El gobierno progresista tiene intención de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de que acabe la legislatura. A pesar de las diferencias surgidas en el seno de la coalición, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos se tiene claro que hay que afrontar la reforma para intentar modernizar la estructura de un poder, el judicial, que ha quedado obsoleta.
Habrá cambios en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero también en la de los magistrados del Tribunal Supremo para evitar que vuelva a suceder lo que ha pasado recientemente. La discrecionalidad de un presidente del CGPJ, un cargo político, a la hora de designar a los jueces de la más alta magistratura del Estado.
El Ministerio de Justicia ha ultimado el proyecto de ley de eficiencia organizativa mediante el cual que se suprimen los actuales juzgados que se convertirán en tribunales de instancia. Se desconoce el número exacto de éstos, pero todo parece indicar que serán 432, uno por cada partido judicial. Cada uno de estos tribunales tendrá un presidente, y se dividirán en secciones: instrucción, penal, civil, mercantil, social, contencioso-administrativo violencia de género, menores y vigilancia penitenciaria, que tendrán su propio titular. Además, se podrán incorporar jueces especializados en temas específicos.
En 2021, el consejo de ministros aprobó un anteproyecto de ley en esa materia. Pero, con la llegada de Pilar Llop al departamento, se están modificando ciertos aspectos técnicos. Además, se quiere contar con el parecer de los colectivos de funcionarios que trabajan en la administración de justicia. Entre otros, los letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios judiciales.
Para llevar a cabo esta reforma, se va a recurrir a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Los tribunales de instancia serán lo que en el ministerio de justicia denominan “placa base” donde, en función de las necesidades de cada partido judicial, “se irán añadiendo módulos” de tal manera que, en casos específicos, se incorporarán más jueces de refuerzo con el propósito de agilizar los asuntos. Los jueces pertenecientes a las diversas secciones de los tribunales de instancia se encargarán de elegir a su presidente,
La idea que se maneja es llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia para desarrollar este proyecto antes de julio. Se hará de forma escalonada y, paralelamente, se desembolsarán los medios económicos suficientes para digitalizar los juzgados y convertirlos en verdaderas oficinas judiciales. Precisamente esta es una de las reclamaciones de los letrados de la administración de justicia. La digitalización permitirá la agilización de los trámites. No sólo beneficiará a lo que se denomina “planta judicial” sino también a los abogados y procuradores quienes critican el modelo actual de notificaciones a través del sistema digital denominado Lexnet. Dicho sistema se mejorará. La reforma se pactará, también, con las asociaciones de jueces y magistrados, y los colegios profesionales.
Pero lo más importante, políticamente hablando, es la reforma del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de jueces y magistrados. De momento, lo prioritario para el gobierno es modificar el sistema de elección para acabar con la actual situación de provisionalidad. Se sigue barajando la mayoría simple del Congreso y del Senado como forma de designar a los vocales. Se tendrá en cuenta el criterio profesional mantenido hasta ahora, y se contará con la opinión de las asociaciones de jueces y magistrados. Se descarta, eso sí, que sean esas asociaciones las que elijan a los vocales. En cualquier caso, sus propuestas se tendrán en cuenta. Pero nada más. No se quiere que sea la asociación mayoritaria, la APM, la que acapare todas las vocalías mediante el sistema de elección propuesto por el PP. Se considera este sistema inconstitucional porque la designación corresponde exclusivamente al Parlamento, según se señala en la Carta Magna.
No sólo se busca modificar el sistema de elección, sino también el de su funcionamiento y el de la designación de magistrados para las instancias superiores, audiencias provinciales y territoriales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Se maneja la posibilidad de que esas designaciones se lleven a cabo mediante concurso y se están buscando los mecanismos para evitar la discrecionalidad de tal manera que no se tenga que depender de la voluntad política del presidente de turno quien, a su vez, según señalan fuentes conocedoras del proyecto que se está estudiando, separará su cargo de la presidencia del Tribunal Supremo, tal y como hasta ahora viene sucediendo.
De momento, no se plantea la posibilidad de modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Algo que se había barajado cuando la elección de los magistrados había sido bloqueada por los vocales conservadores del CGPJ. No obstante, si el gobierno progresista renueva mandato, se abordará la legislación en la materia.
Se trata de despolitizar la justicia al máximo y dotarla de medios suficientes para hacerla más ágil, eficiente y que recupere la imagen que ha perdido ante la ciudadanía. Es una tarea difícil, pero no imposible.
Eso, por una parte. Y, por otra, cumplir con el compromiso contraído con la Unión Europea de reformar el sistema judicial español. Un compromiso gracias al cual este país ha obtenido los fondos Next Generation de la Unión Europea
