Patricia Suárez (ASUFIN): «Desde el Gobierno urge una reflexión pausada acerca de lo pernicioso que resulta el IRPH»

Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), conoce a la perfección lo que es sufrir las consecuencias de las cláusulas abusivas de la banca porque ella misma fue una afectada. Como la gran mayoría de la ciudadanía española, Suárez tenía unos conocimientos muy básicos sobre la materia cuando acudió a Bankinter a firmar la hipoteca de su casa. El banco, controlado por una parte de la familia Botín, le aconsejó que contratara un swap, un clip que le asegurara frente a subidas de los tipos de interés que, como empezaron a bajar, mantener dicho producto no tenía ningún sentido.

Cuando intentó cancelar dicho producto, descubrió que tenía una penalización de 9.000 euros. Ahí fue donde Patricia Suárez se dio cuenta del poder y la influencia judicial de la banca ejercida a través de sus despachos de abogados. Sin embargo, consiguió ganarle a Bankinter ocho años después.

El objetivo tanto de ASUFIN como de su presidenta es acabar   con los abusos de la banca hacia los consumidores, abusos que se producen por varias razones: en primer lugar, la falta de cultura financiera de la ciudadanía; en segundo término, el poder de la banca ante los tribunales que obliga a los afectados a enfrentarse a largos y costosos procesos judiciales y, en tercer lugar, y relacionado con el anterior, a la postura pro-banca de una parte de las instancias judiciales de España.

Tanto ASUFIN como Patricia Suárez dirimen en los tribunales causas por multitud de cláusulas abusivas de la banca. Desde cláusulas suelo hasta IRPH, pasando por gastos hipotecarios, hipoteca tranquilidad (Banco Santander), Valores Santander, hipotecas multidivisa, hipotecas inversas, tarjetas revolving o deuda subordinada, por citar algunos casos.

Hoy hablamos con ella sobre la situación general de la lucha de los consumidores y, sobre todo, del caso más importante desde la cláusula suelo: el IRPH.

¿Qué representó la sanción de la Dirección General de Consumo de Baleares sobre el IRPH?

El mejor ejemplo de que nuestras administraciones públicas pueden trabajar activamente por la defensa de los derechos de los consumidores financieros. La legislación es necesaria en un Estado de Derecho pero si ésta no se hace cumplir, queda en nada. Lo que realmente puede disuadir a las entidades y resto de compañías de vulnerar esos derechos, es la aplicación efectiva de la ley mediante requerimientos y finalmente sanciones.

Sin embargo y por desgracia, es un hecho aislado. Nuestros políticos y legisladores no se caracterizan por su arrojo y valentía a la hora de hacer cumplir las leyes de las que la sociedad civil, en su conjunto, nos proveemos y que tendrían que protegernos de manera más intensa. Tenemos leyes pero, cabe preguntarse, ¿nos protegen? En muchos casos, me temo que no.

Una decisión así, adoptada por un organismo público, contrasta con la actitud respecto al IRPH del PSOE, VOX, Ciudadanos y PP. En un tema que afecta a 1,3 millones de familias, ¿cuál es su valoración?

Lamentablemente, los consumidores asistimos, primero con incredulidad y luego ya, con cierto cansancio, a la triste evidencia de que nuestros políticos demuestran gran empatía por las causas que afectan a centenares de afectados cuando se encuentran en la oposición y una vez en el Gobierno se muestran olvidadizos con las mismas. Desde luego, es bastante llamativa la postura del grupo parlamentario del PSOE, que llegó a presentar una iniciativa parlamentaria al respecto del IRPH cuando se encontraba en la oposición.

Para nosotros no es de recibo que el Abogado del Estado se posicione tan a favor de la banca en este tema, debería adoptar una postura más neutra. Desde el Gobierno urge una reflexión pausada acerca de lo pernicioso que resulta el IRPH para centenares de familias que todavía hoy se ven atrapadas en hipotecas encarecidas de forma totalmente injustificada. Tampoco entendemos porqué no se ha quitado ya este índice de varias promociones de vivienda pública cuando sólo basta un acuerdo de Consejo de Ministros para ello.

