Uno de las expresiones grotescas del engendro estatal y para-estatal colombiano es el para-militarismo asociado a los carteles de la droga y conectado a las fuerzas armadas y agencias de inteligencia local y transnacional.
Los tristemente famosos “paracos” cuentan con más de treinta años de experiencia en tráfico de drogas, lavado, contrabando, sicariato, terror, masacres y torturas; exterminio de las bases sociales de las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas; desplazamientos forzados de las poblaciones indígenas, afro-descendiente y campesinas en general; apropiación de tierras mediante métodos cruentos; soborno y cooptación de organizaciones sociales, cooperativas y gremios de transportes, y formación por esas vías de eficaces redes de espionaje.
Buenos armamentos y enormes sumas de dinero procedentes del narco-tráfico y de otras actividades delictivas, nutren esas unidades para-militares estrechamente articuladas a las fuerzas militares y policiales regulares y al sistema político-institucional de Colombia.
En esta fase, post-paz traicionada, las unidades paramilitares intensificaron sus practicas criminales provocando un balance de más de 400 asesinatos de exguerilleros y activistas sociales
Exportación del producto criminal por decisión imperial
Su alta capacidad de reproducción estimuló hace ya varios años la idea de su exportación a otros países, como importante componente de los planes contra-revolucionarios (de factura ultraderechista, imperialista y mafiosa), allí donde los EEUU y las clases dominantes tradicionales han perdido parcial o totalmente el control de estados y/o gobiernos.
Esa vertiente de la agresión – junto a otras derivadas de sesenta años de experiencia en contrainsurgencia y capacidad expansionista del narco-capital acumulado- ha determinado que a Colombia, en su condición de país intervenido con siete bases militares y tutelado por un imperialismo pentagonizado, se le esté asignando de más en más en esta región un rol parecido al de Israel en el Medio Oriente.
A falta todavía, por las contradicciones militares internas que lo traban, de un poder intervencionista activo (asociado al PENTÁGONO) de mucho más alto nivel, como el que potencialmente podría desplegar Brasil, la cúpula imperialista estadounidense ha optado por usar las capacidades colombianas en el plano de Estado Terrorista y fuerza militar contrainsurgente.
En Ecuador se han presentado no pocas señales de esa infiltración contaminante, amén de haber sido víctima de una agresión directa en la lógica uribista de extender su política persecutoria de la oposición al régimen más allá de sus fronteras.
En República Dominicana y en toda la isla que compartimos con Haití, bajo la dirección de embajadores como el narco-general Montoya (ex-jefe del ejercito y responsable de grandes masacres en barriadas de Medellín) y otros funcionarios del personal diplomático, con la anuencia de los gobiernos dominicanos de Leonel Fernández y Danilo Medina, está en marcha una agresiva política de expansión de la experiencia para-militar, policial y militar colombiana; así como importantes inversiones de personeros de la extrema derecha civil y militar de ese país, incluidas las del propio Montoya (estimadas en uno 100 millones de dólares).
En Honduras esa nociva presencia es todavía mayor, y en México ni hablar.
En Venezuela -país con una larga frontera común con Colombia y una inmigración colombiana que ronda los cinco millones de personas- desde hace años vienen desplegándose esfuerzos destinados a construir células de acción violenta a partir del para-militarismo colombiano y las mismas, vinculadas a la ultraderecha neofascista, han sido responsables de innumerables crímenes y actos de terror, no pocos de ellos falsamente atribuidos a los gobiernos de Chávez y de Maduro.
Personeros de ese espectro, como Leopoldo López y Juan Guaidó, han servido de pantalla política a esas modalidades de terrorismo, en las que la asesoría de la CÍA y el Mosad han jugado un papel estelar.
Presencia en Venezuela
El narco-para-militarismo colombiano inició su implantación en Venezuela en los Estados fronterizos con Colombia: Zulia, Táchira, Apure y Barinas.
En los casos de Zulia y Táchira llegó a tener el control de las gobernaciones y muchas alcaldías administradas por la extrema derecha.
En Apure y Barinas avanzó significativamente la contaminación de alcaldías y otras instituciones estaduales.
En esas zonas su infiltración incluye el soborno de una parte de las autoridades civiles y militares bolivarianas.
De esa manera logran manipular el tráfico y lavado de drogas y dinero, cobran cuotas por la protección a comerciantes que ellos mismos amenazan, controlan el contrabando de combustibles y alimentos hacia Colombia, usurpan sindicatos de taxistas y transporte interurbano de carga y pasajeros, compran latifundios, se asocian a capitales locales, se alían y/o financian politiqueros venezolanos y montan empresas propias.
Desde esos predios fronterizos el para-militarismo colombiano se ha extendido a otras regiones, incluyendo implantaciones fuertes en Caracas (especialmente en el populoso sector de Petare).
Al crecimiento en Caracas se le suma una fuerte expansión en Sucre, Delta Amacuro y en la región amazónica.
Como fenómeno no solo militar-criminal, sino también económico, social, cultural…infecta con sus anti-valores muchos espacios, genera amplios redes sociales a su servicio, penetra los buhoneros y una parte del resto de la llamada “economía informal”, promueve la piratería de todo tipo… haciendo que todo esto refuerce también su labor de espionaje, control territorial y planes de subversión política.
Incluye en su repertorio la promoción en videos y canciones de sus inconductas y “valores”, contaminado la conciencia social, en una sociedad donde todavía importantes medios de comunicación, empresas de entretenimiento y del mundo del espectáculo, están en manos de grandes capitales privados enemigos de las transformaciones iniciadas bajo el liderazgo de Chávez.
Casi todo lo que en materia de violencia de calle y actos de terror ocurre en ese hermano país cuenta con ese nocivo ingrediente integrado a la llamada guerra de cuarta generación, que previamente a la invasión militar directa, incluye bloqueos económicos, desabastecimientos, sabotajes, guerra mediática y cíber-ataques, entre otros medios.
