Con la entrada en vigor de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1900, el sistema español dio el primer paso en la protección social y laboral de los trabajadores, siendo estos asegurados en caso de infortunio. Desde entonces, nuestro Sistema de protección no ha parado de crecer en prestaciones y derechos y de sufrir multitud de modificaciones, todas ellas, con la finalidad de aumentar las coberturas de los asegurados, regular las prestaciones a las que se tendría derecho y adaptar el sistema a las nuevas realidades sociales y económicas.

Durante todo este tiempo, el sistema de protección social ha sufrido varias modificaciones importantes: la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), la creación del Retiro Obrero (1919) y de Maternidad (1929), con la Constitución se crea el Sistema de la Seguridad Social (1978), la implantación de las Pensiones no contributivas (1994), en 1995 se firmó el Pacto de Toledo con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, que tuvo como consecuencia importantes cambios y el establecimiento de una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social.

Todas estas modificaciones han perfilado lo que en la actualidad conocemos como el Sistema Público de Pensiones.

Pero quiero detenerme en las dos últimas leyes cruciales y de trascendental importancia que marcaran el devenir futuro de las pensiones en nuestro país.

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social:

Antes de explicar las medidas más importantes que introdujo esta norma en el sistema de pensiones español, debemos ponernos en antecedentes:

En 2008 el mundo entró en una profunda recesión económica y que afectó gravemente al sistema financiero español en 2010. En 2009 España alcanzó la tasa de inflación más baja en los últimos 40 años. En 2007 teníamos una tasa de paro del 7’93% la más baja de España desde la Transición, y en 2011, al estallar la burbuja inmobiliaria, pasamos repentinamente al 22’85% (+ 5.000.000 personas). La deuda pública, que en 2007 representaba un 36,1 % del PIB, se duplicó en tres años, situándose en el 60,1 % en 2010. Estábamos siendo amenazados y a un paso de ser rescatados por Europa. Había que adoptar medidas.

Se aprueba la Ley 27/2011: Por primera vez en la historia, desde que se creara el sistema de protección, las pensiones se congelarían, excepto las mínimas y las no contributivas. Pero sólo por esta vez, de manera puntual y sin modificar el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social. Por otro lado, pero sí con carácter definitivo, se retrasa la edad de jubilación ordinaria de los 65 años a los 67 años de manera paulatina.

No trato de justificar en absoluto las medidas que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero, las cuales le costó 2 huelgas generales y un duro golpe en las urnas al Partido Socialista Obrero Español, pero es importante temporalizar los datos y conocer la realidad que había en ese momento, para tener una visión efectiva de lo sucedido y las presiones, para llegar a entender, la adopción ciertas medidas restrictivas.

Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Esta ley que pone en marcha y en solitario el Partido Popular, introduce dos factores que afectaran de manera sistemática y reductora a las pensiones:

Por un lado, se desliga la subida las pensiones del IPC (que venían siendo revalorizadas según este índice desde que se acordara en el Pacto de Toledo en 1996) y crea el Índice de Revalorización, teniendo en cuenta aspectos puramente económicos y del propio sistema de Seguridad Social, tales como la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, la inflación media, el crecimiento en el número de pensiones y la diferencia entre altas y bajas. Esta Ley garantiza una subida mínima del 0’25% y máxima del IPC más 0’5% en casos de bonanza.

Por otro lado, introduce la esperanza de vida de la población española en el cálculo de la cuantía de la pensión, lo que conllevará, lógica y matemáticamente, una disminución progresiva del importe de pensión. Es decir, a mayor esperanza de vida, menor importe de pensión. Este factor entrará en vigor a partir de 2019.

Estos dos factores introducidos de manera legislativa, provocaran una merma constante y progresiva de los derechos pasivos de los pensionistas, siendo mantenidos por Mariano Rajoy a pesar de que según el Gobierno y varios organismos, España ha salido de crisis, el PIB de 2017 fue del 3’1% y suma cuatro años seguidos de expansión, la tasa de paro en 2018 desciende al 16’3%, el consumo de los hogares supera el máximo previo a la crisis, la inversión está creciendo en 2017, la tasa de morosidad ha caído hasta el 8,7%, etc.

Mientras que en 2011 todos los datos macroeconómicos que afectaban a nuestra economía nos obligaban a adoptar una serie de medidas para buscar la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar y, por otro lado, y al mismo tiempo, la Unión Europea también nos exigía esas medidas restrictivas a cambio de no ser intervenidos o rescatados; en 2018 los datos son más favorables, sin embargo, el Gobierno mantiene sus medidas. ¿Por qué?

Porque detrás de estas medidas, lo que hay es una finalidad ideológica, lo que se pretende es desprestigiar el sistema público de pensiones, poniendo en duda su sostenibilidad y fomentando los planes privados de pensiones.

Para ello, lo primero que hicieron fue aprobar una reforma laboral que fomentara el despido y la contratación a tiempo parcial, a continuación bonificar, con cargo al presupuesto de Seguridad Social, las nuevas altas de autónomos, lo que conllevaría una merma en los ingresos propios del sistema. Cualquier ataque contra los ingresos, repercute directamente sobre los gastos.

Una vez hecho esto, el siguiente paso era vaciar el fondo de reserva de las pensiones, con la intención de desinflar los recursos ahorrados en época de bonanza.

Después, lo que procede, es alertar de la insostenibilidad del sistema y para ello, lo mejor, es decir que las pensiones no pueden subir más del 0’25%.

El siguiente paso es difundir mediante campañas en los medios, la incentivación y el ahorro de planes privados de pensiones.

Pero el sistema es más que sostenible, de hecho lleva cerca de 120 años de vigencia. Sin embargo, el Gobierno, en cuanto que ha visto que miles de policías se han manifestados por la equiparación salarial, ha sacado dinero para compensarles. El Gobierno en cuanto ha visto que las autopistas privadas tenían déficit, ha sacado dinero para hacerlas públicas. El Gobierno en cuanto ha visto a millones de pensionistas manifestándose (muchos de ellos votantes del PP) y estaba en peligro su estabilidad política por la falta de acuerdo en los presupuestos, ha sacado dinero para hacer una propuesta de subida a las pensiones,…. PERO LA SOLUCIÓN NO ES HACER UNA SUBIDA PUNTUAL Y EXTRAORDINARIA, LA SOLUCIÓN PASA POR DEROGAR LA LEY 23/2013 Y QUE LAS PENSIONES VUELVAN A REVALORIZARSE EN FUNCIÓN IPC.

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  1. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

    1- Derogar de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC.

    2- Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación, partir del 1 de enero de 2019, en función de la esperanza de vida

    3- Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado, reducciones de cuotas, tarifas planas, etc., los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, entre otros.

    4- Incrementar los ingresos del sistema: por ejemplo mediante un impuesto extraordinario a la banca y a las transacciones financieras. Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

    5- Mejorar la gestión del Fondo de Reserva estableciendo límites a la disposición de sus fondos.

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