“Señorías, no se va a romper España y no se va a quebrar la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista votado democráticamente por los españoles”, dijo Pedro Sánchez nada más tomar la palabra en su discurso de investidura con los diputados socialistas y de Unidas Podemos puestos en pie y aplaudiéndole efusivamente. Era la primera demostración de fuerza del recién nacido Gobierno de coalición de izquierdas. Tras dar las gracias a los españoles por su paciencia en las últimas citas electorales y al Partido Socialista, expuso su programa para los próximos cuatro años.
“El PSOE es un partido español, y se equivocan quienes desde la bancada de la derecha ponen en duda nuestro compromiso con España”, dijo mirando fijamente a la bancada conservadora. Apenas un minuto antes, la portavoz popular Cayetena Álvarez de Toledo había pedido a la Mesa de la Cámara que se debatiera, como cuestión previa al Pleno, el documento de acuerdo firmado hace unos días por el PSOE y ERC. La petición servía para mostrar las armas que los populares pretendían emplear a lo largo de la sesión. Como era de prever, la presidenta Meritxell Batet rechazó la propuesta.
El discurso de Sánchez ha sido un intento por convencer al Congreso de los Diputados que su proyecto de coalición progresista funcionará porque los españoles “quieren mayoritariamente un Gobierno de progreso” y mostró su pesar por la conducta de las derechas de “negarse a la voluntad de España”. “Agitan los peores presagios y a la vez se niegan a evitarlos. No entendemos que no muevan un dedo para evitar que suceda”, ironizó. Las palabras del candidato provocaron algún que otro murmullo y algún que otro “mentiroso”, entre susurros y por lo bajini, entre los diputados ultraderechistas de Vox.
Sánchez centró la mayor parte de su discurso en hacer ver que el Gobierno de izquierdas es la solución para recuperar el Estado de Bienestar en un país donde la desigualdad es galopante (uno de cada cuatro españoles la sufre), la tasa de paro es de las más elevadas de Europa (un 12,92 por ciento), y donde la precariedad y la pobreza infantil se ceban con 3 de cada 10 niños. “Creemos en la sociedad de mercado pero no creemos en la saciedad del mercado porque no se puede entregar al mercado la Sanidad o la Educación”, alegó con rotundidad. Toda su exposición giró en torno a la recuperación no solo de los derechos de los trabajadores sino de los derechos civiles, en el feminismo, en la tolerancia, en la igualdad frente al racismo y la xenofobia y en la colocación de los derechos humanos en el altar de la política. Fue un aviso a navegantes a las propuestas que la extrema derecha trata de implantar en España tras cuarenta años de democracia y de conquistas sociales.
Acto seguido el candidato pasó al problema territorial: “Existe una parte de la población catalana que se siente rechazada por España. Debemos dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor ha causado en la sociedad catalana; hay que retomar la única vía posible, la política del diálogo, la negociación y el pacto dentro de la Constitución”, dijo. Para solucionar el conflicto secesionista, Sánchez propuso corregir el modelo autonómico, aunque no entró en los mecanismos jurídicos concretos para hacerlo. Tampoco desveló si piensa modificar la Carta Magna para avanzar en mayor autogobierno ni en las posibles reformas de los Estatutos de Autonomía. La mañana se preveía tensa mientras Sánchez iba desgranando, punto por punto, sus medidas para reformar y modernizar el país y situarlo a la vanguardia de las economías europeas tras años de duros recortes y crisis profunda. Pero llegaba el turno de las derechas, que ya se preparaban para lanzar su discurso reaccionario de la crispación basado en un solo y único mensaje: Sánchez es un traidor a la patria.
