Fuente ugd.ed

En una entrevista realizada al director actual de la institución de las Letras Catalanas, Oriol Ponsatì-Murlà ha explicado de manera muy clara la situación de las cuentas de la institución de las Letras Catalanas, que fue dirigida anteriormente por Laura Borrás. Precisamente Borrás se encuentra ahora mismo en un proceso judicial donde se le acusa de haber fraccionado contrataciones durante su dirección, que podrían haber sido irregulares.

En la entrevista citada, que puede verse aquí el actual director de la ILC, explica que la Institución es auditada anualmente por el propio Govern, como cualquier otra. Que nunca ha habido incidencia ni indicio de actividad irregular, y que así se ha acreditado en cada auditoría oficial realizada.

Señala Ponsatì que es la primera vez en 24 años que la Sindicatura de Cuentas realiza una auditoría, algo de lo que se alegra, y apuna al hecho de que esto debería ser algo frecuente y ordinario.

Sin contratos fraccionados en 2016, ni en 2017 ni en 2018

Explica Oriol Ponsaì que, de las revisiones realizadas por la Sindicatura de Cuentas, se desprende en sus informes que no ha habido ningún fraccionamiento en el ejercicio fiscal de 2018, tampoco en el de 2017 ni en el de 2016.

Sin embargo, explica la sorpresa al conocer la siguiente afirmación de la Sindicatura: «del análisis de los contratos menores del período 2016-2018 de un importe de 1,32 millones de euros se desprende que a siete adjudicatarios se les adjudicaron diversos contratos menores por importes acumulados superiores al máximo permitido para el contrato menor». Según explica Ponsatì lo que hace la Sindicatura para realizar semejante afirmación es unificar los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018 para considerar que los contratos realizados en cada año, que se repetían en otro año, responden a un fraccionamiento, cuando según el director esto no es así en ningún caso. De hecho, según ha señalado Ponsatì, de considerarse así, «la propia Sindicatura de Cuentas estaría también fraccionando contratos», puesto que se pregunta ¿qué sucede cuando tienes contratado, por ejemplo, un servicio de limpieza, para un año y vuelves a contratarlo con la misma empresa para el siguiente?.

El actual director del ILC es contundente: «no ha habido ningún contrato fraccionado y así lo confirman las auditorías».

Sin indicios de ningún tipo de delito ni irregularidad

Señala también en la entrevista el Señor Ponsatí, que de haber detectado cualquier tipo de indicio delictivo de cualquier índole en la revisión de las cuentas, la obligación de la Sindicatura habría sido iniciar el correspondiente procedimiento para dilucidarlo. Algo que no ha sucedido en ningún caso.

Además de afirmar que no se ha producido ningún fraccionamiento contractual, es contundente a la hora de señalar que, incluso llegando a considerar que se hubiera fraccionado, no es ningún tipo de delito. No está tipificado en el Código Penal, ni se han señalado indicios de que haya habido irregularidad alguna.

En base a la auditoría realizada por la Sindicatura, no hay rastro que apunte a los delitos por los que se quiere juzgar a Borrás: fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Precisamente el abogado de Laura Borrás, Gonzalo Boye, así lo explicaba en sus redes sociales:

Contrataciones distintas a la misma empresa

El foco se pone sobre contratos firmados con una misma empresa. La cuestión radica, según Ponsatì en que los contratos realizados eran para acometer servicios diferentes.

Es por esto que se pregunta si no es posible contratar a una misma compañía para realizar servicios distintos, ya que según parece puede interpretarse como si se quisiera fraccionar un contrato, cuando no es el caso. Y es que, precisamente, dos de los contratos que se están señalando responden a una misma empresa que realizó servicios para eventos distintos.

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