La siguiente afirmación será impopular y se asume que así lo sea pero, realizando un análisis de lo ocurrido en los últimos días en el Partido Popular, y según confirman fuentes jurídicas a Diario16, se podría decir que Pablo Casado ha sido víctima de una serie de represalias similares a las que sufren, han sufrido y sufrirán los denunciantes de corrupción de este país.
Por desgracia, la corrupción es fenómeno sistémico en España que, en realidad, es protegido por los poderosos. Cuando alguien da el paso, independientemente de la condición personal o profesional en la que se encuentre, se activa una especie de protocolo de destrucción absoluta de quienes tienen el valor de presentar ante quien corresponde lo que está sucediendo ante sus ojos.
Además, hay que tener en cuenta que España no protege a quienes denuncian esa corrupción sistémica. Más bien al contrario, los organismos públicos, los partidos políticos o las diferentes organizaciones públicas y privadas que deberían estar empeñados en limpiar sus sótanos de la ponzoña corrupta, les machacan, ponen todo su poder de influencia y económico al servicio de quienes quieren evitar que sus comportamientos espurios salgan a la luz o tengan el castigo que la ley dispone para los mismos.
Pablo Casado ya sabe lo que es eso porque, en menor medida que la gran mayoría de los denunciantes de corrupción de este país, ha sido víctima de las represalias de la activación de ese protocolo perverso porque se encontró con un presunto gran caso de corrupción en la Comunidad de Madrid y decidió investigarlo por si tenía que tomar medidas. Otra cosa es cómo se desarrolló esa investigación a través de tácticas mafiosas de espionaje y si Casado fue conocedor de una estrategia que es tan deplorable e infame que la posible corrupción que pudiera haber en la concesión de contratos a los familiares de la familia de Isabel Díaz Ayuso.
Lo que no cabe ninguna duda es que Casado denunció un posible caso de corrupción, que las denuncias de los partidos de la izquierda han sido admitidas por la Fiscalía porque se ha detectado trascendencia penal en, al menos, el contrato por el que el hermano de Ayuso cobró 55.000 euros, cantidad que fue reconocida por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid en un comunicado. Tampoco cabe ninguna duda de que Pablo Casado tendrá que dejar la Presidencia del PP por, entre otras cosas, denunciar o pedir explicaciones sobre un presunto caso de corrupción dentro de su partido.
Es evidente que la situación de Pablo Casado no puede ser comparada a la de los miles de denunciantes de corrupción que, en la gran mayoría de los casos, han tenido que enfrentarse a todo el aparato represivo del Estado, incluso, viendo cómo su vida podía peligrar.
Sin embargo, el procedimiento utilizado para cargarse a Casado ha sido el mismo, dando, incluso, apariencia de legalidad en lo que ha sido un golpe político al más puro estilo de Tejero.
Es cierto que Pablo Casado tenía currículum suficiente para haber dimitido o haber sido cesado pero, casualmente, su salida será producto de la presión ejercida después de poner en conocimiento de la ciudadanía la existencia de un presunto caso de corrupción en Madrid.
Amparado por la Directiva Whistleblower
Puede parecer una paradoja que el presidente de un partido político acuciado y condenado como beneficiario de tramas de corrupción esté amparado por la Directiva Europea de protección a los denunciantes. Sin embargo, así es, según han confirmado a Diario16 fuentes jurídicas conocedoras de dicha normativa europea.
La Directiva es muy clara a la hora de indicar a los Estados miembros que están obligados a adoptar las medidas necesarias para prohibir cualquier forma de represalia contra los alertadores o denunciantes de corrupción. También están incluidas las amenazas y las tentativas de represalias.
Para que no existan dudas sobre lo que es o no es una represalia, la Directiva incluye un listado entre las que se encuentran, la suspensión, el despido, la destitución o medidas equivalentes; las coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo; la discriminación, o trato desfavorable o injusto; los daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios de comunicación o las redes sociales. Estas son algunas de las cosas que son aplicables a la situación por la que Pablo Casado ha pasado en estos días y que le permitirían acogerse a la protección señalada en la Directiva.
Lo que ha hecho Díaz Ayuso es algo muy feo: nepotismo. Sin embargo, se presenta como una víctima. Pero, amigos, es que Pedro Sánchez, habiendo colocado a su mujer en el chiringuito aafricano, ha hecho exactamente lo mismo. Ambos dicen que es algo legal. Conclusión: las leyes las hacen mangantes sin escrúpulos para delinquir legalmente, permítanme la licencia.
No se si la denuncia de posible corrupción de Pablo Casado es por honradez o un ataque intencionado a la enemiga presidenta, lo que si está claro es que si te chivas, te hunden, así es España.
¡Manda carajo con el PP! No simpatizo para nada con Casado, pero debo reconocer que no metió la mano en ningún saco de los dineros, ni realizó ninguna operación para enriquecer a su familia. Ahora pone al mando a un sujeto que tenía como amigos a narcos, y continua una individua de la que existe fundadas sospechas que benefició a su familia para que ésta se enriqueciese. Y a esto le llaman democracia, ¡hay que tener jeta!