El colectivo de opositores al cuerpo de profesores que aprobaron el último proceso selectivo en Canarias ha lamentado que la Comunidad Autónoma de Canarias sea la única del Estado donde se penaliza a quienes superan un proceso de oposición tan duro y se les relegue al final de las listas de empleo.
En un comunicado al que ha tenido acceso Diario16, este colectivo afirma que se ha reunido con el director general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a quien le han expuesto una comparativa con el resto del territorio español. Además, señalan que en otras comunidades se premia el esfuerzo y las aptitudes demostradas en los procesos selectivos menos en Canarias, en donde, «si no se buscan alternativas, se está relegando y excluyendo a quienes han obtenido muchas de las mejores notas en las últimas oposiciones”.
Los opositores sin plaza señalan que el director general de Personal se ha comprometido a buscar, junto a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, fórmulas que hagan posible que se tenga en cuenta el mérito y la capacidad demostrados por los aprobados para “integrarlos conforme a las necesidades docentes que el propio sistema educativo canario demuestra”.
El colectivo de opositores aprobados ha iniciado también una ronda de contactos con todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias ya que, aseguran en el comunicado, ha sido este órgano legislativo el que decidió, añadiéndola como disposición transitoria a la Ley de Presupuestos, la no reordenación de la lista de empleo conforme al último proceso selectivo.
El colectivo y los diferentes grupos parlamentarios con los que se han reunido ‒PP, PODEMOS, Coalición Canaria y PSOE‒ coinciden en afirmar que se trata de una medida injusta «tachada por todos los juristas que hemos consultado como inconstitucional y contraria a la legislación general respecto al acceso a la administración pública», pero que además perjudica seriamente a la calidad del sistema educativo de las islas al no considerarse el mérito y la capacidad como principales fundamentos de la valoración de los docentes.
Pero además, añaden, “se trata de una decisión política que puede y debe ser corregida también políticamente, más allá de lo que terminen dictaminando los tribunales de justicia”.
