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Pecatrices de togas, mucetas y puñetas (II)

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“¿Son conservadores la mayoría de jueces y juezas en España?» Sólo una décima parte de la carrera judicial está afiliada a la única asociación progresista. La inmensa mayoría de los jueces asociados lo están en la asociación históricamente más conservadora. El modo de acceso a la judicatura marca un sesgo derechista, según los expertos.              

El cierre en falso de la investigación sobre la operación ‘Kitchens‘ por parte del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellóncon el que se exonera al expresidente Mariano Rajoy y a otros cargos del PP del espionaje al extesorero Luis Bárcenas para tapar la corrupción del partido, ha avivado el debate sobre el sesgo ideológico conservador predominante en la carrera judicial española, compuesta de 5.320 jueces y magistrados. También ha contribuido a la polémica la crítica directa del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, a los indultos a los líderes independentistas otorgados por el Gobierno, en una clara intromisión que empaña la imparcialidad de la Justicia. Aunque no debería notarse a qué partido político vota un juez o una jueza, lo cierto es que acciones como las anteriormente descritas sacan a la superficie ese sesgo conservador que se atribuye a la carrera judicial española desde hace mucho tiempo. «Es una realidad que la mayoría de los jueces son conservadores, al fin y al cabo, protegen el orden establecido -dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín-. En la mayoría de los países tienen los jueces una tendencia conservadora-liberal. Aquí, por lo general, siguen la tendencia mediática predominante en el país; quien se aparta tiene que ser muy valiente». Las estadísticas de las asociaciones judiciales son un referente para muchos expertos a la hora de afirmar el carácter conservador de la judicatura. «Sólo una cuarta parte de los afiliados a asociaciones están en la única asociación judicial progresista que existe, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)», cuenta Fernando de la Fuente Honrubia, viceportavoz de JJpD. Esta organización cuenta con 520 asociados de un total de 5.200 jueces y juezas. De esta cifra total de miembros de la carrera judicial, menos de un 60% pertenece a una de las cuatro asociaciones judiciales”. 

El siguiente “parche”, dada su importancia, lo transcribo al completo de su autor Javier Lezaola. Dice así: “Jueces que cobran en negro: Un escándalo al que “nadie” quiere poner freno. Más del 90 o el 95% de los opositores que se preparan lo hacen en negro”, advierten fuentes judiciales. Según la Constitución española de 1978, “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Pero para administrar en nombre del rey esa justicia presuntamente emanada del pueblo, esos jueces y magistrados han de enfrentarse y aprobar antes una de las oposiciones más duras de la Administración, un tipo de oposición memorística que apenas ha sido modificado desde el siglo XIX y que es difícil afrontar sin preparador. Y a menudo lo hacen con poco sometimiento al imperio de la ley. “El negocio en negro de jueces y fiscales: hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores”, titulaba el digital ‘elDiario.es’ un reportaje de investigación publicado el pasado 23 de agosto.

“Tengo a un compañero molesto conmigo por criticar públicamente que los preparadores de opositores cobren en negro. Hoy me dice «si me obligan a declararlo, dejo de preparar». Y se ha quedado tan ancho”, tuiteaba este miércoles una jurista.

“Más del 90 o el 95% de los que se preparan lo hacen en negro”, han explicado este jueves fuentes consultadas por LUH, que aseguran que se trata de una práctica vieja -procede del franquismo, como tantas otras cuestiones relacionadas con la judicatura española-, “instalada con total impunidad” -y es que “ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia hacen ninguna inspección ni nadie lo denuncia”- y “naturalizada por los opositores”.

