FACUA- Consumidores en Acción pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “tome nota del varapalo que ha dado a España el Parlamento Europeo a través de un informe en el que denuncia la pasividad ante los macrofraudes cometidos por la banca”. Hechos que se han producido durante los anteriores gobiernos del PP y el PSOE y, por ello, reclaman también la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios con competencias sancionadoras
La asociación reclama a Sánchez la creación de una Agencia Estatal ante los fraudes masivos que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas. Se trataría de un organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dedicado a controlar el mercado e interponer multas a las empresas que vulneren la legislación de defensa de los consumidores.
El Gobierno del PP eliminó el Instituto Nacional del Consumo (INC), cuyas competencias -entre las que no se incluía la posibilidad de aplicar sanciones- fueron fagocitadas por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). La asociación advierte de que la protección de los consumidores es una cuestión transversal que no debe vincularse a un único sector.
Asimismo, denuncian que “durante los gobiernos del PP y el PSOE, tanto el Banco de España como los ministerios de Economía y Sanidad -competente en materia de Consumo- fueron absolutamente permisivos con los grandes fraudes cometidos por la banca, las participaciones preferentes, la cláusula suelo, la imposición al consumidor de la totalidad de los gastos de formalización de las hipotecas, el cobro de comisiones abusivas o la aplicación de intereses de demora usureros en préstamos hipotecarios y al consumo”.
La agencia que reclama FACUA
Hablan de una agencia con capacidad para “definir y planificar las políticas y estrategias de protección de los consumidores desde una óptica transversal e implicando a todas las áreas de gobierno y en coordinación con las comunidades autónomas”.
Así, consideran que es fundamental “un organismo propio” y “que asuma realmente las políticas de defensa de los consumidores en el ámbito nacional y cuente con capacidad sancionadora”.
Desde la promulgación de la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en 1984, el Estado no ha tenido nunca competencias para aplicar multas contra las empresas que la vulneran. Sólo las comunidades autónomas cuentan con capacidad para imponer sanciones por la vulneración de la normativa estatal y autonómica de protección de los consumidores. Algo que dificulta enormemente que los fraudes masivos de los que son víctimas consumidores en todo el territorio nacional sean multados de manera proporcional a los beneficios obtenidos con ellos, señala FACUA.
Por ello, esta Agencia Estatal que demandan contaría con un amplio cuerpo de profesionales e inspectores dedicado al control de los mercados y realizar investigaciones de oficio así como a evaluar y coordinar las denuncias que lleguen de las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores.
Además, intercambiaría información sobre las irregularidades que detecte con el resto de organismos del Gobierno con competencias de regulación, control y sanción.
Coordinación con las comunidades autónomas
Esta Agencia trabajaría en coordinación con los institutos, agencias y direcciones generales de consumo autonómicas, de manera que intercambiasen información y aprovechasen sus sinergias. También actuaría en colaboración con las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores, para las que la organización reclama la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados.
El organismo que reivindican reforzaría el control del mercado, el papel de los reguladores y los servicios de inspección, apoyando a las comunidades autónomas y coordinando planes anuales de inspección y control de mercado.
La asociación considera fundamental el desarrollo de programas anuales eficaces de inspección y control de mercado de ámbito nacional en colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones de consumidores representativas para impulsar acciones y compromisos de mejora en los sectores con peores resultados. Para proteger los derechos de los consumidores ante los abusos es necesario garantizar la existencia de mecanismos eficaces para controlar el mercado.
Asimismo, demandan la revisión del papel inspector de las administraciones, con coordinación de los cuerpos de inspectores de los distintos ministerios y consejerías autonómicas y formación de los mismos. En cuanto a las competencias sancionadoras, pide que el Estado las asuma ante los fraudes que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas.
Es fundamental, reclama la asociación, la ordenación de las competencias inspectoras y sancionadoras y el marco de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado.
