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Pacto de San Sebastián: el día que los catalanes creyeron tener en sus manos el derecho a la autodeterminación

Los que acudieron a aquella reunión celebrada el 17 de agosto de 1930 salieron convencidos de que Cataluña sería independiente

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análisis

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La negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña tendrá un gran caballo de batalla: el debate jurídico sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Ese espinoso asunto fue uno de los aspectos más debatidos en el proyecto de Estatuto de Cataluña durante la Segunda República y nos aporta algunas claves de lo que puede volver a suceder cuando Sánchez y Pere Aragonès se sienten cara a cara. En los años treinta del pasado siglo, la tesis defendida por todos los catalanistas, tanto de izquierdas como de derechas, era que en el Pacto de San Sebastián se había reconocido tal derecho y Francesc Macià jamás dejó de hablar de hacerlo efectivo algún día.

El Pacto de San Sebastián fue una reunión promovida por la Alianza Republicana que tuvo lugar en la capital vasca el 17 de agosto de 1930, a la que asistieron representantes de la mayoría de los partidos republicanos españoles y en la que se acordó la estrategia política a seguir para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT.​

Según informa el diario El Salto, el historiador Xavier Domènech relata en su libro Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017) que “la cuestión catalana fue central para llegar al pacto republicano”. “Si bien no se levantaron actas de aquella histórica reunión de San Sebastián, dando lugar después a toda clase de interpretaciones sobre lo que verdaderamente se acordó en Donostia, los delegados catalanes, en una nota publicada posteriormente en el diario La Publicitat, y consensuada con el resto de los asistentes, informaban de que los republicanos españoles habían asumido en la reunión el principio de autodeterminación de los pueblos, concretado en el proyecto de estatuto o Constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña”.

Autodeterminación

El Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932, también conocido como Estatuto de Nuria, contemplaba la creación de una ciudadanía catalana, la incorporación de otros territorios, el catalán como lengua oficial y un servicio militar autóctono. Todas esas prerrogativas fueron interpretadas por algunos de forma amplia al considerar que para hacerlas realidad antes era preciso alcanzar el derecho a la autodeterminación. Y con esa idea salieron del Pacto de San Sebastián. Solo cuatro concejales de los 8.300 existente en aquel momento en Cataluña estuvieron en contra de esa hoja de ruta.

Sin embargo, es obvio que el procés de aquellos días chocaba de lleno con la Constitución, lo que explica las múltiples reticencias y lo largo de la duración de los debates de cara a la aprobación del Estatut (desde mayo a septiembre de 1932). Las derechas (especialmente los agrarios representantes de intereses de las clases altas y votos castellanos) se opusieron al estatuto, pero esta actitud encontró además eco en otros sectores de la intelectualidad liberal. Aparte de Miguel de Unamuno, habitualmente poco simpatizante con los nacionalismos periféricos, Ortega y Gasset declaró, no sin razón, y vista la diferencia de puntos de vista, que el problema de Cataluña era “irresoluble” y solo se podía “conllevar”.

Por su parte, los socialistas, que acabaron perdiendo algún que otro diputado por culpa del Estatut, exigieron inicialmente, por boca de Indalecio Prieto, una mayoría semiaclamatoria para su aprobación, lo que hubiera supuesto recortes al texto, y tampoco los radicales mostraron demasiado entusiasmo. Frente a todas estas actitudes, los catalanistas reaccionaron con irritación. Companys declaró que, tal como iba quedando, el Estatut podía llegar a no interesar a los catalanes, y otro diputado de Esquerra llegó a afirmar que sin duda “habían sido engañados”. Si finalmente se llegó a la aprobación del texto legal fue gracias a la intervención brillante de Azaña y sobre todo a la reacción de solidaridad de todos los sectores republicanos como consecuencia del fracaso del golpe de Sanjurjo de 1932. Con todo, si hubo 24 diputados que votaron en contra, otros cien se abstuvieron.

El Estatuto de Nuria fue limado a fondo tras su paso por las Cortes. De la autodeterminación no quedaba más que un recuerdo en la afirmación de que Cataluña “se constituye como región autónoma”, como si el reflexivo quisiera indicar que lo hacía por propia y única voluntad. En cambio, desaparecía la ciudadanía catalana y la lengua quedaba reducida al carácter de cooficial junto al castellano. El sistema judicial estatal predominaba sobre los tribunales catalanes y en cuanto a la Hacienda pública nada quedó al final de la prometida entrega o transferencia de los impuestos directos a la Generalitat. En general, el régimen tributario limitaba considerablemente las posibilidades financieras de las instituciones catalanas.

Sin duda, el Estatuto nunca satisfizo las ansias de autogobierno de los nacionalistas más radicales, pero sí sirvió como un punto de equilibrio o coincidencia entre los bloques de derechas e izquierdas, que en ese momento empezaban a enconarse. Sin duda, el texto fue un parche, un punto de transacción, hasta que todo estalló en 1934. El 6 de octubre de ese año tuvo lugar en Barcelona la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española por parte del presidente de la Generalitat, Lluís Companys. En ese momento las derechas decidieron que las instituciones catalanas tenían que ser borradas del mapa.

El Pacto de San Sebastián es una de las claves para entender el problema catalán en tiempos recientes. Cabe suponer que en la mesa de negociación que se prepara estos días alguien levante acta de lo que allí se diga. Así se evitarán trucos, trilerismos y malos entendidos.

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1 COMENTARIO

  1. Uf como aburre haciendo mención a la historia. Ahora la realidad es otra. ¿Podemos hacer lo mismo sobre el concepto de democracia plena en un país con asesinados que todavía están sin reconocer en cientos de fosas en cunetas?
    Un poco de respeto y seriedad

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