Tanto, que algunos “preparadores” se están anunciando hasta en internet. Lo primero que viene a la mente a continuación es precisamente que en España “se pueden hacer irregularidades” y que “si las hacen los poderosos” -en este caso, nada menos que los encargados de administrar la justicia-, “no pasa nada”. De hecho, existen casos de magistrados “muy destacados” que no sólo han preparado a opositores cobrando en negro, sino que -en vez de hacerlo en su domicilio, como es habitual- lo han hecho en el propio juzgado donde administran la justicia. También “hay excepciones” -es decir jueces y magistrados que “sí declaran a Hacienda” ese trabajo de preparadores-, pero en cualquier caso las fuentes consultadas por este diario han destacado que “ningún juez puede dar clases de nada sin tener la compatibilidad por parte del CGPJ” y que debería haber “una regulación más expeditiva” y “un registro”, pero “nadie tiene ningún interés en regularlo”. “En el Tribunal Supremo hay magistrados que en el pasado han preparado”, añaden las mismas fuentes. “No hay control ni regulación, y la manera de controlarlo es regular una incompatibilidad fuerte: que sólo pueda preparar quien esté registrado y que a quien no lo esté, se le sancione”, insisten las mismas fuentes, que calculan que cada preparador puede tener “20 o 30 opositores” y cada opositor puede pagar “entre 150 y 300 euros al mes”, es decir que cada preparador puede sacarse entre 3.000 y 9.000 euros al mes “en negro” por entre media hora y una hora a la semana con cada opositor, a quienes “pasan la lección, a veces, leyendo el periódico”. 

“La desigualdad social en el acceso a la justicia.  La ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció el pasado jueves en el Congreso, que el Gobierno está ultimando un sistema de becas para así democratizar el acceso de la carrera judicial. Una propuesta de becas públicas, que ya presentó la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en diciembre de 2020, enfocada a los aspirantes a juez y fiscal con menos recursos económicos. Calculaba la asociación que las becas debían ser de 600 euros al mes para poder cubrir el mínimo de gastos. Tal y como dijo Fernando de la Fuente Honrubia, de JJpD, «lo que parece claro es que los posibles opositores de clases bajas casi nunca son jueces». Esto no solo supone un problema respecto al acceso a un puesto de trabajo por distintas clases sociales, sino que genera que la manera de impartir la justicia no sea imparcial. Si solo puede acceder gente con un poder adquisitivo determinado, su realidad queda aislada del común de la sociedad y genera un proceso de desvinculación con los problemas reales. Estamos juzgados por uno de los tres poderes, ocupado mayoritariamente por una clase social que, generalmente, sólo empatiza con la suya”. 

Cuatro Magistrados del Supremo que aprobaron la “doctrina Botín” fueron, presuntamente, víctimas de chantaje. Según José Antonio Gómez, así consta en la denuncia presentada por la asociación ACODAP contra esos cuatro magistrados respecto a una serie de hechos relacionados con una querella presentada contra un fiscal que, supuestamente y según la documentación aportada, fue quien presuntamente chantajeó a estos magistrados. ACODAP, revelaría una trama de presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la actualidad jubilados. Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo, supuestamente, a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los magistrados a través de supuestas actividades de sus esposas. Los hechos sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después, estos mismos cuatro magistrados intervinieron en la Sala que tenía que resolver la Doctrina Botín y votaron a favor de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al entonces presidente de Banco Santander, Emilio Botín, respecto al caso de las Cesiones de Crédito. Según los documentos manuscritos incorporados en la denuncia de ACODAP, los magistrados Joaquín Giménez García, Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano se les indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada contra él. A Joaquín Giménez: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte». A Carlos Granados: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia». A Diego Antonio Ramos Gancedo: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo cómo te hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades interpuestas, del narco Fajardo, al que tú dejaste en libertad y se dio a la fuga». A José Ramón Soriano: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo el depósito de 600.000.-€ abierto en el Santander en mayo de 2003, a nombre de una sociedad administrada por tu esposa, justo 2 días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego. Si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores, el citado depósito es harto sospechoso, ¿no lo crees así también?».

Estas cartas estarían mostrando, además del presunto chantaje por parte del fiscal que se quería proteger de una querella, algunos supuestos manejos internos de determinados miembros de la Administración de Justicia que mostrarían la presunta corrupción judicial existente en España y que ha provocado la presentación ante la Justicia Europea de denuncias por parte de cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados por las decisiones favorables a determinadas élites por una parte de la judicatura. Sobre Las Cesiones de Crédito y la Doctrina Botín, estos cuatro magistrados votaron a favor de la exoneración de Emilio Botín y de la implantación de la Doctrina Botín, uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España. No hay más que recordar cómo, durante la declaración del entonces presidente del Santander, un furgón blindado, que cargaba en su interior 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), daba vueltas por los alrededores de la Audiencia Nacional en espera de que el juez Moreiras le impusiera una fianza para no entrar en prisión calculada en esa cifra. 

