Nuevo golpe policial a los especuladores del agua en España. En las últimas horas la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a siete personas en Valencia, Sagunto, Bétera, Torrefarrera (Lleida) y Archena (Murcia) por su presunta participación en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos por supuestas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunto para la “selección de un socio privado en la constitución de una sociedad de economía mixta, junto con el citado Ayuntamiento, para la gestión del ciclo integral del agua en este municipio”, según informan fuentes policiales.
La operación de la UDEF avala las investigaciones que en los últimos meses viene llevando a cabo Diario16 y que pone al descubierto el negocio y la especulación que se mueve alrededor de algo tan esencial como el agua que bebemos. Si el sector inmobiliario y de la construcción ha abonado grandes escándalos de corrupción en los últimos años, el sector de la gestión del agua ha generado pelotazos similares, como ahora se está demostrando.
Los agentes de la UDEF, que han bautizado el dispositivo policial como ‘operación Flotador’, han puesto el asunto en manos del Juzgado de Instrucción Número 4 de Sagunto (Valencia). Según la Policía, “en el año 2009 se constituyó la sociedad mixta Aigües de Sagunt SA, cuyos socios participativos son el Ayuntamiento de Sagunto (al 51%) y la entidad Aguas de Valencia (49%)”, que finalmente “resultó adjudicataria de la licitación”.
El agujero detectado, es decir la cantidad presuntamente malversada en este nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana, podría ascender a 24 millones de euros, que se corresponderían con la valoración económica de la concesión del agua, obrante en el expediente del concurso de selección del Ayuntamiento de Sagunto y que en definitiva debería haber sido el importe recibido por las arcas municipales. Sin embargo, el expediente para la adjudicación de la concesión del agua en esta localidad y cuya gestión corresponde a Aigües de Sagunt se materializó finalmente en un “préstamo participativo de aproximadamente 12,5 millones de euros a favor de Aguas de Valencia SA”, lo que generó “una ausencia de ingreso del importe restante hasta los 24 millones de euros antes citados”.
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado la operación policial y ha señalado que la titular del juzgado que instruye la causa ha declarado el secreto de sumario y que algunos de los detenidos, sin especificar cuántos, fueron en su día cargos públicos, aunque sus nombres de momento no han trascendido.
No es el primer caso turbio en que se ve envuelta la compañía Aguas de Valencia, la empresa de gestión de los recursos hídricos más importante de la Comunidad Valenciana y una de las más potentes del país. Desde hace años está siendo investigada por otros asuntos que nada tienen que ver con su actividad oficial, el suministro de agua, según viene publicando Diario16. Así, la Justicia investiga su presunta relación con un supuesto agujero financiero de casi 30 millones de euros detectado en el Banco de Valencia tras la compra de un paquete de acciones de la promotora Costa Bellver. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, continúa con las diligencias por este asunto.
Pero más allá de los negocios de algunas empresas del sector, la gestión de los recursos hídricos en España, sobre todo en la cuenca mediterránea y andaluza, es un auténtico desastre nacional que amenaza la calidad del agua que bebemos. No se trata ya de las sanciones que habitualmente impone a nuestro país el Tribunal Europeo de la UE por la mala depuración de las aguas residuales –con el daño a la reputación y la credibilidad de España en el exterior−, sino de que un servicio básico y fundamental para los ciudadanos debería estar protegido, blindado, al margen de los vaivenes del mercado y de la especulación de los grandes grupos empresariales. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto a España una multa de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones y 12 millones por el retraso en el tratamiento de las aguas residuales en 17 localidades, nueve de ellas núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes.
