Visita del consejero Javier Imbroda al colegio de Infantil y Primaria San Luis, en Almería, en febrero de 2020.

La comunidad educativa andaluza sigue sumando voces en contra a la progresiva implantación del veto parental tras las nuevas normativas anunciadas por la Consejería de Educación de Andalucía tras su acuerdo sotto voce con el partido ultraderechista Vox. Tras las críticas de la oposición política en el Parlamento andaluz, los directores de los colegios andaluces también han trasladado una carta al consejero Javier Imbroda, de Ciudadanos, mostrando su claro malestar por esta nueva medida, cuya implantación antes de finalizar este curso dificultará “la vida en los colegios e institutos” y supondrá “una mayor carga burocrática en los centros educativos”, según expone el presidente de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Enrique Jabares.

El departamento que dirige Javier Imbroda ha redoblado sus esfuerzos para transmitir la idea de que el veto parental no se implantará en Andalucía como ansía Vox y que sólo se trata de aumentar la participación de los padres y la transparencia en el seno de la comunidad educativa andaluza. No lo ven así los docentes andaluces, como han hecho saber las distintas centrales sindicales, ni tampoco los directores de los centros educativos. “Poner sobre la mesa normativas que no tengan el consenso mayoritario de la sociedad ni sean reclamadas de manera insistente por la misma es abrir líneas de debates y discusión que para nada benefician las relaciones en nuestros centros educativos”, subraya el presidente de Asadipre.

Los padres ya participan activamente

En la carta que los directores de los colegios andaluces han dirigido al consejero, recalcan que la normativa vigente tanto en Andalucía como a nivel nacional ya asegura la “participación activa de cualquier miembro de la comunidad educativa” en los centros educativos. Por ello, no ven necesario un cambio legal en este sentido, ya que no sólo no acarrearía mayor transparencia como asegura el ejecutivo andaluz sino que supondría “una mayor carga burocrática” y dificultaría “la vida en los colegios e institutos”.

“Las familias de nuestro alumnado forman parte activa de nuestros centros y de sus órganos colegiados, que deciden sobre todos aquellos aspectos relevantes que se dan en un colegio e instituto. El Consejo Escolar, órgano máximo de participación y representación de la comunidad educativa, ya vela por el cumplimiento de los proyectos educativos y planes de centro en los que se recogen las actividades complementarias de cada uno de los centros educativos. De igual manera los documentos que se recogen en los planes de centros, es decir, Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de Gestión son conocidos por las comunidades educativas de nuestros centros dado que son documentos públicos y que deben ser recogidos en las páginas web de los centros y nos consta que se difunden y se dan a conocer entre las familias y comunidades educativas. Además de ser revisados por nuestro servicio de inspección educativa”. De este modo desmonta punto por punto el presidente de Asadipre las presuntas intenciones de mayor implicación de los progenitores en la labor de los centros educativos.

“Antes que legislar este tipo de cuestiones habría que abordar otros muchos temas que verdaderamente sí beneficiarían la educación en Andalucía, como puede ser: aumento de recursos personales y materiales, bajada de ratios, mejora de infraestructuras educativas, reconocimiento de la función docente, etc”, señala Jabares.

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