Entre 1987 y 1991 el Santander captó 430.000 millones de pesetas (2.584,35 millones de euros) a través de las cesiones de crédito, un producto que ofreció la posibilidad de eludir el pago a Hacienda del 25% del capital invertido. La entidad cántabra colaboró con el fisco, pero quedó sin resolver un asunto: un importante número de suscriptores tenían identidad falsa. Por tanto, el Santander había incurrido en un presunto delito de falsedad documental y colaboración necesaria para el fraude. 

El fiscal Jesús Santos, junto a varios peritos fiscales, elaboró un informe demoledor que demostraba, precisamente, que el Santander había ocultado la titularidad de algunos suscriptores con nombres falsos o con identidades de personas fallecidas. Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía, propuso la imputación de Emilio Botín, Rodrigo Echenique y del resto del Comité Ejecutivo del banco. Tal fue la presión que debió asumir Santos que dejó el caso para que continuara con su labor Eduardo Fungairiño que apenas tardó un par de meses en retirar la acusación en contra del criterio de la jueza instructora: Teresa Palacios. A principios de 2001 Fungairiño volvió a la carga y volvió a pedir el archivo de la causa. Finalmente, en diciembre de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se hallaban los cuatro magistrados citados, determinó que un procedimiento penal no podía continuar si quien sostenía la acusación era, en exclusiva, la acusación popular y no la Fiscalía, creando, de este modo, la Doctrina Botín. 

A continuación, ya como final, para los que quieran seguir leyendo y les interese que en los Juzgados de los pueblos también hay Pecatrices de Togas, Mucetas y Puñetas, les adjunto un Anexo particular vivido y que ha supuesto -con algunos presuntos mafiosos añadidos- que una persona que tenía su futuro asegurado en su propio pueblo ahora esté trabajando en el extranjero y se haya ido de España con esta frase de despedida: ¡Me voy de esta mierda de país!  

ANEXO: 

Tres personas (que podrían haber sido algunas más) tenían muchas posibilidades de ingresar en prisión por un fraude en las renovaciones de los permisos de conducir y de armas (muchas personas tuvieron que repetir sus renovaciones a petición de la Jefatura Provincial de Tráfico), pero, quiero recordar, la implicación en el caso del Oficial del Juzgado Número Uno los libró y del procedimiento nunca más se supo. Conviene saber que el citado Oficial está condecorado con la orden de San Raimundo de Peñafort, aún a pesar de que un Juez que se lo propuso no fue capaz de averiguar cómo y de qué manera entró este individuo a trabajar en los Juzgados, lo que significa que, presuntamente, entró por la “puerta falsa” de la mano de su padre -hace muchos años fallecido- también condecorado. En una ocasión, le recordé a Su Señoría del Decanato este “procedimiento” y nada me contestó. Quién soy yo para preguntar… ¿Se ha esperado que prescriba? Me da que sí. Presumiblemente, alguno de esos pecatrices tan abundantes en la Judicatura arregló el asunto en un plis plas. Y Su Señoría, la pobre (en sentido laudatorio lo de pobre), nada ha podido hacer; eso sin duda, es una Magistrada-Juez muy justa, lo veremos más adelante. 

Siete denuncias mías ante las Fiscalías de Zona y Provincial fueron archivadas por la sencilla razón de que deberían haberse hecho cada una por separado. Sin comentario. 

Una denuncia a una Directora General de Sanidad de la Junta de Extremadura -tras innumerables trámites- fue archivada porque el Abogado alegó que servidor no había recurrido en tiempo y forma, pero a pesar de que yo demostré con el documento correspondiente firmado y sellado en el Juzgado ante Su Señoría del Decanato que eso era mentira y el documento en cuestión apareció entre los papeles del procedimiento y el Oficial lo enseñó a la Magistrada-Juez, ésta me manifestó lo siguiente: ¡Denuncie Vd. al abogado! La Directora se libró de perder su cargo…, en un plis plas. Y la Magistrada-Juez siguió su rutina con un caso menos gracias a su gran pericia. Ser Juez no es nada fácil, eso queda más que claro. 