Respecto al IRPH, a diferencia de otras cláusulas abusivas de la banca, es un índice legal, que se publica en el BOE. Sorprende que después de las sentencias del Supremo y del TJUE que reconocen la falta de transparencia del IRPH, el Gobierno no haya adoptado aún ninguna decisión al respecto, sobre todo un Ejecutivo de izquierdas…

En efecto. Es llamativo que, como le comentaba, ese mismo Ejecutivo de izquierdas se fotografió con las pancartas de protesta contra el IRPH cuando formaban parte de las filas de la oposición. Al margen de las“lecciones” sobre transparencia que nos llegan constantemente desde Europa, cabe recordar que el propio Banco de España ya puso negro sobre blanco que el IRPH resulta sistemáticamente más caro que el Euribor y que para que no lesione económicamente al consumidor se tiene que añadir siempre un diferencial negativo. Esta corrección jamás se ha llevado a cabo por ninguna entidad.

El regulador también confirmó por escrito que en el cálculo de este índice, al tratarse de una media simple, todas las cajas tenían el mismo peso específico, desde la más pequeña y sin relevancia en el mercado, hasta la mayor, con un volumen de negocio 600 veces superior. Cada caja aportaba datos y tenía influencia. Por la propia naturaleza del índice, si una caja subía su tipo de interés o aplicaba una nueva comisión influía directamente en el precio que tenían que hacer frente todas familias con IRPH.

En Europa se inició una revisión del Líbor y el Euríbor por su manipulación. El resultado ha sido la más que probable desaparición del Líbor en diciembre de este año y la modificación del método de cálculo del Euríbor sumando datos de operaciones reales con datos de previsiones para evitar que volviera a suceder. En España, a pesar de que la forma de cálculo del IRPH es similar a la del antiguo Euríbor, no  se ha iniciado ningún mecanismo de revisión para evitar su manipulación a lo que se une que cada vez son menos entidades las que nutren el índice, o lo que es lo mismo, cada vez es más manipulable.

En el auto de la cuestión prejudicial que envió la magistrada Robles respecto al IRPH se señalaba que la sentencia del Supremo está hecha para satisfacer los intereses de las entidades financieras, ¿por qué una parte de la Justicia se ha convertido en el mejor activo que tiene la banca española?

La respuesta es clara, los jueces están cansados de que la banca obligue a los consumidores a litigar por asuntos que ya han sido resueltos a favor del consumidor. El coste para el contribuyente es muy elevado. Con los datos en la mano, los consumidores tienen razón en el 97% de los casos, sin embargo se les“condena”a pasar por unos procedimientos judiciales largos, dilatados en el tiempo y sumamente costosos. Es una forma de disuadir al consumidor para que ejerza sus derechos. Tenemos constancia de que las entidades no buscan acuerdos ni enmendar sus errores: empujan a sus clientes a tribunales de manera sistemática. Es vergonzoso y está ocasionando pérdidas sustanciosas en mantenimiento de estructuras judiciales para los afectados y para el Estado, en general, para todos los contribuyentes. En una coyuntura como la que atravesamos, es simplemente intolerable.

En este contexto, tenemos que aspirar a una Justicia con mayúsculas: ni jueces pro-banca ni jueces pro-consumidor. Unos tribunales que apliquen de manera escrupulosa los principios que inspiraron la Directiva 93/13 del Consejo de Europa, de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que se traduce en nuestro ordenamiento a través de la Ley 7/98 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación. Principios que velan por equilibrar las relaciones entre compañías y consumidores.

La sentencia del IRPH del Supremo presuntamente incumple directiva europea, su propia doctrina que aplicó en la cláusula suelo y la propia ley española de protección a los consumidores. ¿Cómo se puede explicar que se incumplan todas esas cosas en una sentencia?

Las cinco sentencias del IRPH falladas por el Supremo, a nuestro modo de ver, retuercen la legislación en materia de abusividad de las cláusulas, en efecto. No resulta comprensible y crea inseguridad jurídica.  Según el Alto Tribunal, una cláusula que no sea transparente puede no ser abusiva, cuando si no es transparente no cabe examinar más: estamos ante una cláusula abusiva. Como hemos destacado desde ASUFIN, parece que el Supremo re-edite con estas sentencias un nuevo control de transparencia mucho más restrictivo.

