Pedro Sánchez ha provocado que el Constitucional tenga un magistrado que trabajó para el Santander

Banco Santander es una de las entidades que más causas judiciales tiene abiertas en España. Sólo en lo referido al Caso Popular, sin contar la causa penal en la Audiencia Nacional y los contenciosos en los tribunales de la Unión Europea, tiene más de 16.000 procesos judiciales vivos. Todo ello sin contar con el Caso Orcel, las reclamaciones por productos con cláusulas abusivas como Valores Santander, las hipotecas multidivisa o el IRPH, la demanda contra Ana Patricia Botín por presunta manipulación de las juntas de accionistas (lo que puede provocar un verdadero terremoto en las empresas del IBEX35) o la reclamación de anulación del auto de la Audiencia Nacional que propició la vergonzante «Doctrina Botín».

El Santander tiene, además, la costumbre de ganar en los tribunales españoles todos los pleitos que le interesa ganar. El penúltimo gran escándalo judicial relacionado con el banco presidido por Ana Patricia Botín es la causa de blanqueo de capitales que fue sobreseída por el juez Santiago Pedraz a pesar de contar con informes del Banco de España en los que se demostraba con claridad el entramado creado para tal fin.

Desde ayer, el Santander va a tener a un magistrado en el Tribunal Constitucional que trabajó para el banco. El polémico juez Enrique Arnaldo, además de por sus vinculaciones con el Partido Popular o su presencia en sumarios de casos de corrupción, trabajó para el Santander durante, al menos, 5 años. Según ha publicado Infolibre, el banco presidido por Ana Patricia Botín pagó al despacho de Arnaldo 418.000 euros por servicios de defensa en el periodo 2003-2008, es decir, durante la época en la que ejercía funciones de Letrado del Congreso.

Además, según la misma información, el propio Santander ha reconocido que Arnaldo fue el director de la Cátedra Santander Justicia, adscrita a al centro privado Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). El banco cántabro ha asegurado que se trata de una cátedra patrocinada por el banco pero que fue ISDE la que designó quién debía dirigirla.

Gracias a Pedro Sánchez, el Santander tendrá a una persona que ya trabajó para la entidad en el Tribunal Constitucional, el lugar donde suelen finalizar los procedimientos judiciales que al Santander le interesa no perder. Todo ello, además, después de conocerse, tal y como publicó Diario16, que el Gobierno había adjudicado el contrato de asesoría jurídica para la gestión de los fondos europeos a Uría y Menéndez, el despacho de cabecera del Santander.

El banco cántabro es un litigador contumaz. Lleva los procedimientos hasta la ultima instancia, aunque sean cantidades irrisorias para una entidad del tamaño y de los beneficios que aparenta tener.

Quien haya tenido una causa judicial contra Banco Santander sabe que una de las estrategias de la entidad presidida por Ana Patricia Botín es la de alargar los procesos judiciales de manera, en muchos casos, innecesaria o la de no llegar a acuerdos extrajudiciales con sus clientes para evitar litigios, obligando a esos consumidores a acudir de manera recurrente a la Justicia. Se trata, en consecuencia, de una estratagema que tiene como único fin evitar que sus clientes afectados por cláusulas o productos tóxicos recuperen su dinero.

Uno de los casos más claros de esto lo encontramos en la promotora Inversión Hogar, que lleva litigando casi 30 años con el Santander y en el que se ha dado, entre otras cosas, que el banco cántabro afirme una cosa y la contraria, lo que va en contra de la doctrina y la jurisprudencia de los actos propios.

Sin embargo, hay jueces que anteponen la Justicia al poder del Santander y no se dejan manipular por su influencia. Así ocurrió con el magistrado David Torres Pindado, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Girona, que condenó en octubre de 2020 al Santander por temeridad. «La postura mantenida por la demandada [Banco Santander] merece que sea declarada su expresa temeridad. En efecto, i) la demandada mantiene una postura de oposición frontal sin estar debidamente justificada; ii) se verifica y mantiene tanto en la previa reclamación como en vía judicial abocando a la prestataria consumidora a acudir al Juzgado, con el colapso que supone; iii) y teniendo muy presente que la STS de fecha 23/12/2015 declara la nulidad de cláusula semejante y por lo tanto la demandada ya debería haberla suprimido y devuelto cantidades conforme jurisprudencia imperante; y iv) es más, conforme a la STS de fecha 23/1/2019 la cuestión relativa a la nulidad de gastos y restitución de cantidades ha quedado plenamente zanjada, y pese a ello la entidad sigue mostrando oposición», afirma la sentencia.

Ahora, por razones superiores incomprensibles que, según el PSOE de Pedro Sánchez hay que anteponer a la dignidad, la verdad y la coherencia, se resumen en el macabro eufemismo «razón de Estado», el Gobierno ha claudicado y ha colocado a Arnaldo en el Tribunal Constitucional.

Sánchez, como secretario general, ha obligado a los diputados socialistas a traicionarse para cubrir su cuota de «hombre de Estado». A cambio, ha metido a un jurista que trabajó para el Santander en el Constitucional.

Luego pasa lo que pasa. Las injusticias serán más grandes. El poder del Santander se acrecentará y Sánchez, que ahora es tenido como aliado de Ana Patricia Botín, si a la presidenta o al banco les interesa cambiar de aliados, será defenestrado. Todo a cambio de protagonizar uno de los espectáculos más bochornosos que un presidente del Gobierno y su partido han protagonizado desde el año 1975. Zapatero pasó a la historia por entregar la soberanía económica a los hombres de negro de la UE. González por los GAL. Rajoy por la Gürtel y por los recortes miserables. Aznar por la guerra de Irak. Sánchez pasará a la historia por meter al Santander en el Constitucional.