Organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia y el pianista James Rhodes, víctima de violencia sexual cuando era pequeño, se han unido hoy para pedir que se agilicen los trámites para sacar adelante cuanto antes la Ley integral de protección frente a la violencia contra la infancia, anunciada la semana pasada por el Gobierno.
El último Consejo de Ministros acordó la puesta en marcha del anteproyecto de Ley que, según el anuncio del Ejecutivo, se enviará al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019. Las organizaciones y el pianista insisten en que para que esta Ley sea una realidad la fecha de entrada a las Cortes debe ser el mes de enero de 2019.
«Este es un paso enorme, importante y vital que convertirá a España en el país número uno del mundo en la protección de los niños. Estoy profundamente agradecido al Gobierno y a todos los partidos políticos por su apoyo unilateral a un problema tan universal. Por razones personales, después de haber sido víctima de abusos sexuales durante varios años en mi infancia, esta es mi prioridad número uno y estoy muy emocionado de que el Gobierno le esté dando prioridad tratándolo como una cuestión de urgencia», afirma James Rhodes.
Se ha cumplido un año desde que el Pleno del Congreso acordara instar al Gobierno a poner en marcha esta Ley
El pianista, acompañado hoy por Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet, piden consenso político para que esta Ley sea una realidad cuanto antes. Esta norma es también uno de los asuntos más urgentes para Naciones Unidas, cuyo comité sobre los Derechos del Niño urgió a España a principios de año a agilizar los trámites para su aprobación, tal y como ya hiciera en el año 2011.
Esta semana se ha cumplido un año desde que el Pleno del Congreso acordara instar al Gobierno a poner en marcha esta Ley. Los cambios en el escenario político desde entonces no lo han hecho posible, pero este consenso debe prevalecer y facilitar cuanto antes su tramitación.
“Es urgente proteger a la infancia contra la violencia. El año pasado fuimos testigos del apoyo mayoritario de los grupos políticos en el Congreso con la aprobación de la Proposición No de Ley. Es necesario que esa unidad se repita y se logre la aprobación unánime y urgente de esta Ley que proteja a los niños y niñas frente a todo tipo de violencia”, señala Andrés Conde, director general de Save the Children.
Los abusos sexuales son una de las formas más graves de violencia que sufre la infancia en España. Según el informe de Save the Children “Ojos que no quieren ver” el abuso sexual a menores se extiende de media cuatro años, lo que demuestra que en España no existen aún las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.
Las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017
Que haya niños y niñas sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya víctimas que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidas se debe a una serie de fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas en la prevención, detección, en el proceso judicial y en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas.
Las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017, según el Anuario del Ministerio del Interior, pero, aunque las denuncias aumentan cada año, la mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Tan solo un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio oral.
Los profesionales que más tiempo pasan con los niños no tienen formación sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando. En las sentencias estudiadas por Save the Children, tan solo en un 15% de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes, por eso es imprescindible que los centros educativos cuenten con protocolos específicos que se activen ante cualquier sospecha.
“Ni la sociedad ni las instituciones asumen la realidad reflejada en estudios de abusos sexuales infantiles. Sin conciencia no hay alerta. Esta problemática, que afecta a uno de cada cinco niños y niñas, debería ser considerada una cuestión de Salud Pública y el Gobierno debe abordarlo como tal”, afirma Vicki Bernadet, presidenta de la Fundación que lleva su nombre.
Denunciar y llevar el caso a los tribunales tampoco es una garantía de protección para el menor que ha sufrido abusos. El proceso judicial dura de media tres años, en los que los menores tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. Además del trauma que supone para el niño, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en siete de cada 10 procesos, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.
Como ha señalado por su parte la Dra. Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), «los pediatras de Atención Primaria queremos denunciar la falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones ante el maltrato y el abuso sexual en la infancia, por lo que consideramos urgente disponer de una Ley para proteger a los menores de esta lacra».
Para que un testimonio sea válido no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe haber alguna forma de corroborar la declaración. Estas tres condiciones son complicadas de cumplir en el caso de los niños, que a veces al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel ‘que suele ser familiar o conocido’, se retractan y, sobre todo, porque es muy complicado que haya testigos del abuso. Si no hay testigos la responsabilidad de dar credibilidad al niño recae en manos de los psicólogos forenses que muchas veces no usan métodos científicos en el proceso, y a los que no se les exige una formación específica en psicología evolutiva.
Para evitar que el menor tenga que declarar varias veces e incluso años después de sufrir los abusos, su testimonio debe recogerse lo antes posible, por un profesional cualificado y en presencia del juez instructor, el abogado defensor y el fiscal y grabarse como prueba preconstituida. Aunque esta prueba está recomendada por la Fiscalía General del Estado y aceptada en la Ley del Estatuto de la Víctima de 2015, de los casos investigados por Save the Children tan solo se aceptó en un 14%.
La lucha contra los abusos sexuales está enmarcada dentro de la Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, que deberá contemplar, entre otras, las siguientes medidas:
Que se garantice la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas.
Que se incluya la formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículums formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos y se dote a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.
Que se cree una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia.
Que se dé prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores y se incluya formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso
Que se fortalezcan y amplíen los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y sean públicos y gratuitos.
Que los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad se activen cuando la víctima cumpla 50 años.
