A través de la plataforma International Trial Watch se ha venido facilitando la presencia como observadores de distintos actores internacionales: políticos, Premios Nobel, y miembros de organizaciones que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, entre otros.

Hoy la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos publican un informe que contiene las conclusiones de su estudio sobre el juicio a los políticos y activistas independentistas catalanes.

A continuación reproducimos el contenido de las principales conclusiones:

arís, Bruselas, 9 de octubre de 2019

Nuestras organizaciones publican hoy un informe de observación denunciando las irregularidades en el juicio a nueve políticos y dirigentes asociativos catalanes, celebrado en Madrid entre el 12 de febrero y el 12 de junio de 2019. Habiéndose vulnerado el principio de contradicción, utilizando pruebas de otros procedimientos inconclusos, apoyándose en testimonios estereotipados y, sin garantizar el respeto de los derechos de defensa, este juicio no ofrece, según los observadores, las garantías necesarias para calificarlo como justo.

Dominique Noguères, en calidad de vicepresidente de la Liga Francesa de Derechos Humanos, y Alexandre Faro, como abogado del Tribunal de Apelación de París, recibieron el mandato de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y de EuroMed Rights (Red Euromediterránea de Derechos Humanos) de ser observadores en el juicio. Esta misión se llevó a cabo en colaboración con la plataforma International Tiral Watch. Más de 60 personas de los cinco continentes pudieron asistir al juicio como observadores.

Los observadores de la FIDH y de EuroMed Rights estuvieron presentes en dos ocasiones durante la primera semana del juicio, del 12 al 16 de febrero y del 27 de mayo al 4 de junio, junto con otros observadores de Bélgica, Italia, Estados Unidos y profesores de derecho españoles.

En el informe presentado hoy se mencionan varios puntos clave:

  1. Los observadores constatan que, bajo la apariencia de una organización perfecta, falta el elemento esencial del juicio: el principio de contradicción, que debería permitir a cada parte expresarse y sacar a la luz la verdad de los hechos alegados.
  2. Los observadores cuestionan las condiciones en las que se realizaron las audiencias a los testigos. ¿Se puede esperar que un oficial de las fuerzas de seguridad diga algo que no sea lo que hubiera dicho su superior un día antes ante el Tribunal? Como resultado, durante las audiencias a los testigos, los mismos discursos se repiten a menudo como declaraciones estereotipadas, lo que pone en duda la espontaneidad y la veracidad de las declaraciones.
  3. La multiplicidad de procedimientos en distintas jurisdicciones y su centralización tardía e incompleta ante el Tribunal Supremo constituyen, según los observadores, una violación del derecho a un juicio justo. A pesar de que varios de estos procedimientos no están cerrados, algunos de los elementos de estos fueron utilizados durante el juicio. Los observadores creen que parte de los hechos de la fiscalía se basan en una investigación que se centra en hechos anteriores y ajenos a los del caso.
  4. Las condiciones en las que se examinaron las pruebas, así como la presentación de películas y/o vídeos también dejan que desear puesto que sólo se realizaron en los últimos días del juicio, lo que imposibilitó que se produjera una discusión o un verdadero debate en aras del principio de contradicción.
  5. En cuanto al derecho de apelación: los observadores consideran que la calidad profesional de un juez no es un criterio pertinente capaz de compensar la falta de una doble instancia, lo único que permite que otros magistrados puedan reexaminar el caso.
  6. La presencia junto a la acusación de un partido político (VOX) que no ha sido víctima de nada y que sostiene tesis opuestas a las de los acusados.

 

Por lo tanto, los observadores consideran que no se cumplen las condiciones para un juicio justo debido a la ausencia de debate contradictorio, a las múltiples y repetidas violaciones de los derechos de la defensa, a la multiplicidad de procedimientos y a la utilización de documentos de otras investigaciones inconclusas de los que la defensa no había sido informada.

Contexto:

Siguiendo los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de 2017 en Cataluña y que condujeron al referéndum del 1 de octubre y a la proclamación de la independencia, que fue suspendida inmediatamente, nueve figuras políticas y asociativas fueron encarceladas, algunas de ellas desde octubre de 2017 y otras desde marzo de 2018.

Se trata de los presidentes de las dos asociaciones cívicas más importantes de Cataluña: Jordi Cuixart de Omnium y Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana, así como de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Se les acusa de violencia, sedición y malversación de fondos.

Informe de observación sobre el proceso judicial en Madrid contra los políticos y líderes asociativos catalanes, 12 de febrero a 12 de junio de 2019 .

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