La justicia creativa despliega su imaginación sancionadora. De esta forma, ya podemos comprobar la persecución penal basada en términos contradictorios como figuras delictivas: violencia pasiva o terrorismo sin armas o de baja intensidad. Quizá cuando se expida una euroorden los jueces europeos, ante la calificación conceptual de terrorismo, no sean tan tiquismiquis con la rebelión violenta, la sedición o los desmanes de los nacionalistas catalanes. La introducción de las categorías de terrorismo o rebelión en actos de protesta supone la parte más onerosa e irreparable de la criminalización del malestar y las vindicaciones ciudadana. Entramos en el caliginoso mundo del lenguaje orwelliano, donde el escritor británico George Orwellen su novela “1984” recrea la manipulación del lenguaje como forma de dominación en virtud de lo cual cambiando el nombre de las cosas se cambian las ideas que se tienen de ellas. De este modo, en ese mundo oewelliano el Ministerio de la verdad se encargará de falsificar datos y estadísticas, el de la Paz se encargará de dirigir la guerra y el del Amor a torturar a presos y disidentes. Las palabras no se utilizan para transmitir significado sino para ocultarlo. Cuando se consigue que el ciudadano interiorice esta neolengua y el acto de doble pensar se logra que pase por alto su precepción de la realidad, que desconfíe de ella, para asumir la verdad oficial dictaminada por las autoridades.
De todo ello se deriva una realidad muy preocupante: cuando el adversario político es considerado terrorista o delincuente, desde la neolengua como estrategia, la política desaparece y, con ella, el libre juego democrático ya que el escenario que se establece es un enfrentamiento civil desigual donde aquellos que controlan el Estado utilizan todos sus resortes represivos: policía, ejército, jueces, para convertir sus antagonistas políticos en reos y la disidencia en sedición. Es la quintaesencia del Estado autoritario y el desmayo de la democracia. En este contexto hay una abolición sumaria del diálogo, de la aceptación del oponente, del pensamiento crítico y, lo que es más grave, de la centralidad soberana de la ciudadanía. Como advierte Norberto Bobbio la democracia no consiste en votar cada cierto tiempo sino en poder elegir entre auténticas alternativas. Sin embargo, hoy vemos en nuestro país como las mayorías parlamentarias, resultado de la expresión popular manifestada en las urnas, son contrariadas por un juez del Tribunal Supremo que impide que el candidato elegido por el parlamento catalán para la presidencia de la Generalidad pueda acudir a la sesión de investidura al mantenerlo en prisión preventiva a pesar de estar en posesión de todos sus derechos políticos y desoyendo la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que obliga al Estado a garantizar dichos derechos.Para el constitucionalista Pérez Royo Impedir el ejercicio del derecho de sufragio activo o pasivo sin sentencia judicial firme es el más grave delito de prevaricación que se puede cometer en democracia. Es un delito de prevaricación contra la democracia de manera directa, concluye Pérez Royo.
Cuando los problemas políticos dejan de estar en el ámbito de la política la vida pública entre en una espiral de descomposición democrática donde las relaciones de poder sólo se plantean en términos de vencedores y vencidos, de uniformidad ideológica y abolición de la disidencia. Se concentra, de este modo, el régimen político en una etapa histórica en la que ya es imposible la reconstrucción de la convivencia en parámetros de pluralismo y tolerancia. A ello hay que añadir, para que la decadencia sea total, que es un régimen, por si lo habíamos olvidado, que ha ejecutado una devaluación de salarios y expectativas sociales bajo una lluvia constante de escándalos de corrupción. Y como instrumento de resistencia sistémica, el lenguaje orweliano donde performativamente se limita la democracia en nombre de la democracia, se empobrece a la gente en nombre del bienestar de la gente, donde la violencia la ejercen las victimas y que sirve a las minorías dominantes y su aparato político y mediático para delimitar los asuntos no opinables ni sujetos a formato polémico.
