Tengo una teoría que roza lo conspiranoico. A mí me lo parece, no les voy a mentir. Pero dicen que la conspiranoia viene a llenar aquellos huecos que no somos capaces de completar en un mundo extraño y vasto, donde todo es multifactorial y no existen, hace mucho, explicaciones sencillas para fenómenos complejos, que es una cosa que al español medio le gusta muchísimo. Bajen sino a cualquier bar (pónganse primero la puñetera mascarilla) y encontrarán cientos de ejemplos arreglando el país entre quintos de cerveza y copas de anís del mono.

Creo que el Partido Popular ha decidido hacer saltar por los aires la credibilidad de todas las instituciones del Estado. Lo han hecho con los ayuntamientos en los que han gobernado (aquí en Galicia, por ejemplo, son de sobra conocidas las relaciones entre el narcotráfico ochentero y algunos grandes nombres políticos de la época), con las diputaciones (véase el caso de la de León, con su asesinato y todo) y con las comunidades autónomas (Díaz Ayuso, por ejemplo, se queda sola en esta tarea). Lo han hecho con las comisiones de investigación en el Congreso, a las que han torpedeado de manera vergonzante, y con el propio gobierno central, donde el esperpento marianista rivalizó incluso con el valleinclanesco.

Rajoy lo definió muy bien, sin pretender hacerlo, cuando el galimatías aquel del “cuanto peor mejor el suyo beneficio político”, aunque él le atribuía esto (me van a perdonar, pero no sé cómo definir esa especie de frase) a Pablo Iglesias. Mariano, con la mirada inteligente de un herbívoro rumiando hierba, daba en el clavo con algo que se ha convertido en la única estrategia, si se le puede llamar así, del PP de Pablo Casado: en río revuelto, ganan los de las cañas.

Es ahora el turno de la judicatura. En España la justicia nunca ha estado demasiado bien vista, porque por el motivo que fuese, a ninguno de nuestros múltiples gobiernos desde la cosa aquella de la Transición le ha importado demasiado dotar al tercer poder del Estado de medios adecuados. El atraso en la digitalización es tal que sorprende entrar a una sala de justicia y encontrar ordenadores en lugar de escribas. La lentitud y los retrasos derivados de esa falta de medios socavan la credibilidad del sistema judicial desde hace décadas. Lo pregunté muchas veces cuando estudiaba: ¿de qué sirve una sentencia favorable diez años después de que alguien te cause un daño? Sigo esperando una respuesta convincente.

Pero, volviendo al tema, no es la falta de medios del poder judicial la que ahora pone en cuestión la credibilidad del mismo, sino las cada vez más evidentes relaciones entre los altos cargos de la magistratura y los del Partido Popular. El bloqueo del CGPJ y la persecución judicial tipo lawfare contra los representantes de Podemos son los dos últimos eslabones de una cadena de usos (y abusos) políticos del único poder del Estado en el que jamás, jamás debería inmiscuirse la política.

Ahora bien, la pregunta que queda en el aire es ¿por qué querría el PP dinamitar la confianza en las instituciones? Bueno, tras treinta años de latrocinio, el Partido Popular de Casado tiene no pocos frentes abiertos en lo que a justicia se refiere y bloquear el CGPJ les sirve para seguir teniendo a amiguetes juzgando sus andanzas. La persecución a Pablo Iglesias por jueces afines al partido fundado por Fraga es un aviso a navegantes: si te metes en política, iremos a destruirte. Por tus hechos y por los que nos inventemos. Es a la vez una maniobra de desgaste al rival político y de defensa propia, construida sobre un argumento muy español: o para mí, o para nadie.

Si no pueden tener el poder (y todo augura que van a estar lejos de él una buena temporada), que venga entonces el caos.

Y se dicen patriotas.

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1 Comentario

  1. Son lo que son, autoritarios neo-franquistas. Son hijos y nietos políticos del clerical-fascismo franquista, ahí hunden sus raíces, de ahí obtienen su savia. Lo democrático les es ajeno. Y mucho más a este incapaz que le tuvieron que regalar la licenciatura en Derecho sin haber pisado un aula. Viven y sobreviven en la «delincuencia política»

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