como Greenpeace, que exige la publicación de todos los informes que el CSN mantiene como materia reservada hasta el momento. “Entre estos documentos está el informe con los criterios para la adjudicación del emplazamiento del cementerio nuclear (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), su aprobación o el sobrecoste que tendría esta ubicación”, según la organización conservacionista.
Greenpeace ha denunciado la “política del miedo” −denunciada también por técnicos del CSN−, y sus posibles consecuencias para la seguridad, tal como consta en una reciente carta remitida por los trabajadores de las centrales nucleares al Congreso de los Diputados.
Estas serían las áreas afectadas por la radiactividad en España:
Almería
El 17 de enero de 1966 dos aviones militares de EE.UU colisionaron cuando sobrevolaban la localidad almeriense de Palomares. De las cuatro bombas termonucleares que transportaba uno de los aviones, dos detonaron al chocar contra el suelo, liberando parte del material radioactivo que contenían. El ejército estadounidense emprendió la limpieza en el área y envió material contaminado de regreso a EE.UU, pero la limpieza no fue completa y dejaron una cantidad significativa de contaminación en la zona. En la actualidad existen incertidumbres. Hay zonas contaminadas fuera de las valladas y la radiación no está controlada. Greenpeace presentó el documento 50 años de accidente de Palomares: El suceso, las consecuencias y la gestión de los residuos radiactivos, en el que se exponen los datos disponibles del siniestro, repasando las actuaciones de limpieza, investigación y vigilancia que se han llevado a cabo desde el año 1966 hasta hoy.
Huelva
Desde 2004 Greenpeace viene denunciando la radiactividad de las balsas de fosfoyesos, situadas a escasos 500 metros de la ciudad de Huelva. Estos proceden de la actividad industrial de las empresas de la zona. En el año 2007 los ecologistas descubrieron un nuevo vertido radiactivo, situado en el extremo norte de estas balsas (CRI-9). En este lugar se enterraron ilegalmente, y sin un control adecuado, miles de toneladas de materiales altamente contaminados por cesio-137. En 2018, Greenpeace dinfundió nuevas imágenes aéreas que confirman las filtraciones de fosfoyesos a la ría de Huelva tras los temporales. Las balsas de fosfoyesos contienen más de 120 millones de toneladas de residuos industriales tóxicos, peligrosos y radiactivos, como dictaminó la Unión Europea en 2010.
Tarragona
En el embalse del río Ebro, localidad de Flix (Tarragona) se ubicaban lodos de fosfatos con presencia de uranio-238, que ya han sido retirados según el CSN. Sin embargo, Greenpeace denuncia la contaminación de otros radionucleidos encontrados en el embalse (radio 226, torio 232, plomo 210, cesio 137, cobalto 60 y potasio 40). La organización ecologista ha publicado información reiteradamente, desde principios de los años 90 sobre este asunto. Entre los contaminantes se encontraban, además de los radionucleidos procedentes de la utilización de fosforita (mineral que contiene dentro de su estructura cristalina de manera natural uranio 238), metales pesados (como arsénico, cadmio, plomo o mercurio) y compuestos organoclorados, entre ellos hexaclorobenceno (HCB), bifenilos policlorados (PCBs) y DDT. En mayo de 2018, se retomaron las labores de descontaminación del embalse de Flix, que se han demorado y han estado temporalmente paralizadas.
Madrid y Toledo
En las márgenes del Canal Real del Jarama, se encuentran las Banquetas del Jarama, con presencia de productos de fisión procedentes de la fuga del CIEMAT en 1970. Greenpeace ha estado pendiente de las consecuencias de aquella fuga, y en el año 2005 denunciaba ya un posible caso de nueva contaminación.
Otras explotaciones
También existen antiguas explotaciones de mineral uranio en las que se han llevado a cabo actuaciones de restauración, pero que presentan materiales radiactivos. En este sentido, es preciso señalar que está en trámite de autorización una nueva mina de uranio en Retortillo, Salamanca, que de autorizarse crearía un nuevo territorio contaminado por radiactividad.