Control de transparencia sólo hay uno. No puede haber tantos controles como cláusulas abusivas.

Ahora mismo en el caso del IRPH, todas las sentencias basadas en la doctrina del Supremo determinan que esos procedimientos son «cosa juzgada». El propio Supremo y los tribunales que le siguen están generando indefensión, sobre todo cuando hay dos prejudiciales planteadas en el TJUE. ¿Cómo valora este hecho?

Es la indeseable y finalmente triste consecuencia de todo lo que hemos hablado. Los fallos judiciales, cuando devienen firmes, tienen unas consecuencias irreversibles y, en este caso, es desolador que multitud de familias se queden en el camino por ir a los tribunales pidiendo la rectificación de un asunto que, ciertamente, no está resuelto aún. El IRPH acumula ya dos cuestiones prejudiciales más en el TJUE y es obvio que los jueces tienen fundadas dudas. Pero nada de esto puede ayudar a una familia que pierde en los tribunales el IRPH y tiene que seguir asumiendo el coste de una hipoteca que supone un sobrecoste adicional. Así de triste y real. 

El TJUE dictó recientemente una sentencia sobre la prescripción de las reclamaciones de gastos hipotecarios. ¿Esto el Supremo lo aceptará o seguirá actuando por libre?

La sentencia dictada por el TJUE, referida a un caso en Eslovaquia, y a diferencia de lo que vienen dictaminando varias audiencias provinciales, descarta que el plazo para poder reclamar dichos gastos comience en el momento en que se firmó el préstamo, sino que considera que la prescripción comienza a contar desde el momento en el que consumidor conoce que tiene derecho a que le devuelvan dichos gastos. Desde luego, nos parece que es un paso más para que se clarifique este controvertido tema desde Europa. 

La banca ha campado a sus anchas durante muchos años y no se les pone freno. Cláusulas abusivas, modificaciones unilaterales de condiciones o aumento de comisiones. ¿Por qué nadie actúa en España contra la banca?

Actuamos las asociaciones de consumidores de este país y actúan muchísimos actores del mundo jurídico que creen en la protección de los consumidores, que respetando los límites del Derecho, en cuya evolución intervenimos toda la sociedad civil, de uno u otro modo, hay que preservar. Estamos ante relaciones contractuales que no son equilibradas per sé y hay que incorporar salvaguardas. Como suelo repetir, un derecho que no se ejerce, no existe. Ese es el convencimiento que tenemos que tener todos, como consumidores financieros.

El presidente del Gobierno, tras la polémica de la sentencia del impuesto de actos jurídicos documentados, afirmó que a partir de ese momento sería la banca quien lo pagara. Sin embargo, el Estado defendió a la banca en el TJUE respecto al IRPH o el Caso Banco Popular y el Congreso rechazó una PNL que instaba al Ejecutivo a defender a los afectados o a mantenerse neutral…

Son los contrasentidos con los que lidiamos a diario quienes nos ocupamos de proteger a los consumidores. Como ya comentaba al comienzo de la entrevista, echamos en falta algo más de coherencia y empatía por parte de nuestros servidores públicos.

Con el cambio de gobierno, ¿ha habido algún cambio en la interlocución de las asociaciones de defensa de los consumidores con el Ejecutivo?

En ASUFIN nos esforzamos por mantener abiertas las vías de interlocución con el Gobierno y, en general, todas las AAPP y organismos competentes en materia de consumo, para ejercer un diálogo franco y productivo. Hay que decir que la situación de emergencia vivida por la pandemia, que aún hoy lo mediatiza prácticamente todo, obligó a una serie de prioridades en materia legislativa y de ejecución en la toma de decisiones que entendemos. Pero hay mucho trabajo por hacer que bien haría el presente Ejecutivo por asumir antes de que finalice su tiempo. O muchas de las promesas emitidas quedarán en nada.

Dicho lo cual, es de justicia valorar positivamente que se incluyera un ministerio de Consumo en el actual Ejecutivo, prueba de lo que hemos avanzado en la consideración del consumo como algo prioritario. Nos consta que hay voluntad de hacer cosas, pero al existir tanta transversalidad en estas cuestiones, no siempre tiene competencias para materializar los cambios necesarios.