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Pablo Iglesias anuncia a las autonomías 600 millones de euros para el Plan de Choque de la Dependencia

El Consejo Territorial de Derechos Sociales aborda las propuestas para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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El Consejo Territorial de Derechos Sociales, en el que el vicepresidente Pablo Iglesias se reúne con las comunidades autónomas, se celebró ayer para informar de la puesta en marcha de un Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Para ello se contará con una inversión de 600 millones.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que ha presidido el Consejo, ha defendido que el Plan de Choque, “tiene la capacidad de incidir en la actualización del Sistema y la mejora de la atención y de la financiación, para que la atención a la dependencia sea, por fin, un derecho realmente efectivo en España”.

El plan contempla establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas (estableciendo cuantías mínimas) incrementando las máximas e introduciendo mejoras en su regulación o ampliar las compatibilidades entre las Prestaciones y Servicios.

Asimismo, plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación y orientarlo a la consecución de determinadas medidas estratégicas de refuerzo del SAAD, analizar y revisar el actual modelo de copago, o reconocer la aportación de las Entidades Locales y reconsiderar su papel en el SAAD.

El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023). Las medidas propuestas para aumentar la contribución por parte de la Administración General del Estado a la financiación del SAAD, aseguran los recursos suficientes para su implementación y para que la lista de espera se reduzca sustancialmente.

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