La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 afectará con especial atención al Estado español, debido a su fuerte dependencia del turismo y a las secuelas que deja la crisis sanitaria. En este escenario, el Ministerio de Industria está trabajando en un plan de ayudas para incentivar la compra de coches nuevos para, de esta manera, promover las inversiones de los fabricantes y reactivar el mercado automovilístico. Un asunto que no ha sido bien acogido por las organizaciones ecologistas, que han demandado al Gobierno que “no dedique fondos públicos a rescates y planes de ayuda a las actividades que más contribuyen al cambio climático y la destrucción de la biodiversidad”.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF insisten en que “cualquier medida de apoyo a empresas esté condicionada a criterios de sostenibilidad ambiental y social”. Asimismo, las organizaciones solicitan que “los fondos públicos sean utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y para prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos”.

Por su parte, las principales patronales del automóvil, entre las que se encuentran Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto han reclamado al Gobierno de Sánchez un plan de impulso con una dotación de entre 250 y 300 millones de euros prorrogables. Por su parte, desde las organizaciones sostienen que “España debe priorizar sus apoyos económicos a los sectores esenciales más vulnerables”, y que las ayudas “siempre deben atender y formar parte de una estrategia de descarbonización y transición justa”. En este sentido, reclaman “más transparencia y debate en el diseño de las ayudas, así como su presencia en las mesas de negociación donde se aborden”.

De este modo, aunque la industria automovilística ha advertido que la renovación de la flota ayudaría a reducir emisiones, desde las organizaciones ecologistas advierten que “su propensión a vender vehículos cada vez más grandes y pesados está provocando que aumenten las emisiones del parque automovilístico”. En el caso de las patronales, ha informado Cinco Días, “reclaman que se cambie el actual impuesto de matriculación por uno nuevo que grave el parque según sus emisiones de CO2”. En este sentido, las organizaciones también se pronuncian y explican que, de confirmarse esta petición, “pondría en serio peligro el objetivo de descarbonización del transporte en 2050”. En el mismo comunicado, recuerdan que el transporte supone un 27% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y el 60% de las emisiones son producidas por los automóviles.

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