La intención del gobierno mexicano, encabezado por el presidente, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Defensa y responsable de las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos, de aprobar una ley que perpetúe la presencia de los militares en la calle, no parece lo suficientemente fiable para luchar contra el crimen organizado, teniendo en cuenta que desde el año 2006, una enorme cantidad de miembros del Ejército y la Armada han sustituido a la policía, y los resultados no parecen dar razón a que la aprobación de dicha ley vaya a cambiar nada en cuestión.
México, en la actualidad, es un desgarro de sangre, un país en alerta, una incredulidad para quién observa desde fuera, un desatino incorregible que no parece trazar una ecuación viable que organice una resolución posible, o al menos, trazo alguno que bosqueje por dónde comenzar a fraguar algún arquetipo factible.
Hay que recordar que, México ha acabado el año 2017 con una cifra de alrededor de 27000 muertes violentas, y que la solución de perpetuar los militares en la calle, anulando toda posibilidad de crear una policía fiable en todo el país, solo parece otro parche más, otra salida para callar bocas y sostener una idea que se tambalea, una política errónea, y en múltiples casos, salpicada por la propia corrupción del crimen organizado y los narcotraficantes.
Cuando en el año 2006 se autorizó a los militares a patrullar las calles de México para intentar derrocar el crimen organizado, las víctimas siguieron creciendo durante los siguientes años hasta el 2011. Solo en los tres años posteriores a este, hubo una disminución de los mismos, pero nuevamente, a partir de 2014, los asesinatos se incrementaron hasta alcanzar el año presente una cifra de alrededor 80 víctimas al día, siendo el 2017 el más violento de los últimos veinte años.
Una vez más, los parches del tablero político tienden más a maquillar las grietas que a repararlas. La levedad de parecer sigue siendo un engaño del presente, pero no el pilar donde sostener estructuras sostenibles.
