El Partido Popular y el PSOE alcanzaron el acuerdo de que Manuel Marchena presidiera el Consejo General del Poder Judicial y, por ende, el Tribunal Supremo con una distribución de los vocales en la que la mayoría será progresista. Sin embargo, hay varios aspectos a analizar en este pacto entre populares y socialistas, el principal, que Pablo Casado se asegura cerrar definitivamente el caso de su currículum o blindarlo de futuras investigaciones. Hay que recordar que fue la sala de admisión del Supremo, compuesta por Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Ana Ferrer y Pablo Llarena, quien decidió archivar las actuaciones en la Sala 2ª por considerar en definitiva que no se había detectado el necesario concierto de voluntades entre Pablo Casado y los responsables del máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos.

El pasado mes de agosto, el juez Fernando Presencia publicó un artículo en el que exponía las razones por las que Manuel Marchena no sería elegido como presidente del CGPJ debido, principalmente, al caso de la plaza concedida a su hija.  En concreto, en aquel artículo se afirmaba que «el asunto del nombramiento supuestamente ilegal de su hija como funcionaria en prácticas para su posterior acceso a la carrera fiscal colocaría a Manuel Marchena en una posición jurídica muy comprometida si fuera elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial, que podría verse imputado directamente por un supuesto delito de tráfico de influencias al verse favorecido, a través de su hija, por las consecuencias de otro supuesto delito de nombramiento ilegal de funcionario público en el que se vería implicada también Gema Espinosa Conde».

Sin embargo, la realidad es que el pacto alcanzado es un movimiento estratégico brillante por parte del PSOE y del Gobierno. Teniendo en cuenta en la situación en que están dejando a la Justicia los hombres de Carlos Lesmes (conservadores), la inclusión de una mayoría progresista hace infundir esperanzas de que, una vez que Marchena asuma el cargo, se puede avanzar en el camino de la profunda reforma que necesita nuestra organización de Justicia, empezando por el hecho de que se aparta a alguien como el magistrado elegido para presidir el CGPJ de la causa del Procés y abriendo el camino para que los presos catalanes no sean juzgados por rebelión e, incluso, que salgan de la cárcel, como es de derecho.

 

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