La falta de agua en España no sólo es consecuencia de la disminución de las precipitaciones, agravada por el cambio climático, sino que depende también de la mala gestión de los recursos hídricos por la proliferación de regadíos industriales, trasvases, pozos ilegales o la exportación, y del grado de contaminación de las aguas por factores relacionados como la industria industria, las macro granjas o la agricultura intensiva.
Si bien el verano de 2001 ha sido más húmedo en cuanto a precipitaciones, la cuenca del Guadalquivir ya se declaró en sequía el pasado 2 de noviembre. Otras como las del Guadiana, Duero, Guadalete-Barbate, Mediterráneas andaluzas, Segura o Miño-Sil, están por debajo del 40% de sus reservas. Para mostrar en imágenes la situación, Greenpeace se ha desplazado hasta Andalucía.
En la cuenca del Guadalquivir, denuncian, «se pretende justificar como «sequía» una situación de escasez hídrica, que ha sido provocada por la enorme demanda de recursos hídricos por parte de los regadíos de uso intensivo, especialmente el olivar», Pero la organización recuerda que ninguna de las subcuencas de la demarcación del Guadalquivir ha superado el umbral de “sequía meteorológica”, lo que significa que no ha habido escasez de precipitaciones.
«Cuando estamos en pleno proceso de presentación de alegaciones al plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, es preocupante la apuesta que este plan hace por el olivar intensivo e hiperintensivo, que puede llevar al colapso hídrico de la misma. Deberíamos planificar ya una transición hídrica justa para el sector agrícola andaluz, adaptada a los escenarios de cambio climático»,explica Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.
A pesar de las lluvias, DANAS y desbordamientos en distintos puntos del país, estas precipitaciones abruptas y desiguales no garantizan las reservas de agua necesarias para todo el territorio y alertan desde la organización de que España sigue siendo el país de Europa con mayor riesgo de desertificación: el 75% de su territorio está en peligro de sufrirla y un 6% del suelo ya se ha degradado de forma irreversible.
Según Julio Barea, responsable de agua en Greenpeace, «las imágenes muestran una realidad alarmante y no se puede seguir mirando para otro lado. Es imprescindible cambiar el modo en el que administramos los recursos naturales para mitigar los efectos de la desertificación y las sequías venideras».
Dichas imágenes señalan la interacción en el problema de aspectos como la agricultura, donde se ha apostado por un cambio en el modelo de producción agrícola modificando masivamente el regadío hacia el intensivo e industrial. Es el caso del olivar en toda Andalucía y en otras regiones, que ha pasado a ser el mayor consumidor de recursos hídricos de la comunidad andaluza. O el de los almendros, otro cultivo de secano, donde se han puesto en riego más de 100.000 hectáreas en solo 7 años. Cabe citar también los cultivos tropicales, como el aguacate o el mango, que son grandes consumidores de agua al necesitar más de 8.000 metros cúbicos por hectárea.
En relación a los embalses, desde Greenpeace explican que España es el país con más embalses per cápita del mundo. En cambio, las reservas de agua superficial apenas alcanzan el 39%, debido al consumo descontrolado y la mala gestión. Esto ha provocado que la red fluvial esté segmentada y gravemente afectada, en detrimento de la biodiversidad y del buen estado de nuestras aguas. Y, a pesar de ello, siguen en pie algunos nuevos proyectos de construcción y recrecimiento de estas infraestructuras hidráulicas.
Los vertidos y la contaminación son otro problema añadido. En pleno siglo XXI los nitratos y fosfatos procedentes de la ganadería industrial crecen a la par que el número de macrogranjas repartidas por toda la geografía española. Lo mismo ocurre con los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales que, por su volumen y toxicidad, suponen una grave afección a la calidad del agua.
A todos los problemas asociados a la escasez hídrica, se unen el robo del agua y la explotación de pozos ilegales. En España existen más de medio millón de pozos ilegales que extraen, sin control, el equivalente a lo que consumiría una población de más de 110 millones de personas. Estas aguas son un bien público y serán imprescindibles para gestionar con mayores garantías futuras sequías. No controlar estas ilegalidades supone un gravísimo problema que pagaremos en los próximos años.
Con el fin de mejorar la gestión del agua, Greenpeace considera urgente cambios en la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras; luchar contra el grave estado de contaminación que sufren las aguas continentales (superficiales, subterráneas y costeras); implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos; garantizar el equilibrio entre las demandas de recursos y los recursos realmente disponibles, asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático; poner freno a la edificación y a la construcción de instalaciones muy demandantes de agua (campos de golf, parques temáticos…), especialmente salvaguardando emplazamientos cercanos a espacios protegidos o costas; controlar los volúmenes de agua realmente utilizados y erradicar los usos irregulares de agua, empezando por los pozos ilegales; establecer una hoja de ruta de cara a incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima; Reconversión del regadío intensivo y superintensivo a explotaciones pequeñas y medianas, sostenibles, diversificadas, de bajo consumo de agua, que contribuyan al equilibrio territorial y al asentamiento de la población rural; orientar la política hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del agua, que sea sostenible en términos ambientales y sociales, siendo imprescindible iniciar una transición hídrica justa; prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica, y establecer la hoja de ruta que logre la transformación completa del sistema energético actual hacia un sistema 100% renovable.