Pero no siempre se pierde todo. En otra ocasión denuncié las cláusulas abusivas de mi hipoteca con un informe añadido del Banco de España que me costó tres años conseguir (un seguro, el IRPH, intereses de demora inflados al 29%, posición deudora, etc., etc., mi hipoteca tiene todas las cláusulas abusivas existentes) y la Magistrada-Juez me dio la razón en parte, pues el seguro y el IRPH se quedaron fuera. Pero, no se lo pierdan, después de mi segunda reclamación sobre la ejecución de la sentencia hace casi tres años, aún no he recibido contestación…, ni, por supuesto, el dinero. Sepan que el Banco Santander está al medio y es quien me debe abonar la pasta, pero este es el Banco de los Juzgados y qué les voy a contar…Si cobro algún día será detrayéndolo del recibo de cada mes y, obviamente, jugándomela. Un “lucimiento” más de la justa Magistrada-Juez del Decanato.  

Tras una denuncia a dos policías municipales (presuntos sicarios del alcalde) que entraron en mi domicilio aprovechando mi ausencia (allanamiento de morada, pues no portaban ninguna orden judicial) para entregar por la fuerza a un familiar una documentación que cumplía ese día y que ni siquiera era para él y recibir amenazas graves y un intento de agresión, se celebró el juicio correspondiente. En este juicio se interpeló al denunciante por parte de la Fiscal, el abogado de la defensa y la propia Magistrada-Juez del Decanato y, saltándose la ley, se impidió al denunciante preguntar nada y se le negó la última palabra. Los policías municipales, como no podía ser de otra forma, fueron absueltos de todos los cargos y la Magistrada-Juez ni siquiera sabía que había un testigo (también policía municipal) hasta tanto el denunciante se lo hizo saber, testigo que no había sido citado ni en tiempo ni en forma, pues lo llamaron por teléfono desde el Juzgado una hora antes del juicio. Fue un gran “lucimiento” -uno más- de la justa Magistrada-Juez de Decanato. 

En otra denuncia sobre delitos leves, esta Magistrada-Juez condenó a mi familiar tras la declaración de un médico mentiroso que días antes había perdido un juicio por manipular una grabación para engañar a la Justicia. Se supone que había que sacar algo a alguien y a quien mejor que a un insolvente condenado sin pruebas. Ni que decir tiene, como pueden ver, que la justa Magistrada-Juez del Decanato mantiene la “forma física”.  

Creo que ya lo he referido en otra ocasión, pero les recordaré que en un Contencioso-Administrativo (celebrado primero en la Audiencia Provincial y luego en el TSJEX) los Magistrados dieron por bueno el don de la ubicuidad para salvar al Ayuntamiento de una posible deuda de más de 60.000 € admitiendo como buena una licencia de apertura de un Centro de Formación Ocupacional para el desarrollo de una Clínica-Hospital, que, por cierto, ahí sigue funcionando ante la permisividad de las autoridades… y de la Justicia. 

Podría contarles unas cuantas más, pero no quiero abusar de su paciencia para conmigo. Les he contado estas experiencias para que vean que no sólo es la Justicia de alto copete la que está como está, sino que el presumible “aborregamiento” de un sinfín de Jueces y las listezas de algunos Oficiales de los Juzgados (en la mayor parte de los casos por intereses espurios) es general en cualquier parte… hasta en Extremadura, donde casi nunca pasa nada. Ah, lo olvidaba, en Extremadura se usa mucho -aunque ya no tanto como años ha- la expresión ¡vete a hacer puñetas! Que, evidentemente, nada tiene que ver con las puñetas que los magistrados y Jueces lucen en la bocamanga de sus togas. 

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1 Comentario

  1. Juzgad y sereis juzgados. Todos los más comemerdas del país jugando a ser dios, y como no existe diós no existe justicia, y en lugar de ella han puesto la ley todos aquellos que an aprendido antes a burlarse de ella o a no rendir cuentas si ante nadie existe otra ley que la de su inviolabilidad, que mirado o examinado de la forma que quieras sólo pretende decir que eres tú único y principal violable e indigno de su ley, alternativa y contraria a toda justicia.
    Ellos son los que sobran y vulneran con su existencia el artículo 7.
    Todos eles fillos das meirandes putas e non merecen sequera respirar nin comer.

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