La Unión General de Trabajadores, a través de la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, se ha reunido la mañana del jueves, en Sevilla con el presidente de la Asociación Víctimas del Paro y de las Asociaciones de Desempleados de España, Joaquín García, para para abordar el grave problema de la pobreza severa de este colectivo y el futuro de sus pensiones.
El desempleo en España no solo es globalmente elevadísimo, sino que se ha ‘estructuralizado’, y se eleva a más de 2,1 millones de mujeres y hombres, que llevan en el paro desde hace mucho tiempo, muchos de ellos más de dos años”, han denunciado.
Para las empresas en nuestro país, estos trabajadores y trabajadoras mayores de 52 años, son discriminados por la edad. Y las mujeres lo son doblemente, con lo que la brecha salarial se incrementa y se agranda aún más la precariedad y se reduce el importe de sus pensiones futuras.
A medida que se ha ido recuperando la creación de empleo, se pone en evidencia que el trabajo, incluso en las actuales condiciones degradadas, solo beneficia a algunos desempleados y desempleadas, mientras que millones permanecen marginados de las posibilidades de acceso al trabajo y padeciendo la desprotección.
“Es inaceptable una política que se olvida de esta terrible realidad, que abandona a una gran parte de los desempleados y desempleadas, a los abandona a su suerte, y que se basa en contemplar pasivamente el funcionamiento marginador del mercado de trabajo en nuestro país”, ha denunciado Mari Carmen Barrera.
La causa de esa marginación está, en primer lugar, “en las circunstancias de esos desempleados: baja cualificación, competencias profesionales desfasadas u obsoletas, experiencia laboral en sectores y actividades arrasados por la crisis o sin capacidad suficiente para crear empleo”, ha destacado la secretaria de Empleo de UGT. Por eso ha reclamado que “se adopten las políticas adecuadas para resolverlas y eliminar las desigualdades en cuanto a las opciones de empleo de los parados y paradas”.
Aumentar recursos para las Políticas Acticas de Empleo
Es imprescindible y de urgencia social “poner en marcha estas políticas activas de empleo, porque además su ausencia hace que esos desempleados marginados se concentren en determinados colectivos más débiles: jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad, etc., que van conformando los perdedores de esta recuperación económica ‘en falso’”, ha denunciado mari Carmen Barrera, junto al presidente de la Asociación Víctimas del Paro.
La responsable de empleo de UGT ha puesto el foco en donde se deben dirigir “las políticas de empleo y donde se debe medir su eficacia”. Por eso ha denunciado la cantidad de contratos mayoritariamente temporales y precarios que pueden encadenar estos trabajadores, que no logran salir de la precariedad y permanecen en crisis permanente. “Y es aquí donde las políticas adoptadas en esta pasada legislatura han fracasado por completo”, ha señalado Mari Carmen Barrera.
Aumentar a corto plazo los recursos de las políticas activas de empleo, reorientando los actuales mediante la supresión de la mayoría de las bonificaciones y reducciones a la contratación (que actualmente ascienden a 3.700 millones de euros) y de otros programas carentes de eficacia. “En el plazo de dos años los recursos actuales (sin contar con esas bonificaciones) de las PAE” deberían, a juicio de la secretaria de Empleo de UGT, duplicarse.
Es necesario que todos los parados y paradas de larga duración pasen, en el plazo de seis meses, por un diagnóstico personalizado realizado por los Servicios Públicos de Empleo y de contar con un itinerario de inserción al empleo, que debería de comenzar a desarrollarse de forma inmediata.
El segundo gran colectivo de atención prioritaria (en los mismos términos que los anteriores) lo constituirán aquellos desempleados/as que de forma recurrente se han visto afectados por el desempleo y la rotación en el empleo. Las dos líneas de actuación anteriores deberían ser en nuestro país, un derecho legalmente exigible por los desempleados y desempleadas y una obligación para los Servicios Públicos de Empleo y así lo ha planteado Mari Carmen Barrera a los representantes de las asociaciones de parados. Porque “tras las reformas legales del Gobierno del partido popular en 2012, los derechos de los desempleados en España prácticamente no existen”, ha señalado.
Establecer una prestación de ingresos mínimos
Sólo el 62% de los desempleados cobra prestación por desempleo. El endurecimiento del acceso al desempleo por el Gobierno del PP ha dejado casi a la mitad de los desempleados sin ingresos. Y esto es una realidad que requiere una solución urgente. “Es necesario establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, en línea con la Iniciativa Legislativa Popular promovida y presentada ante el Congreso de los Diputados por UGT y CCOO. Sería vital para dotar de ingresos al elevado número de desempleados que actualmente se encuentran sin cobertura de alguna prestación en nuestro país”.
También los recortes han alcanzado a las jubilaciones parciales, un mecanismo que fomenta el relevo generacional y la entrada de jóvenes al mercado de trabajo. Por ello es necesario potenciar las políticas de jubilación parcial y los contratos de relevo (relanzar el contrato relevo a los 60 años que permita que muchos jóvenes puedan ocupar un empleo de calidad), y no como está ocurriendo ahora que se despiden a estos trabajadores sin utilizar su potencial, abocándoles a una pérdida de sus cotizaciones y de su futura pensión.
Porque, aunque crece el PIB, la pobreza no ha dejado de crecer en nuestro país y no hay síntomas que auguren un descenso inmediato de las tasas de pobreza en España. “Por ello, hay que luchar contra esta realidad y en ello, las políticas activas de empleo son una de las herramientas más eficaces de lucha contra la pobreza. Los PGE deben, contrariamente a lo que plantean, invertir decididamente en ellas”, ha recordado Mari Carmen Barrera.
