El Parlament de Cataluña sondea vías para evitar la suspensión de los diputados, mientras el president Torra, de visita en Escocia, no pedirá a los dirigentes procesados que abandonen el escaño y reclama una respuesta de la cámara.
El nuevo clima de diálogo entre el gobierno español y la Generalitat no evitará un choque entre el Tribunal Supremo y el Parlamento pro la suspensión dictada por el Juez Llarena. La mayoría independentista en la cámara no está dispuesta a suspender los diputados procesados por rebelión sin ofrecer resistencia. Los partidos independentistas exploran como esquivar la decisión del magistrado y mostrar su desacuerdo con la causa contra el 1-O y denunciar las injerencias del poder judicial en la política catalana.
Ayer Quim Torra, afirmó desde Escocia, donde se reunió con la exconsellera Clara Ponsatí y la primera ministra Nicola Sturgeon, que no pedirá a ninguno de los diputados procesados por rebelión que renuncien a ser parlamentarios. “No sólo no compartimos la suspensión de los diputados sino que la consideramos indecente”, insistió desde Edimburgo, afirmando que “debe ser el Parlamento, quien deba responder de manera colectiva a la nueva decisión del Supremo”.
Según fuentes parlamentarias, ayer aún no había llegado al Parlamento la resolución de Llarena en que comunica a la cámara la suspensión de los diputados y le insta a tomar las “medidas precisas para dar plena efectividad”.
Ciudadanos ha reclamado a la mesa que haga efectiva la resolución del Supremo. Fuentes consultadas apuntan que lo más probable es que se solicite un informe a los servicios jurídicos, en concreto un dictamen al letrado que asiste a la comisión del estatuto del diputado.
Joan Ridao será nombrado letrado mayor del Parlamento a propuesta del presidente de la cámara, Roger Torrent. «Haremos lo que diga el informe», afirman fuentes de la mayoría, que esperan que los servicios jurídicos asuman lo que dice el reglamento.
Just per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, estudian llevar la suspensión de los diputados en el pleno del Parlamento, como establece el artículo 25. Ambos partidos consideran que a pesar de que la ley de enjuiciamiento criminal especifique que los procesados por terrorismo «o rebeldes» que estén en situación de prisión preventiva deben ser suspendidos de sus derechos como diputados, el Parlamento tiene algo que decir. «Es un ataque a la soberanía» de la cámara catalana, aseguró Torra en su comparecencia desde Edimburgo.
Llarena suspende los diputados -los deja sin poder ejercer el voto y percibir el sueldo mientras dure su situación- pero abre una vía para evitar que se alteren las mayorías parlamentarias. El magistrado recuerda en su auto, “que si los diputados suspendidos dejan de votar a partir de ahora, se pondría fin a la mayoría surgida de las elecciones del 21 de diciembre” y permite la sustitución temporal de Jordi Turull, Josep Rull , Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez y Puigdemont por otros integrantes de la candidatura para no perder la aritmética parlamentaria.
Fuentes de fuentes de JxCat critican que se invente esta posibilidad sin estar prevista en el ordenamiento jurídico y sin dejar claro como se sustituye temporalmente a los diputados afectados. No descartan solicitar una aclaración al Supremo. El escrito de Llarena, según las mismas fuentes, se puede referir a dos vías diferentes: una en manos del Parlamento, y la otra en manos de la cámara y la Junta Electoral. En el primer caso, opinan que se podría explorar que los diputados suspendidos continuaran votando por delegación de voto, según el reglamento, “un parlamentario en esta situación no puede votar“. La otra opción sería que temporalmente entraran nuevos diputados que sustituyeran circunstancialmente los suspendidos. Esta vía que no está prevista en el ordenamiento jurídico y que requeriría un encaje a la ley electoral. Las defensas de los diputados procesados tienen previsto recurrir la resolución de Llarena, aunque no esperen una rectificación. Mientras tanto la CUP exige la desobediencia. Los partidos de la oposición reclaman al Parlamento que acate la decisión. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exigió a los independentistas que “cumplan con la suspensión y descartó que las sentencias judiciales se voten en el pleno”. Por su parte Miquel Iceta líder de PSC, aseguró que “las resoluciones judiciales se deben respetar”.
